Diay, maes, ¿saben qué es lo que más agüeva de vivir aquí a veces? No es el tráfico ni el costo de la vida. Es esa sensación de que las grandes obras y el “progreso” avanzan como una aplanadora, y si uno tiene la mala suerte de estar en el camino, ¡diay!, sálvese quien pueda. Justo esa es la vara que están viviendo unas 20 familias en Taras de Cartago. Están viendo cómo el mega proyecto del intercambio vial, ese que nos prometieron como la solución a todas las presas de la zona, se está convirtiendo, irónicamente, en la fuente de su próxima posible inundación. ¡Qué torta!
Imagínense el cuadro. Usted tiene su choza al lado de un río. No es lo ideal, pero es lo que hay. De pronto, arranca una construcción masiva a cargo del MOPT y, de un momento a otro, el cauce del río empieza a llenarse de escombro y quién sabe qué tanto chunche más. Como relata Marlon Sánchez, uno de los vecinos que está con el Jesús en la boca, el problema no es nuevo, pero jamás había sido tan grave como desde que arrancó el brete del famoso intercambio. Es física pura y simple: si usted le pone un tapón a una cañería, el agua va a buscar por dónde salir. En este caso, la salida de emergencia del río apunta directamente a las salas y los cuartos de estas familias.
Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y se convierte en el clásico despiche institucional que tanto nos gusta en este país. Los vecinos, ya hartos y con toda la razón del mundo, se organizaron y lograron una reunión con la Unidad Ejecutora del proyecto. ¿La respuesta que recibieron? Una obra de arte de la burocracia. Les dijeron, palabras más, palabras menos, que ese despiche no era de ellos, que los trabajos para limpiar el río y evitar que todo se vaya por un tubo le corresponden a la Municipalidad de Cartago. O sea, el MOPT, que está a cargo de la obra que supuestamente agrava el problema, se lava las manos con una agilidad olímpica y le tira la bola caliente a la Muni. Un pase de responsabilidad de antología.
Pero esta vara de Taras no es un caso aislado, ¿verdad? Es el síntoma de una enfermedad crónica en la planificación nacional. Se diseñan proyectos millonarios desde un escritorio en San José, se mueven millones en contratos, pero parece que a nadie se le ocurre bajar al barrio y ver cómo esos planos van a afectar a la gente de carne y hueso. Los vecinos se convierten en “daño colateral” del desarrollo. Uno paga impuestos, ve las grúas y los cascos amarillos, y piensa ‘¡por fin!’, pero al final del día, si tu casa se inunda porque a alguien se le olvidó pensar en el bendito río, diay, todo ese ‘progreso’ se fue al traste. Para estas 20 familias, el intercambio vial no es un alivio, es una amenaza directa.
Al final, los que quedan en el medio, como siempre, son los ciudadanos. Totalmente salados. Mientras el MOPT y la Muni juegan ping-pong con la responsabilidad, estas 20 familias están viendo al cielo cada vez que se nubla, calculando cuántos aguaceros más aguantará el río antes de que todo se lo lleve la corriente. Es una historia de impotencia que hemos oído demasiadas veces. Así que les pregunto, foreros: ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que las instituciones se tiren la bola así? ¿Quién debería realmente hacerse cargo de este despiche antes de que una “simple” inundación se convierta en una tragedia? Los leo.
Imagínense el cuadro. Usted tiene su choza al lado de un río. No es lo ideal, pero es lo que hay. De pronto, arranca una construcción masiva a cargo del MOPT y, de un momento a otro, el cauce del río empieza a llenarse de escombro y quién sabe qué tanto chunche más. Como relata Marlon Sánchez, uno de los vecinos que está con el Jesús en la boca, el problema no es nuevo, pero jamás había sido tan grave como desde que arrancó el brete del famoso intercambio. Es física pura y simple: si usted le pone un tapón a una cañería, el agua va a buscar por dónde salir. En este caso, la salida de emergencia del río apunta directamente a las salas y los cuartos de estas familias.
Y aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y se convierte en el clásico despiche institucional que tanto nos gusta en este país. Los vecinos, ya hartos y con toda la razón del mundo, se organizaron y lograron una reunión con la Unidad Ejecutora del proyecto. ¿La respuesta que recibieron? Una obra de arte de la burocracia. Les dijeron, palabras más, palabras menos, que ese despiche no era de ellos, que los trabajos para limpiar el río y evitar que todo se vaya por un tubo le corresponden a la Municipalidad de Cartago. O sea, el MOPT, que está a cargo de la obra que supuestamente agrava el problema, se lava las manos con una agilidad olímpica y le tira la bola caliente a la Muni. Un pase de responsabilidad de antología.
Pero esta vara de Taras no es un caso aislado, ¿verdad? Es el síntoma de una enfermedad crónica en la planificación nacional. Se diseñan proyectos millonarios desde un escritorio en San José, se mueven millones en contratos, pero parece que a nadie se le ocurre bajar al barrio y ver cómo esos planos van a afectar a la gente de carne y hueso. Los vecinos se convierten en “daño colateral” del desarrollo. Uno paga impuestos, ve las grúas y los cascos amarillos, y piensa ‘¡por fin!’, pero al final del día, si tu casa se inunda porque a alguien se le olvidó pensar en el bendito río, diay, todo ese ‘progreso’ se fue al traste. Para estas 20 familias, el intercambio vial no es un alivio, es una amenaza directa.
Al final, los que quedan en el medio, como siempre, son los ciudadanos. Totalmente salados. Mientras el MOPT y la Muni juegan ping-pong con la responsabilidad, estas 20 familias están viendo al cielo cada vez que se nubla, calculando cuántos aguaceros más aguantará el río antes de que todo se lo lleve la corriente. Es una historia de impotencia que hemos oído demasiadas veces. Así que les pregunto, foreros: ¿Hasta cuándo vamos a normalizar que las instituciones se tiren la bola así? ¿Quién debería realmente hacerse cargo de este despiche antes de que una “simple” inundación se convierta en una tragedia? Los leo.
