Este martes, el centro de San José resonó con el clamor de diversas organizaciones feministas que tomaron las calles en una contundente marcha. La ocasión, lamentablemente, es recurrente: el Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, un recordatorio amargo de las batallas aún pendientes en nuestro país. Pero esta vez, la indignación parece estar a otro nivel, con acusaciones directas al gobierno de Rodrigo Chaves, al que se señala como cómplice en el alarmante aumento de femicidios.
La movilización, que congregó a cientos de personas desde diversos puntos del país, no fue una simple protesta; fue una declaración de principios y una exigencia urgente de justicia. Las pancartas y consignas reflejaban la frustración acumulada ante la incapacidad –o la falta de voluntad– del poder ejecutivo para abordar eficazmente la violencia machista. El número de femicidios registrados durante la administración Chaves, que asciende a 126 hasta la fecha, es un dato escalofriante que alimenta la creciente desconfianza y el hartazgo de las manifestantes.
Pero la marcha va más allá de la condena a los femicidios. Las participantes también alzaron la voz en defensa del derecho al aborto legal y seguro, una lucha constante que enfrenta fuertes obstáculos en nuestra sociedad. Además, sorprendentemente, hubo un fuerte componente internacional en la protesta, con mensajes de solidaridad hacia el pueblo palestino y un llamado a Costa Rica para romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, argumentando que el TLC perpetúa injusticias.
Las consignas coreadas durante la marcha fueron claras y directas: 'Marchamos porque esta administración acumula 126 femicidios y se niega a declarar emergencia nacional', rezaba una de ellas. Otra, igualmente contundente, decía 'Marchamos por el aborto legal y el derecho a decidir'. La conexión con Palestina añadió una dimensión inesperada a la protesta, reflejando una preocupación global por la equidad y la justicia social, temas que parecen entrelazados en la mente de muchas activistas.
Desde el punto de vista político, la presión sobre el gobierno es inmensa. La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han criticado duramente la gestión de la crisis de violencia contra las mujeres, acusando al presidente Chaves de minimizar el problema y de no implementar políticas efectivas para prevenirlo. Incluso dentro del oficialismo, comienzan a surgir voces que cuestionan la estrategia actual y exigen una respuesta más decidida.
Muchos analistas consideran que la marcha de este martes podría marcar un punto de inflexión en la agenda política nacional. La magnitud de la movilización y la fuerza de las demandas plantean un desafío importante al gobierno, obligándolo a reconsiderar su postura y a tomar medidas concretas para proteger a las mujeres. Se espera que en los próximos días se intensifiquen los debates parlamentarios y las presiones sociales para lograr cambios significativos en las leyes y en las instituciones encargadas de combatir la violencia de género.
Mientras tanto, las organizaciones feministas prometen mantener la presión y continuar luchando por sus derechos. Afirman que no descansarán mientras no se logre erradicar la violencia machista y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las mujeres costarricenses. Reconocen que el camino es largo y difícil, pero confían en que, con perseverancia y unidad, podrán alcanzar sus objetivos. Se nota que esto brete está complicado, diay, pero hay que seguir adelante.
Con la atmósfera cargada de frustración y determinación, nos preguntamos: ¿Es suficiente la presión social para lograr un cambio real en las políticas públicas relacionadas con la violencia contra las mujeres en Costa Rica, o necesitamos mecanismos legales más robustos para responsabilizar al gobierno y proteger a las víctimas?
La movilización, que congregó a cientos de personas desde diversos puntos del país, no fue una simple protesta; fue una declaración de principios y una exigencia urgente de justicia. Las pancartas y consignas reflejaban la frustración acumulada ante la incapacidad –o la falta de voluntad– del poder ejecutivo para abordar eficazmente la violencia machista. El número de femicidios registrados durante la administración Chaves, que asciende a 126 hasta la fecha, es un dato escalofriante que alimenta la creciente desconfianza y el hartazgo de las manifestantes.
Pero la marcha va más allá de la condena a los femicidios. Las participantes también alzaron la voz en defensa del derecho al aborto legal y seguro, una lucha constante que enfrenta fuertes obstáculos en nuestra sociedad. Además, sorprendentemente, hubo un fuerte componente internacional en la protesta, con mensajes de solidaridad hacia el pueblo palestino y un llamado a Costa Rica para romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel, argumentando que el TLC perpetúa injusticias.
Las consignas coreadas durante la marcha fueron claras y directas: 'Marchamos porque esta administración acumula 126 femicidios y se niega a declarar emergencia nacional', rezaba una de ellas. Otra, igualmente contundente, decía 'Marchamos por el aborto legal y el derecho a decidir'. La conexión con Palestina añadió una dimensión inesperada a la protesta, reflejando una preocupación global por la equidad y la justicia social, temas que parecen entrelazados en la mente de muchas activistas.
Desde el punto de vista político, la presión sobre el gobierno es inmensa. La oposición y diversos sectores de la sociedad civil han criticado duramente la gestión de la crisis de violencia contra las mujeres, acusando al presidente Chaves de minimizar el problema y de no implementar políticas efectivas para prevenirlo. Incluso dentro del oficialismo, comienzan a surgir voces que cuestionan la estrategia actual y exigen una respuesta más decidida.
Muchos analistas consideran que la marcha de este martes podría marcar un punto de inflexión en la agenda política nacional. La magnitud de la movilización y la fuerza de las demandas plantean un desafío importante al gobierno, obligándolo a reconsiderar su postura y a tomar medidas concretas para proteger a las mujeres. Se espera que en los próximos días se intensifiquen los debates parlamentarios y las presiones sociales para lograr cambios significativos en las leyes y en las instituciones encargadas de combatir la violencia de género.
Mientras tanto, las organizaciones feministas prometen mantener la presión y continuar luchando por sus derechos. Afirman que no descansarán mientras no se logre erradicar la violencia machista y garantizar la igualdad de oportunidades para todas las mujeres costarricenses. Reconocen que el camino es largo y difícil, pero confían en que, con perseverancia y unidad, podrán alcanzar sus objetivos. Se nota que esto brete está complicado, diay, pero hay que seguir adelante.
Con la atmósfera cargada de frustración y determinación, nos preguntamos: ¿Es suficiente la presión social para lograr un cambio real en las políticas públicas relacionadas con la violencia contra las mujeres en Costa Rica, o necesitamos mecanismos legales más robustos para responsabilizar al gobierno y proteger a las víctimas?
