¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con los proyectos que prometen traerle dinamismo al país, pero siempre hay un traspié. Esta vez, la Contraloría General le echó un ojo al proyecto de ley que busca atraer a esos famosos nómadas digitales, y resulta que hay unas cositas que no cuadran, mae.
Para refrescarles la memoria, la idea es reformar la ley que ya existe para esto (la 10.008), buscando facilitarles la vida a los extranjeros que trabajan desde acá y quieren aportar su granito de arena a la economía. Según dicen, quieren impulsar el turismo rural comunitario y darle más fuerza al tema de los nómadas. Suena lindo en teoría, ¿verdad?
Pero parece que los muchachos de la Contraloría, con toda la razón del mundo, vieron algunas vueltas en el asunto. El expediente 25.031, presentado por Ariel Robles Barrantes, anda en la Comisión de Turismo de la Asamblea, y el problema es que algunos artículos quedaron un poco... turbios, digamos. No quedó claro quién aplica qué reglas, y eso puede causar un buen lío legal, chunches.
Según el informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, el artículo 11 bis plantea que a los nómadas y sus familias les valgan las leyes migratorias normales, salvo algunas excepciones. ¡Eso suena a chisme de novela! La Contraloría dice que podrían meterse en problemas con la Ley 8220, que protege a los ciudadanos de los trámites burocráticos excesivos. ¡Imagínate la bronca!
Otro punto donde la Contraloría puso el dedo es el artículo 16 bis, que habla del impuesto sobre las utilidades. Parece que quieren eximir de impuestos a los nómadas, pero no queda claro cómo calcularlo. Los señores de la Contraloría recomiendan ponerle un monto fijo al régimen, para que no haya tanto margen para interpretaciones y para evitar que a nadie se le vaya el avión.
Además, no descartan analizar si la exoneración de impuestos que ya tenemos realmente está funcionando. ¿Estamos ganando más de lo que perdemos con esto? Es una pregunta válida, porque al final, alguien tiene que pagar la cuenta, diay. Se necesita una evaluación seria para ver si vale la pena seguir regalándole beneficios fiscales a gente que ya trae buen dinero, ¿no creen?
En resumen, la Contraloría no quiere tirar abajo el proyecto, sino asegurarse de que esté bien hecho, que respete la ley y que no nos cause dolores de cabeza futuros. Han dado unas recomendaciones claras y concisas, esperando que los diputados las tomen en serio. Porque, a ver, nosotros queremos progreso, pero no a costa de meternos en un brete legal que nos cueste caro luego.
Y ahora, la pregunta crucial: ¿cree usted que el gobierno debería priorizar la atracción de nómadas digitales, incluso si eso implica renunciar a cierta recaudación tributaria y simplificar procesos legales? ¿O deberíamos enfocarnos en fortalecer nuestra propia economía y apoyar a nuestros emprendedores nacionales primero? ¡Vamos a debatirlo en el foro!
Para refrescarles la memoria, la idea es reformar la ley que ya existe para esto (la 10.008), buscando facilitarles la vida a los extranjeros que trabajan desde acá y quieren aportar su granito de arena a la economía. Según dicen, quieren impulsar el turismo rural comunitario y darle más fuerza al tema de los nómadas. Suena lindo en teoría, ¿verdad?
Pero parece que los muchachos de la Contraloría, con toda la razón del mundo, vieron algunas vueltas en el asunto. El expediente 25.031, presentado por Ariel Robles Barrantes, anda en la Comisión de Turismo de la Asamblea, y el problema es que algunos artículos quedaron un poco... turbios, digamos. No quedó claro quién aplica qué reglas, y eso puede causar un buen lío legal, chunches.
Según el informe de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, el artículo 11 bis plantea que a los nómadas y sus familias les valgan las leyes migratorias normales, salvo algunas excepciones. ¡Eso suena a chisme de novela! La Contraloría dice que podrían meterse en problemas con la Ley 8220, que protege a los ciudadanos de los trámites burocráticos excesivos. ¡Imagínate la bronca!
Otro punto donde la Contraloría puso el dedo es el artículo 16 bis, que habla del impuesto sobre las utilidades. Parece que quieren eximir de impuestos a los nómadas, pero no queda claro cómo calcularlo. Los señores de la Contraloría recomiendan ponerle un monto fijo al régimen, para que no haya tanto margen para interpretaciones y para evitar que a nadie se le vaya el avión.
Además, no descartan analizar si la exoneración de impuestos que ya tenemos realmente está funcionando. ¿Estamos ganando más de lo que perdemos con esto? Es una pregunta válida, porque al final, alguien tiene que pagar la cuenta, diay. Se necesita una evaluación seria para ver si vale la pena seguir regalándole beneficios fiscales a gente que ya trae buen dinero, ¿no creen?
En resumen, la Contraloría no quiere tirar abajo el proyecto, sino asegurarse de que esté bien hecho, que respete la ley y que no nos cause dolores de cabeza futuros. Han dado unas recomendaciones claras y concisas, esperando que los diputados las tomen en serio. Porque, a ver, nosotros queremos progreso, pero no a costa de meternos en un brete legal que nos cueste caro luego.
Y ahora, la pregunta crucial: ¿cree usted que el gobierno debería priorizar la atracción de nómadas digitales, incluso si eso implica renunciar a cierta recaudación tributaria y simplificar procesos legales? ¿O deberíamos enfocarnos en fortalecer nuestra propia economía y apoyar a nuestros emprendedores nacionales primero? ¡Vamos a debatirlo en el foro!
