¡Ay, Dios mío! La Fiscalía Adjunta de Género, que debería estar salvando vidas y dando esperanza a las víctimas de violencia, anda más apurada que chancho en Navidad. Resulta que, según la diputada Paulina Ramírez, el Ministerio de Hacienda le está jugando sucio, bloqueándole los recursos necesarios para contratar más personal. ¡Qué despiche! Cuando más necesitamos echarle ganas, nos dan cerrajazo.
La jefa de la Comisión de Asuntos Hacendarios no se anduvo con rodeos: acusó al Gobierno de debilitar seriamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños. Según ella, cada caso que llega a la Fiscalía es una herida abierta, una oportunidad perdida para evitar tragedias. "Callar o negar recursos es, en la práctica, darle la espalda a esas víctimas", sentenció la diputada, mostrando que no va a dejar pasar este asunto así nomás.
Y vaya que la situación es grave. Ramírez reveló que cada fiscal está manejando un promedio de 236 expedientes, ¡y algunos llegan a tener hasta 800! Imagínate la presión, el estrés, la dificultad para hacer bien su trabajo. ¿Cómo esperan que estos señores puedan investigar a fondo, dar seguimiento a los casos y garantizar una justicia rápida y efectiva con semejante carga? ¡Es imposible!
Para ponerle más sabor al arroz, Ramírez recordó que el año pasado, con solo 10 plazas adicionales –que eran temporales– resolvieron más de 5.370 causas, reduciendo el rezago en un 54%. Esa cifra habla claro: invertir en la Fiscalía de Género es invertir en seguridad y bienestar para todos los costarricenses. Pero bueno, parece que al Gobierno eso no le interesa tanto…
La Asamblea Legislativa ya aprobó un buen fajardo de plata –¢2.332,9 millones– para crear 75 plazas nuevas, pero la Hacienda solo ha soltado ¢748,8 millones hasta ahora. Con eso, contrataron a 22 funcionarios, ¡pero todavía faltan muchísimos! Para el 2026 necesitan al menos 53 plazas nuevas: cinco fiscales adjuntos, cuatro profesionales, siete auxiliares, catorce técnicos judiciales y veintitrés fiscales. Una inversión de ¢1.584,1 millones, que representan apenas un 0,01% del presupuesto nacional. ¡Una miseria, vamos!
Las cifras de denuncias son escalofriantes. En 2024 entraron 32.689 denuncias a nivel nacional: 6.538 por maltrato, 4.248 por abuso sexual a menores, 2.648 por relaciones ilícitas con menores y, lo más triste de todo, 80 homicidios de mujeres, 29 de ellos femicidios confirmados. Son familias destrozadas, sueños rotos, vidas truncadas. Y todo esto ocurre mientras el Gobierno sigue apretando la tuerca a la Fiscalía de Género.
En fin, Ramírez hizo hincapié en que con pocos recursos, pero administrados eficientemente, se puede marcar una diferencia significativa en la vida de miles de víctimas. Es cuestión de prioridades, ¿verdad? Parece que la señora de Hacienda está más preocupada por equilibrar las cuentas que por salvar vidas. ¡Qué torta! Está claro que la falta de personal está afectando gravemente la capacidad de la Fiscalía para atender todas las denuncias y llevar a los responsables ante la justicia. Esta situación es inaceptable y exige una solución urgente.
Ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el Gobierno está poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres y los niños al recortar los recursos a la Fiscalía de Género? ¿Deberían exigir la renuncia del Ministro de Hacienda por esta negligencia, o hay otra forma de solucionar este problema?
La jefa de la Comisión de Asuntos Hacendarios no se anduvo con rodeos: acusó al Gobierno de debilitar seriamente la lucha contra la violencia hacia las mujeres y los niños. Según ella, cada caso que llega a la Fiscalía es una herida abierta, una oportunidad perdida para evitar tragedias. "Callar o negar recursos es, en la práctica, darle la espalda a esas víctimas", sentenció la diputada, mostrando que no va a dejar pasar este asunto así nomás.
Y vaya que la situación es grave. Ramírez reveló que cada fiscal está manejando un promedio de 236 expedientes, ¡y algunos llegan a tener hasta 800! Imagínate la presión, el estrés, la dificultad para hacer bien su trabajo. ¿Cómo esperan que estos señores puedan investigar a fondo, dar seguimiento a los casos y garantizar una justicia rápida y efectiva con semejante carga? ¡Es imposible!
Para ponerle más sabor al arroz, Ramírez recordó que el año pasado, con solo 10 plazas adicionales –que eran temporales– resolvieron más de 5.370 causas, reduciendo el rezago en un 54%. Esa cifra habla claro: invertir en la Fiscalía de Género es invertir en seguridad y bienestar para todos los costarricenses. Pero bueno, parece que al Gobierno eso no le interesa tanto…
La Asamblea Legislativa ya aprobó un buen fajardo de plata –¢2.332,9 millones– para crear 75 plazas nuevas, pero la Hacienda solo ha soltado ¢748,8 millones hasta ahora. Con eso, contrataron a 22 funcionarios, ¡pero todavía faltan muchísimos! Para el 2026 necesitan al menos 53 plazas nuevas: cinco fiscales adjuntos, cuatro profesionales, siete auxiliares, catorce técnicos judiciales y veintitrés fiscales. Una inversión de ¢1.584,1 millones, que representan apenas un 0,01% del presupuesto nacional. ¡Una miseria, vamos!
Las cifras de denuncias son escalofriantes. En 2024 entraron 32.689 denuncias a nivel nacional: 6.538 por maltrato, 4.248 por abuso sexual a menores, 2.648 por relaciones ilícitas con menores y, lo más triste de todo, 80 homicidios de mujeres, 29 de ellos femicidios confirmados. Son familias destrozadas, sueños rotos, vidas truncadas. Y todo esto ocurre mientras el Gobierno sigue apretando la tuerca a la Fiscalía de Género.
En fin, Ramírez hizo hincapié en que con pocos recursos, pero administrados eficientemente, se puede marcar una diferencia significativa en la vida de miles de víctimas. Es cuestión de prioridades, ¿verdad? Parece que la señora de Hacienda está más preocupada por equilibrar las cuentas que por salvar vidas. ¡Qué torta! Está claro que la falta de personal está afectando gravemente la capacidad de la Fiscalía para atender todas las denuncias y llevar a los responsables ante la justicia. Esta situación es inaceptable y exige una solución urgente.
Ahora dime, ¿qué opinas tú? ¿Crees que el Gobierno está poniendo en riesgo la seguridad de las mujeres y los niños al recortar los recursos a la Fiscalía de Género? ¿Deberían exigir la renuncia del Ministro de Hacienda por esta negligencia, o hay otra forma de solucionar este problema?
