¡Ay, Dios mío! Esta vainera del comedor escolar en Barranca de Puntarenas nos tiene a todos sacudidos. Resulta que, debido a fallas en la fiscalización del Ministerio de Educación Pública (MEP), casi dejan sin comida a 399 niños. ¡Imagínate la bronca que le metieron a esas familias!
La Sala Constitucional, bien avispada, declaró con razón que se violaron los derechos a la alimentación y la educación de estos pequeños. Todo porque el centro educativo perdió el acceso a la plataforma del Consejo Nacional de Producción (CNP). Un bloqueo de unas horitas, dicen ellos, ¡pero suficiente para poner en peligro el almuerzo de tantos!
Y ahí viene la jugada: la Junta de Educación había solicitado desde noviembre del año pasado que le aclararan unos cobros pendientes, algunas facturas viejas, viejísimas diría yo. Pero el CNP ni pum, ni paf, nada. Parece que a algunos les encanta andar haciendo las cosas difícil, ¿verdad?
Lo que me da más qué fastidio es que el CNP justifica la suspensión alegando una deuda acumulada de ¡más de ¢78 millones! ¡Un dineral! Y encima, ponen como excusa que no estaban registrados en el sistema ORACLE. ¡Pero a dónde han llegado! Parece novela china.
Después de que el caso llegó a la Sala, el CNP reactivó el acceso, asegurando que ya no hay problemas. Pero la verdad es que el verdadero problema no es la deuda, sino la ausencia total de supervisión por parte del MEP. Ellos saben que esos fondos son para alimentar a los nenes, ¡y no hacen nada!
El MEP mismo reconoce que la alimentación estudiantil es un servicio esencial y que coordinó con el CNP para solucionar el problema. Pero parece que nunca fueron invitados formalmente a la reunión de conciliación. ¡Claro, pa' qué molestarse si al final va a ser el pueblo quien sufra las consecuencias!
La Sala, bien clara, dice que ningún error administrativo, ni falta de coordinación, puede poner en riesgo la comida de los estudiantes. Y tiene toda la razón del mundo. Este fallo también le echa una cucharona de limón al MEP y a la Junta de Educación, diciéndoles que pongan orden en sus asuntos y se aseguren de que esto no vuelva a pasar. ¡Ya van varias veces que salen con estas!
Ahora bien, señores y señoras del Foro, la gran pregunta es esta: ¿Cómo podemos exigir cuentas al gobierno para que realmente proteja a nuestros niños y garantice su derecho a una alimentación digna? ¿Será posible implementar mecanismos de control más eficientes y transparentes o seguimos siendo cómplices de esta negligencia?
La Sala Constitucional, bien avispada, declaró con razón que se violaron los derechos a la alimentación y la educación de estos pequeños. Todo porque el centro educativo perdió el acceso a la plataforma del Consejo Nacional de Producción (CNP). Un bloqueo de unas horitas, dicen ellos, ¡pero suficiente para poner en peligro el almuerzo de tantos!
Y ahí viene la jugada: la Junta de Educación había solicitado desde noviembre del año pasado que le aclararan unos cobros pendientes, algunas facturas viejas, viejísimas diría yo. Pero el CNP ni pum, ni paf, nada. Parece que a algunos les encanta andar haciendo las cosas difícil, ¿verdad?
Lo que me da más qué fastidio es que el CNP justifica la suspensión alegando una deuda acumulada de ¡más de ¢78 millones! ¡Un dineral! Y encima, ponen como excusa que no estaban registrados en el sistema ORACLE. ¡Pero a dónde han llegado! Parece novela china.
Después de que el caso llegó a la Sala, el CNP reactivó el acceso, asegurando que ya no hay problemas. Pero la verdad es que el verdadero problema no es la deuda, sino la ausencia total de supervisión por parte del MEP. Ellos saben que esos fondos son para alimentar a los nenes, ¡y no hacen nada!
El MEP mismo reconoce que la alimentación estudiantil es un servicio esencial y que coordinó con el CNP para solucionar el problema. Pero parece que nunca fueron invitados formalmente a la reunión de conciliación. ¡Claro, pa' qué molestarse si al final va a ser el pueblo quien sufra las consecuencias!
La Sala, bien clara, dice que ningún error administrativo, ni falta de coordinación, puede poner en riesgo la comida de los estudiantes. Y tiene toda la razón del mundo. Este fallo también le echa una cucharona de limón al MEP y a la Junta de Educación, diciéndoles que pongan orden en sus asuntos y se aseguren de que esto no vuelva a pasar. ¡Ya van varias veces que salen con estas!
Ahora bien, señores y señoras del Foro, la gran pregunta es esta: ¿Cómo podemos exigir cuentas al gobierno para que realmente proteja a nuestros niños y garantice su derecho a una alimentación digna? ¿Será posible implementar mecanismos de control más eficientes y transparentes o seguimos siendo cómplices de esta negligencia?
