¡Ay, Dios mío! Aquí vamos de nuevo con los mismos cantazos… resulta que Félix Pecou Johnson, exjefe de Proveeduría de Japdeva, ha sido condenado a ocho años de prisión por un fraude que dejó al Estado con la boca abierta. Esto, mis panas, confirma que la corrupción sigue siendo una planta invasora en nuestro país, y que hasta los que deberían estar cuidando la plata, terminan metiendo sus manos donde no les toca.
La jugada, que data de lejísimos tiempos – ¡ya estamos hablando del 2005! – tenía que ver con la nacionalización de unas barcas. Según el Ministerio Público, Johnson y un empresario llamado Javier Fonseca Castañeda armaron un buen tinglado para embolsar unos colones que no les pertenecían. Todo empezó con una licitación donde, aparentemente, algo salió torcido desde el principio, y ahí fue donde empezaron a jalársela.
Lo que pasó después es digno de novela: invitaron a cinco empresas a hacer el trámite, pero al final, la adjudicación fue para Fonseca. Lo curioso es que este señor no estaba precisamente calificado para ser agente aduanero, ¡ni siquiera su oferta era la más conveniente! Pero bueno, parece que alguien en Japdeva no estaba poniendo mucho empeño en revisar bien el papeleo, o quizás, estaban todos en la misma onda…
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) descubrió que estos dos personajes, junto con un tercero que ya no nos acompaña, insertaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA). Con esas artimañas lograron quedarse con casi ₡89 millones, ¡una suma considerable! Pero eso no es todo, porque inicialmente se habían aprobado ₡168.7 millones provenientes de fondos públicos, destinándolos supuestamente para pagar impuestos.
Y claro, con toda esta maraña de documentos falsos, el beneficio que obtuvieron entre los dos superó los ₡76 millones. Imagínense la pura gallada que pudieron haberse gastado con esa lana… ¡Un brete!, pero encima, nadie justificó ni devolvió esos dineros a Japdeva. Esto demuestra que algunos, al parecer, se creen dueños de la plata del pueblo.
El perjuicio total para el Estado, según las autoridades, asciende a unos ₡115 millones. Una cifra que nos hace reflexionar sobre la importancia de tener controles más estrictos en la administración de recursos públicos, especialmente en lugares como Japdeva, que son clave para el desarrollo de la región Atlántica. Este caso debería servir como un wake up call para todas las instituciones públicas; ya basta de que la corrupción se lleve nuestros billetes.
Ahora, este fallo judicial representa un golpe duro para la corrupción y sienta un precedente importante. Demuestra que, aunque hayan pasado años, los delitos contra la Hacienda Pública no quedan impunes. Aunque tardemos en verlo, la justicia puede llegar, y esos que se creen intocables, pueden terminar tras las rejas, como le ocurrió a Johnson y Fonseca. Esperemos que esto sirva de ejemplo para que otros se piensen bien antes de meter sus manos en la bolsa del Estado.
Con este panorama, queda claro que necesitamos urgentemente mejorar la fiscalización y la transparencia en la gestión de recursos públicos. Pero dime tú, ¿crees que con esta condena realmente se van a limpiar las filas en Japdeva y otras instituciones similares, o es solo un parche temporal? ¿Qué medidas concretas deberíamos implementar para evitar que casos como este se repitan?
La jugada, que data de lejísimos tiempos – ¡ya estamos hablando del 2005! – tenía que ver con la nacionalización de unas barcas. Según el Ministerio Público, Johnson y un empresario llamado Javier Fonseca Castañeda armaron un buen tinglado para embolsar unos colones que no les pertenecían. Todo empezó con una licitación donde, aparentemente, algo salió torcido desde el principio, y ahí fue donde empezaron a jalársela.
Lo que pasó después es digno de novela: invitaron a cinco empresas a hacer el trámite, pero al final, la adjudicación fue para Fonseca. Lo curioso es que este señor no estaba precisamente calificado para ser agente aduanero, ¡ni siquiera su oferta era la más conveniente! Pero bueno, parece que alguien en Japdeva no estaba poniendo mucho empeño en revisar bien el papeleo, o quizás, estaban todos en la misma onda…
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA) descubrió que estos dos personajes, junto con un tercero que ya no nos acompaña, insertaron información falsa en las Declaraciones Únicas Aduaneras (DUA). Con esas artimañas lograron quedarse con casi ₡89 millones, ¡una suma considerable! Pero eso no es todo, porque inicialmente se habían aprobado ₡168.7 millones provenientes de fondos públicos, destinándolos supuestamente para pagar impuestos.
Y claro, con toda esta maraña de documentos falsos, el beneficio que obtuvieron entre los dos superó los ₡76 millones. Imagínense la pura gallada que pudieron haberse gastado con esa lana… ¡Un brete!, pero encima, nadie justificó ni devolvió esos dineros a Japdeva. Esto demuestra que algunos, al parecer, se creen dueños de la plata del pueblo.
El perjuicio total para el Estado, según las autoridades, asciende a unos ₡115 millones. Una cifra que nos hace reflexionar sobre la importancia de tener controles más estrictos en la administración de recursos públicos, especialmente en lugares como Japdeva, que son clave para el desarrollo de la región Atlántica. Este caso debería servir como un wake up call para todas las instituciones públicas; ya basta de que la corrupción se lleve nuestros billetes.
Ahora, este fallo judicial representa un golpe duro para la corrupción y sienta un precedente importante. Demuestra que, aunque hayan pasado años, los delitos contra la Hacienda Pública no quedan impunes. Aunque tardemos en verlo, la justicia puede llegar, y esos que se creen intocables, pueden terminar tras las rejas, como le ocurrió a Johnson y Fonseca. Esperemos que esto sirva de ejemplo para que otros se piensen bien antes de meter sus manos en la bolsa del Estado.
Con este panorama, queda claro que necesitamos urgentemente mejorar la fiscalización y la transparencia en la gestión de recursos públicos. Pero dime tú, ¿crees que con esta condena realmente se van a limpiar las filas en Japdeva y otras instituciones similares, o es solo un parche temporal? ¿Qué medidas concretas deberíamos implementar para evitar que casos como este se repitan?
