Mae, vieran el despiche que se armó con el Caso Barrenador, que ya de por sí era una novela. Cuando uno cree que ya lo vio todo, sale una nueva jugada que lo deja a uno con la boca abierta. Resulta que, en plena jupa del OIJ y la Fiscalía, mientras hacían los allanamientos, alguien dentro de la Caja se puso a jugar al mago y ¡pum!, desapareció más de 300 archivos de uno de los correos investigados. No estamos hablando de que borraron memes o cadenas de oración; eran pruebas potenciales en uno de los escándalos de corrupción más sonados del último tiempo. La vara es tan, pero tan descarada, que la Fiscalía ya no se anda por las ramas y está manejando una hipótesis que a todos se nos cruza por la mente: que la orden de apretar “Delete” vino de bien arriba.
Aquí es donde la trama se pone buena, casi de película de espías, pero versión tica y con olor a gallo pinto. Imagínense la escena: los agentes del OIJ están en pleno brete, descargando información, y de repente un perito de Cibercrimen nota que una de las cuentas está dando errores raros, como cuando el internet se pone necio. Se ponen a revisar la bitácora, ese chunche que registra todo lo que pasa, y se dan cuenta de la torta: faltan 300 correos y hasta archivos de OneDrive. Lo más increíble, y aquí es donde uno dice "¡no puede ser!", es que para jalarse esta gracia tuvieron que reactivar la cuenta del funcionario investigado, pasando por encima de una orden judicial que la había bloqueado. O sea, fue una operación con toda la intención del mundo de entorpecer la justicia.
El fiscal a cargo, Miguel Ramírez, básicamente dijo lo que todos estamos pensando en voz alta. Le preguntaron si creía que un jerarca pudo haber dado la directriz y el mae fue clarísimo: “Sí, claro que sí”. Explicó que en una estructura como la Caja, con gerencias, juntas directivas y todo un sistema de jerarquías, es una posibilidad muy real. No es como que a un informático se le ocurrió por pura iniciativa propia arriesgar su brete y su libertad para hacerle un favor a un compa. Diay, esto huele a que alguien con mucho poder y mucho que perder movió los hilos. Ahora, los principales investigados por este nuevo chanchullo son un asesor de apellido Herrera y dos funcionarios de Tecnologías de Información, a quienes ya les allanaron la casa y les decomisaron todos los chunches electrónicos para ver qué encuentran.
Y claro, no podemos olvidar el elefante en la habitación: ¿por qué tanto alboroto por borrar unos correos? Porque el Caso Barrenador es un monstruo que salpica hasta la cúpula, incluyendo a la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel, ahora convenientemente candidata a diputada. La acusación principal es que se habrían montado en la junta directiva para forzar la adjudicación de contratos de los Ebáis a ciertas cooperativas, con un supuesto sobreprecio que nos habría costado a todos los ticos ₡12.400 millones al año. Con esa cantidad de plata en juego, y con nombres tan pesados involucrados, no es de extrañar que alguien se pusiera nervioso y decidiera que era mejor quemar las pruebas antes de que el OIJ les echara el guante.
Para ponerle la cereza a este pastel de corrupción, el rastreo interno de la dirección IP (la "cédula" de la computadora, para que nos entendamos) apunta a que el borrado masivo de correos se ejecutó desde una terminal ubicada, nada más y nada menos, que en el Hospital Max Peralta, en Cartago. Esto refuerza hasta más no poder la teoría de que fue un trabajo interno, coordinado y ejecutado por gente que conoce las entrañas del sistema de la CCSS. No fue un hacker ruso, fue alguien de la casa. La pregunta del millón que queda en el aire es: ¿Ustedes creen que un asesor o un par de técnicos se mandan solos a hacer algo tan grave, o esto tiene la firma de un "pez gordo" por todo lado? ¿Hasta dónde llegará este hilo?
Aquí es donde la trama se pone buena, casi de película de espías, pero versión tica y con olor a gallo pinto. Imagínense la escena: los agentes del OIJ están en pleno brete, descargando información, y de repente un perito de Cibercrimen nota que una de las cuentas está dando errores raros, como cuando el internet se pone necio. Se ponen a revisar la bitácora, ese chunche que registra todo lo que pasa, y se dan cuenta de la torta: faltan 300 correos y hasta archivos de OneDrive. Lo más increíble, y aquí es donde uno dice "¡no puede ser!", es que para jalarse esta gracia tuvieron que reactivar la cuenta del funcionario investigado, pasando por encima de una orden judicial que la había bloqueado. O sea, fue una operación con toda la intención del mundo de entorpecer la justicia.
El fiscal a cargo, Miguel Ramírez, básicamente dijo lo que todos estamos pensando en voz alta. Le preguntaron si creía que un jerarca pudo haber dado la directriz y el mae fue clarísimo: “Sí, claro que sí”. Explicó que en una estructura como la Caja, con gerencias, juntas directivas y todo un sistema de jerarquías, es una posibilidad muy real. No es como que a un informático se le ocurrió por pura iniciativa propia arriesgar su brete y su libertad para hacerle un favor a un compa. Diay, esto huele a que alguien con mucho poder y mucho que perder movió los hilos. Ahora, los principales investigados por este nuevo chanchullo son un asesor de apellido Herrera y dos funcionarios de Tecnologías de Información, a quienes ya les allanaron la casa y les decomisaron todos los chunches electrónicos para ver qué encuentran.
Y claro, no podemos olvidar el elefante en la habitación: ¿por qué tanto alboroto por borrar unos correos? Porque el Caso Barrenador es un monstruo que salpica hasta la cúpula, incluyendo a la expresidenta ejecutiva Marta Esquivel, ahora convenientemente candidata a diputada. La acusación principal es que se habrían montado en la junta directiva para forzar la adjudicación de contratos de los Ebáis a ciertas cooperativas, con un supuesto sobreprecio que nos habría costado a todos los ticos ₡12.400 millones al año. Con esa cantidad de plata en juego, y con nombres tan pesados involucrados, no es de extrañar que alguien se pusiera nervioso y decidiera que era mejor quemar las pruebas antes de que el OIJ les echara el guante.
Para ponerle la cereza a este pastel de corrupción, el rastreo interno de la dirección IP (la "cédula" de la computadora, para que nos entendamos) apunta a que el borrado masivo de correos se ejecutó desde una terminal ubicada, nada más y nada menos, que en el Hospital Max Peralta, en Cartago. Esto refuerza hasta más no poder la teoría de que fue un trabajo interno, coordinado y ejecutado por gente que conoce las entrañas del sistema de la CCSS. No fue un hacker ruso, fue alguien de la casa. La pregunta del millón que queda en el aire es: ¿Ustedes creen que un asesor o un par de técnicos se mandan solos a hacer algo tan grave, o esto tiene la firma de un "pez gordo" por todo lado? ¿Hasta dónde llegará este hilo?
