¡Ay, Dios mío, qué historia nos cayó encima! Luis Alberto Venegas Marín, el exjuez que andaba disfrutando de arresto domiciliario como si estuviera en vacaciones en Manuel Antonio, ahora sí se la tendrá que agachar en la cárcel. Resulta que después de un buen rato afuera, la Fiscalía no se quedó tranquila y movió sus palancas para que volviera a la pieza gris, tras rechazar la apelación que intentó para seguir relajándose en su casa.
Todo esto viene de olla por el famoso caso “Madre Patria”, un maje escándalo que sacudió al país entero. Venegas, quien era juzgador en el Tribunal Penal de Desamparados – donde debería estar impartiendo justicia con limpieza, vamos –, parece que se metió en un brete turbio con unos tipos que estaban haciendo fraude a lo grande con propiedades de personas que viven afuera. Hablan de estafas millonarias y de gente mayor engañada, ¡qué pena!
Según la Fiscalía, el exjuez no solamente cerró un ojo, sino que se puso a ayudar a esos estafadores. Se dice que se juntaba con otro sospechoso en su propia casa, pa’ darle consejos legales y armarle la defensa. Imagínate, un juez, que es quien debe hacer respetar la ley, ayudando a unos delincuentes a zafar. ¡Eso sí es irse al traste!
Y eso no es todo, diay. Pareciera que Venegas hizo un trato, un paquetazo así bien oscuro, con Fernando Gómez González, el supuesto jefe de toda la banda. Se habla de unos $300,000 a $500,000 de lana que le iban a pasar, producto de todas esas fechorías. ¡Dinero sucio, señores! Un tingo de berruga que pretendía lavar a través de tiendas tipo outlet, operadas por empresas a su nombre. ¡Qué chiva la bronca!
Ahora, la cosa se pone más interesante porque, según las investigaciones, Venegas amasó una fortuna considerable, cerca de unos ocho millones de colones. Todo esto mientras seguía cobrando su jugosito sueldo como juez. Entre tiendas outlet, camiones de carga, y la vida de lujo, parecía que estaba viviendo a full. Pero claro, todo tiene su precio, y ahora lo va a tener que pagar dentro de los muros de la cárcel.
Es importante recordar que Venegas, antes de caer preso, salió a dar su versión de la vaina, diciendo que sus negocios eran limpios y que su relación con el abogado de los sospechosos no implicaba ningún delito. Aseguró que siempre se esforzó por hacer lo correcto como juez, pero que la administración de justicia le había dejado una sensación amarga. De hecho, incluso justificó los depósitos de su madre y hermanos en sus cuentas, achacándolos a asuntos empresariales. ¡Imaginen el rollo que debió ser!
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha recopilado pruebas contundentes, incluyendo escuchas telefónicas en las que Venegas mismo confiesa a su madre que recibía dinero en efectivo por trabajos con “gente de la calle”. Además, han rastreado movimientos sospechosos de dinero en bancos y cajeros automáticos, y han documentado encuentros con los presuntos líderes de la banda, Gómez y el español Unaí León Muñoz. Parece que tenían reuniones planeadas como si fueran a tomar café. Qué nivel de complicidad, mándale!
Después de este vuelco inesperado, queda la gran pregunta, compas del foro: ¿Cómo podemos evitar que profesionales del derecho, encargados de proteger la integridad del sistema judicial, se corrompan y participen en estas redes criminales? ¿Será necesaria una revisión más profunda de los controles y mecanismos de supervisión dentro del Poder Judicial?
Todo esto viene de olla por el famoso caso “Madre Patria”, un maje escándalo que sacudió al país entero. Venegas, quien era juzgador en el Tribunal Penal de Desamparados – donde debería estar impartiendo justicia con limpieza, vamos –, parece que se metió en un brete turbio con unos tipos que estaban haciendo fraude a lo grande con propiedades de personas que viven afuera. Hablan de estafas millonarias y de gente mayor engañada, ¡qué pena!
Según la Fiscalía, el exjuez no solamente cerró un ojo, sino que se puso a ayudar a esos estafadores. Se dice que se juntaba con otro sospechoso en su propia casa, pa’ darle consejos legales y armarle la defensa. Imagínate, un juez, que es quien debe hacer respetar la ley, ayudando a unos delincuentes a zafar. ¡Eso sí es irse al traste!
Y eso no es todo, diay. Pareciera que Venegas hizo un trato, un paquetazo así bien oscuro, con Fernando Gómez González, el supuesto jefe de toda la banda. Se habla de unos $300,000 a $500,000 de lana que le iban a pasar, producto de todas esas fechorías. ¡Dinero sucio, señores! Un tingo de berruga que pretendía lavar a través de tiendas tipo outlet, operadas por empresas a su nombre. ¡Qué chiva la bronca!
Ahora, la cosa se pone más interesante porque, según las investigaciones, Venegas amasó una fortuna considerable, cerca de unos ocho millones de colones. Todo esto mientras seguía cobrando su jugosito sueldo como juez. Entre tiendas outlet, camiones de carga, y la vida de lujo, parecía que estaba viviendo a full. Pero claro, todo tiene su precio, y ahora lo va a tener que pagar dentro de los muros de la cárcel.
Es importante recordar que Venegas, antes de caer preso, salió a dar su versión de la vaina, diciendo que sus negocios eran limpios y que su relación con el abogado de los sospechosos no implicaba ningún delito. Aseguró que siempre se esforzó por hacer lo correcto como juez, pero que la administración de justicia le había dejado una sensación amarga. De hecho, incluso justificó los depósitos de su madre y hermanos en sus cuentas, achacándolos a asuntos empresariales. ¡Imaginen el rollo que debió ser!
El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha recopilado pruebas contundentes, incluyendo escuchas telefónicas en las que Venegas mismo confiesa a su madre que recibía dinero en efectivo por trabajos con “gente de la calle”. Además, han rastreado movimientos sospechosos de dinero en bancos y cajeros automáticos, y han documentado encuentros con los presuntos líderes de la banda, Gómez y el español Unaí León Muñoz. Parece que tenían reuniones planeadas como si fueran a tomar café. Qué nivel de complicidad, mándale!
Después de este vuelco inesperado, queda la gran pregunta, compas del foro: ¿Cómo podemos evitar que profesionales del derecho, encargados de proteger la integridad del sistema judicial, se corrompan y participen en estas redes criminales? ¿Será necesaria una revisión más profunda de los controles y mecanismos de supervisión dentro del Poder Judicial?
