¡Ay, Dios mío! Aquí seguimos con el circo del caso Barrenador. Resulta que los exdirectivos de la Caja, esos mismos que andaban firmando contratos a diestra y siniestra, ahora dicen que no van a responder preguntas de los diputados. ¿Se imaginan? Después de toda la bronca que nos han dado, se lavan las manos como si nada.
Para refrescarles la memoria a algunos, estamos hablando de Jorge Porras, Jorge Luis Araya y Roberto Quirós, figuras clave en la gestión de la CCSS durante aquellos tiempos turbios. Ahora, con la Comisión Legislativa pisándoles los talones buscando aclarar las cosas, estos señores deciden poner excusas técnicas. Dicen que están en investigación, ¡como si eso les diera carta blanca para andar de picardía!
Y ni hablar de María Isabel Camareno, la aspirante a diputada por Puntarenas que ni siquiera se molestó en presentarse a la reunión. ¡Qué falta de respeto a la gente que la quiere elegir! Andrea Álvarez, la presidenta de la comisión, no pudo creerlo. Dice que intentaron contactarla, pero nada, silencio absoluto. Una lástima, porque así le costará demostrarle a la población que sí está dispuesta a rendir cuentas.
Pero vamos por partes. El lío empezó hace un buen tiempo, cuando el Ministerio Público y el OIJ descubrieron que la cúpula de la CCSS, liderada por Marta Eugenia Esquivel, se había encargado de contratar cooperativas sin seguir el proceso legal adecuado. Se trata de un contrato millonario, ¡de casi 500 mil millones de colones!, que prometía sobreprecios anuales que podrían alcanzar los 12 mil millones. ¡Una suma considerable, chunches!
Ahora, la comisión busca respuestas, pero parece que los imputados prefieren quedarse callados. Argumentan que cualquier cosa que digan podría afectar la investigación, pero muchos sospechan que simplemente quieren evitar dar la cara y explicar cómo llegaron a estas decisiones tan cuestionables. Total, ya llevan un buen rato esquivando responsabilidades, ¿verdad?
Lo curioso es que la decisión de contratar a estas cooperativas se tomó para un período de ¡diez años! Eso significa que, de haber existido sobreprecios, el daño financiero para el Estado costarricense hubiera sido mayúsculo. Imaginen cuántos hospitales, escuelas y carreteras podríamos haber construido con ese dinero... Pero bueno, ya sabemos cómo suelen manejar las cosas algunas personas.
En fin, el caso Barrenador sigue dando de qué hablar. Entre evasivas, ausencias y silencios estratégicos, los exdirectivos parecen decididos a prolongar esta telenovela judicial. Mientras tanto, la ciudadanía se queda con la incertidumbre y la frustración de ver cómo se esfuma nuestro dinero público. Esperemos que la justicia actúe pronto y haga llegar a todos los responsables ante la ley. ¡Que no se les escape, mae!
Con todo esto, me pregunto: ¿Hasta dónde llegará la impunidad en este caso? ¿Cree usted que los exdirectivos serán realmente responsabilizados por sus acciones, o lograremos ver otro episodio más de corrupción sin consecuencias claras? Déjeme saber su opinión en el foro, ¡quiero leer lo que piensa la gente!
Para refrescarles la memoria a algunos, estamos hablando de Jorge Porras, Jorge Luis Araya y Roberto Quirós, figuras clave en la gestión de la CCSS durante aquellos tiempos turbios. Ahora, con la Comisión Legislativa pisándoles los talones buscando aclarar las cosas, estos señores deciden poner excusas técnicas. Dicen que están en investigación, ¡como si eso les diera carta blanca para andar de picardía!
Y ni hablar de María Isabel Camareno, la aspirante a diputada por Puntarenas que ni siquiera se molestó en presentarse a la reunión. ¡Qué falta de respeto a la gente que la quiere elegir! Andrea Álvarez, la presidenta de la comisión, no pudo creerlo. Dice que intentaron contactarla, pero nada, silencio absoluto. Una lástima, porque así le costará demostrarle a la población que sí está dispuesta a rendir cuentas.
Pero vamos por partes. El lío empezó hace un buen tiempo, cuando el Ministerio Público y el OIJ descubrieron que la cúpula de la CCSS, liderada por Marta Eugenia Esquivel, se había encargado de contratar cooperativas sin seguir el proceso legal adecuado. Se trata de un contrato millonario, ¡de casi 500 mil millones de colones!, que prometía sobreprecios anuales que podrían alcanzar los 12 mil millones. ¡Una suma considerable, chunches!
Ahora, la comisión busca respuestas, pero parece que los imputados prefieren quedarse callados. Argumentan que cualquier cosa que digan podría afectar la investigación, pero muchos sospechan que simplemente quieren evitar dar la cara y explicar cómo llegaron a estas decisiones tan cuestionables. Total, ya llevan un buen rato esquivando responsabilidades, ¿verdad?
Lo curioso es que la decisión de contratar a estas cooperativas se tomó para un período de ¡diez años! Eso significa que, de haber existido sobreprecios, el daño financiero para el Estado costarricense hubiera sido mayúsculo. Imaginen cuántos hospitales, escuelas y carreteras podríamos haber construido con ese dinero... Pero bueno, ya sabemos cómo suelen manejar las cosas algunas personas.
En fin, el caso Barrenador sigue dando de qué hablar. Entre evasivas, ausencias y silencios estratégicos, los exdirectivos parecen decididos a prolongar esta telenovela judicial. Mientras tanto, la ciudadanía se queda con la incertidumbre y la frustración de ver cómo se esfuma nuestro dinero público. Esperemos que la justicia actúe pronto y haga llegar a todos los responsables ante la ley. ¡Que no se les escape, mae!
Con todo esto, me pregunto: ¿Hasta dónde llegará la impunidad en este caso? ¿Cree usted que los exdirectivos serán realmente responsabilizados por sus acciones, o lograremos ver otro episodio más de corrupción sin consecuencias claras? Déjeme saber su opinión en el foro, ¡quiero leer lo que piensa la gente!
