Diay, maes, agárrense porque este arroz con mango que es el caso Barrenador acaba de sumar otro capítulo. Si ustedes andaban perdidos, les hago un resumen ejecutivo: la ANEP, con don Albino Vargas a la cabeza, está en una guerra sin cuartel contra el Gobierno por la adjudicación de 138 Ebáis, una vara que ellos huelen a privatización desde Zapote hasta La Uruca. La última movida fue que ANEP pidió una medida cautelar para frenar en seco todo el proceso. ¿El resultado? El Tribunal se las bateó. Y ahora, como era de esperarse, Albino presentó una apelación. Esto, más que un tema legal, ya parece una serie de Netflix con más giros que la platina.
Lo que de verdad está interesante aquí no es la apelación en sí, sino el motivo por el cual el juez mandó a volar la solicitud original. Y aquí, con todo respeto, parece que ANEP se jaló una torta monumental. Uno se imaginaría que para un caso de este calibre, llegarían con una montaña de papeles, estudios actuariales y pruebas técnicas que dejaran al juez sin más opción que darles la razón. Pero no. Según el fallo, la prueba estrella que presentaron fue... un chunche USB. Sí, maes, una llave maya con un montón de noticias de periódicos. El juez, básicamente, les dijo que las noticias no son pruebas técnicas para demostrar un sobreprecio y que con eso no podía hacer nada. Es el equivalente a ir a un juicio por un choque y llevar de prueba los memes que hicieron del accidente.
Ahora, aquí es donde la vara se pone más enredada y empieza el ajedrez político. Casa Presidencial, obviamente, salió a celebrar el fallo como si hubieran ganado el Mundial. El discurso de ellos es: “¿Ven? El Tribunal nos dio la razón, no hay nada irregular”. Pero eso es una verdad a medias, y las verdades a medias son las peores mentiras. El juez NUNCA dijo que el proceso de contratación estuviera limpio como una patena. Lo que dijo fue que ANEP no hizo el brete de presentar las pruebas correctas para justificar una medida tan drástica como suspender la atención en 138 Ebáis. De hecho, el juez hasta ponderó el despiche que se armaría si dejaban a miles de personas sin servicio de salud de un día para otro. La decisión fue más de pragmatismo y de un error de procedimiento de ANEP que de un respaldo a la contratación.
Y para sumarle más condimento al asunto, recordemos que esto es solo una escaramuza dentro de una guerra mucho más grande. El propio Albino Vargas lo dejó claro: “esto apenas empieza”. No podemos olvidar que, en paralelo, se están dando allanamientos y hay una investigación penal en curso para ver si de verdad hubo sobreprecios y mano peluda en esas adjudicaciones. O sea, mientras los abogados de ANEP y el Gobierno se pelean por una medida cautelar, el OIJ anda buscando la “real verdad de los hechos”. Es más, un detalle que muchos pasan por alto es que la propia Junta Directiva de la Caja ya había suspendido esos contratos hace como cinco meses. Entonces, ¿por qué tanto drama con una medida que buscaba suspender algo que ya estaba en pausa?
Al final, todo este enredo deja más preguntas que respuestas y un sabor a que nos están usando de bola en un partido de otros. Por un lado, ANEP queda golpeada por un error técnico que los hace ver poco serios en su estrategia legal. Por otro, el Gobierno aprovecha ese error para vender una victoria que no es tal, ignorando la investigación de fondo que sigue su curso. Y en el medio, como siempre, quedamos los ciudadanos, tratando de entender si la Caja se nos va al traste o si todo es un show político. Así que les pregunto a ustedes, comunidad del Foro: ¿Fue una torta garrafal de ANEP por irse mal preparados a la batalla legal, o es una estrategia para mantener el tema vivo en la opinión pública a cualquier costo? ¿O será que en este despiche, todos tienen su parte de culpa? Los leo.
Lo que de verdad está interesante aquí no es la apelación en sí, sino el motivo por el cual el juez mandó a volar la solicitud original. Y aquí, con todo respeto, parece que ANEP se jaló una torta monumental. Uno se imaginaría que para un caso de este calibre, llegarían con una montaña de papeles, estudios actuariales y pruebas técnicas que dejaran al juez sin más opción que darles la razón. Pero no. Según el fallo, la prueba estrella que presentaron fue... un chunche USB. Sí, maes, una llave maya con un montón de noticias de periódicos. El juez, básicamente, les dijo que las noticias no son pruebas técnicas para demostrar un sobreprecio y que con eso no podía hacer nada. Es el equivalente a ir a un juicio por un choque y llevar de prueba los memes que hicieron del accidente.
Ahora, aquí es donde la vara se pone más enredada y empieza el ajedrez político. Casa Presidencial, obviamente, salió a celebrar el fallo como si hubieran ganado el Mundial. El discurso de ellos es: “¿Ven? El Tribunal nos dio la razón, no hay nada irregular”. Pero eso es una verdad a medias, y las verdades a medias son las peores mentiras. El juez NUNCA dijo que el proceso de contratación estuviera limpio como una patena. Lo que dijo fue que ANEP no hizo el brete de presentar las pruebas correctas para justificar una medida tan drástica como suspender la atención en 138 Ebáis. De hecho, el juez hasta ponderó el despiche que se armaría si dejaban a miles de personas sin servicio de salud de un día para otro. La decisión fue más de pragmatismo y de un error de procedimiento de ANEP que de un respaldo a la contratación.
Y para sumarle más condimento al asunto, recordemos que esto es solo una escaramuza dentro de una guerra mucho más grande. El propio Albino Vargas lo dejó claro: “esto apenas empieza”. No podemos olvidar que, en paralelo, se están dando allanamientos y hay una investigación penal en curso para ver si de verdad hubo sobreprecios y mano peluda en esas adjudicaciones. O sea, mientras los abogados de ANEP y el Gobierno se pelean por una medida cautelar, el OIJ anda buscando la “real verdad de los hechos”. Es más, un detalle que muchos pasan por alto es que la propia Junta Directiva de la Caja ya había suspendido esos contratos hace como cinco meses. Entonces, ¿por qué tanto drama con una medida que buscaba suspender algo que ya estaba en pausa?
Al final, todo este enredo deja más preguntas que respuestas y un sabor a que nos están usando de bola en un partido de otros. Por un lado, ANEP queda golpeada por un error técnico que los hace ver poco serios en su estrategia legal. Por otro, el Gobierno aprovecha ese error para vender una victoria que no es tal, ignorando la investigación de fondo que sigue su curso. Y en el medio, como siempre, quedamos los ciudadanos, tratando de entender si la Caja se nos va al traste o si todo es un show político. Así que les pregunto a ustedes, comunidad del Foro: ¿Fue una torta garrafal de ANEP por irse mal preparados a la batalla legal, o es una estrategia para mantener el tema vivo en la opinión pública a cualquier costo? ¿O será que en este despiche, todos tienen su parte de culpa? Los leo.
