¡Ay, mi gente! Aquí seguimos viendo cómo anda el tinglado político en Costa Rica, y vaya movida que se armó. Resulta que Don Rodrigo, el Presidente, decidió convocar a sesión extraordinaria un proyecto del Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias (ROP), pero ojo, ¡no a cualquiera! Lo convocó al diputado independiente Gilbert Jiménez, quien se fajó a darle palo al gobierno en el tema del desafuero en el caso BCIE-Cariñitos. ¿Será que esto es venganza o estrategia?
Pa' ponerlos al día, el proyecto 24.955 busca proteger el derecho de los trabajadores a retirar el cien por ciento de sus fondos del ROP cuando se jubilen, tanto en la CCSS como en el sistema privado. Suena lindo, ¿verdad? Pero hay mucho detrás de esta jugada. Se habla de democratizar y asegurar esos dineros que trabajamos duro pa’ guardarlos. Vamos, que queremos poder tocar nuestros ahorros cuando nos toque parar.
Lo curioso es que parece que Don Rodrigo ha hecho una especie de ‘lista negra’. En las últimas convocatorias de sesiones extraordinarias, solamente le ha estado dando bola a diputados que se opusieron a levantarle la inmunidad en el caso BCIE. ¡Imagínate! Como si estuviera premiando a los que le dieron la espalda. Lejos quedaba la posibilidad de que se tomara en serio la propuesta de Ada Acuña, que precisamente era de los suyos. Esto me huele a caldo rancio, diay.
Nueva República, el partido de Fabricio Alvarado, ha sido el gran favorecido con esta estrategia. Llevan consigo once proyectos de ley convocados por el gobierno, justo antes de anunciar que iban a votar en contra de levantarle el fuero al Presidente. ¡Una jugada maestra! Parece que hubo acuerdos debajo de la mesa, y ahora nos toca aguantarnos las consecuencias. Fabricio y compañía, tratando de congraciarse con el gobierno a cambio de favores legislativos. Qué cara dura.
Pero la cosa no termina ahí. Incluso algunos diputados del PUSC, que inicialmente habían dicho que apoyarían el desafuero, también han sido agraciados con la convocatoria de proyectos. Y ni hablar de los independientes, como el mismo Gilbert Jiménez, que se fueron en contra del gobierno en ese momento y ahora reciben atención especial. ¿Será que todos están buscando beneficiarse de esta situación? Me da pena decirlo, pero parece que esto es una verdadera transacción.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojarasca. Algunos legisladores, como Daniela Rojas del PUSC, critican duramente esta estrategia del Presidente, argumentando que él ignora sistemáticamente a aquellos que votaron a favor de removerle el fuero. Sienten que están siendo castigados por expresar su opinión y defender la legalidad. Y no les puedo culpar, porque la cosa se está poniendo fea.
Ahora bien, queda claro que el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa hasta finales de enero de 2026. Eso significa que puede seguir favoreciendo a sus aliados y postergando temas que no le interesan. Parece que vamos a tener varios meses de este juego político, donde el diálogo cede espacio a la confrontación y los intereses personales pesan más que el bienestar común. ¡Menuda bronca!
Después de analizar toda esta maraña de convenios y desacuerdos, surge la pregunta inevitable: ¿Estamos presenciando una estrategia legítima del Presidente para impulsar sus prioridades legislativas, o simplemente estamos ante un despliegue de clientelismo político que socava la confianza en nuestras instituciones? ¿Ustedes qué piensan, compañeros foreros? Compartan sus opiniones y veamos si llegamos a alguna conclusión. ¡No sean tímidos!
Pa' ponerlos al día, el proyecto 24.955 busca proteger el derecho de los trabajadores a retirar el cien por ciento de sus fondos del ROP cuando se jubilen, tanto en la CCSS como en el sistema privado. Suena lindo, ¿verdad? Pero hay mucho detrás de esta jugada. Se habla de democratizar y asegurar esos dineros que trabajamos duro pa’ guardarlos. Vamos, que queremos poder tocar nuestros ahorros cuando nos toque parar.
Lo curioso es que parece que Don Rodrigo ha hecho una especie de ‘lista negra’. En las últimas convocatorias de sesiones extraordinarias, solamente le ha estado dando bola a diputados que se opusieron a levantarle la inmunidad en el caso BCIE. ¡Imagínate! Como si estuviera premiando a los que le dieron la espalda. Lejos quedaba la posibilidad de que se tomara en serio la propuesta de Ada Acuña, que precisamente era de los suyos. Esto me huele a caldo rancio, diay.
Nueva República, el partido de Fabricio Alvarado, ha sido el gran favorecido con esta estrategia. Llevan consigo once proyectos de ley convocados por el gobierno, justo antes de anunciar que iban a votar en contra de levantarle el fuero al Presidente. ¡Una jugada maestra! Parece que hubo acuerdos debajo de la mesa, y ahora nos toca aguantarnos las consecuencias. Fabricio y compañía, tratando de congraciarse con el gobierno a cambio de favores legislativos. Qué cara dura.
Pero la cosa no termina ahí. Incluso algunos diputados del PUSC, que inicialmente habían dicho que apoyarían el desafuero, también han sido agraciados con la convocatoria de proyectos. Y ni hablar de los independientes, como el mismo Gilbert Jiménez, que se fueron en contra del gobierno en ese momento y ahora reciben atención especial. ¿Será que todos están buscando beneficiarse de esta situación? Me da pena decirlo, pero parece que esto es una verdadera transacción.
Sin embargo, no todo es miel sobre hojarasca. Algunos legisladores, como Daniela Rojas del PUSC, critican duramente esta estrategia del Presidente, argumentando que él ignora sistemáticamente a aquellos que votaron a favor de removerle el fuero. Sienten que están siendo castigados por expresar su opinión y defender la legalidad. Y no les puedo culpar, porque la cosa se está poniendo fea.
Ahora bien, queda claro que el Ejecutivo tiene el control de la agenda legislativa hasta finales de enero de 2026. Eso significa que puede seguir favoreciendo a sus aliados y postergando temas que no le interesan. Parece que vamos a tener varios meses de este juego político, donde el diálogo cede espacio a la confrontación y los intereses personales pesan más que el bienestar común. ¡Menuda bronca!
Después de analizar toda esta maraña de convenios y desacuerdos, surge la pregunta inevitable: ¿Estamos presenciando una estrategia legítima del Presidente para impulsar sus prioridades legislativas, o simplemente estamos ante un despliegue de clientelismo político que socava la confianza en nuestras instituciones? ¿Ustedes qué piensan, compañeros foreros? Compartan sus opiniones y veamos si llegamos a alguna conclusión. ¡No sean tímidos!
