¡Ay, Dios mío! Parece que el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) está jugando al gallito con la licitación del 5G. Ya van tres veces que extienden el plazo para recibir ofertas, y la verdad, esto empieza a tener a todos los capitalinos rayándose la cabeza. Lo que iba a ser una movida rápida, se ha convertido en un brete que parece no tener fin.
Recordemos que la fecha original para presentar propuestas era el 3 de octubre. Luego, con un simple "apuro", lo movieron al 7, y ahora, agárrense, porque la nueva fecha límite es el 14 de este mes. Esto aparece clarito, sin rodeos, en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), bajo el expediente 2025XE-000492-0000400001, marcando orgullosamente "En recepción de ofertas". Se trata de una licitación que busca $250 millones para implementar la infraestructura necesaria para el 5G, una suma considerable, digámoslo así.
Pero la cosa no termina ahí, chunches. La Contraloría General de la República (CGR) también metió mano. Resolvió, hace poco, seis recursos presentados contra el pliego de condiciones, dando la razón a algunas empresas que argumentaban que el tiempo era demasiado corto. El ICE, resignado, aceptó el argumento, declarando el recurso “parcialmente con lugar”. Empresas como Huawei, AFN Global y ONE Way respiraron tranquilos, mientras que Claro y Liberty, sus competidores directos, ya están ofreciendo servicios 5G a diestra y siniestra. ¡Una pena!
Y ni hablar del plan piloto que tiene el ICE con Radiográfica Costarricense (Racsa). Ese experimento, si se le puede llamar así, tiene una cobertura limitada y requiere que los usuarios tengan teléfonos con doble chip, una sola marca, para poder conectarse. ¡Un verdadero despache! Uno pensaría que siendo el operador público, tendrían la capacidad de ofrecer una solución más accesible y amigable para el usuario promedio, pero bueno… ahí estamos, con lo que hay.
La situación, vamos a ser honestos, es bastante preocupante. Mientras otros países avanzan a pasos largos en la adopción del 5G, nosotros seguimos atascados en un limbo burocrático. Las implicaciones son enormes. Hablamos de mayor velocidad de conexión, menor latencia, nuevas oportunidades de negocio y un impacto significativo en sectores como la salud, la educación y el transporte. ¡Imaginen las posibilidades!
Lo curioso de todo esto es que, al parecer, el ICE no tiene claro qué quiere realmente con el 5G. Algunos analistas sugieren que existe una resistencia interna a ceder terreno a la competencia, mientras que otros señalan deficiencias en la planificación estratégica. Lo cierto es que la demora en la implementación de esta tecnología está frenando el crecimiento económico y limitando el acceso a herramientas esenciales en el siglo XXI. ¡Qué vara!
Es evidente que el caso del 5G en Costa Rica es mucho más complejo que simplemente una cuestión tecnológica. Involucra intereses políticos, económicos y sociales que dificultan la toma de decisiones rápidas y eficientes. La ciudadanía, cansada de promesas incumplidas y demoras interminables, exige respuestas claras y acciones concretas. Se necesita transparencia, eficiencia y voluntad política para sacar adelante este proyecto que definirá el futuro de nuestras comunicaciones.
En fin, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuándo podremos finalmente disfrutar de internet de quinta generación en Costa Rica? Con este vaivén constante de prórrogas y objeciones, parece que tendremos que esperar aún bastante tiempo. Pero díganme, ¿ustedes creen que el ICE logrará resolver este brete antes de que nos quedemos totalmente atrás en comparación con el resto del mundo?
Recordemos que la fecha original para presentar propuestas era el 3 de octubre. Luego, con un simple "apuro", lo movieron al 7, y ahora, agárrense, porque la nueva fecha límite es el 14 de este mes. Esto aparece clarito, sin rodeos, en el Sistema de Compras Públicas (Sicop), bajo el expediente 2025XE-000492-0000400001, marcando orgullosamente "En recepción de ofertas". Se trata de una licitación que busca $250 millones para implementar la infraestructura necesaria para el 5G, una suma considerable, digámoslo así.
Pero la cosa no termina ahí, chunches. La Contraloría General de la República (CGR) también metió mano. Resolvió, hace poco, seis recursos presentados contra el pliego de condiciones, dando la razón a algunas empresas que argumentaban que el tiempo era demasiado corto. El ICE, resignado, aceptó el argumento, declarando el recurso “parcialmente con lugar”. Empresas como Huawei, AFN Global y ONE Way respiraron tranquilos, mientras que Claro y Liberty, sus competidores directos, ya están ofreciendo servicios 5G a diestra y siniestra. ¡Una pena!
Y ni hablar del plan piloto que tiene el ICE con Radiográfica Costarricense (Racsa). Ese experimento, si se le puede llamar así, tiene una cobertura limitada y requiere que los usuarios tengan teléfonos con doble chip, una sola marca, para poder conectarse. ¡Un verdadero despache! Uno pensaría que siendo el operador público, tendrían la capacidad de ofrecer una solución más accesible y amigable para el usuario promedio, pero bueno… ahí estamos, con lo que hay.
La situación, vamos a ser honestos, es bastante preocupante. Mientras otros países avanzan a pasos largos en la adopción del 5G, nosotros seguimos atascados en un limbo burocrático. Las implicaciones son enormes. Hablamos de mayor velocidad de conexión, menor latencia, nuevas oportunidades de negocio y un impacto significativo en sectores como la salud, la educación y el transporte. ¡Imaginen las posibilidades!
Lo curioso de todo esto es que, al parecer, el ICE no tiene claro qué quiere realmente con el 5G. Algunos analistas sugieren que existe una resistencia interna a ceder terreno a la competencia, mientras que otros señalan deficiencias en la planificación estratégica. Lo cierto es que la demora en la implementación de esta tecnología está frenando el crecimiento económico y limitando el acceso a herramientas esenciales en el siglo XXI. ¡Qué vara!
Es evidente que el caso del 5G en Costa Rica es mucho más complejo que simplemente una cuestión tecnológica. Involucra intereses políticos, económicos y sociales que dificultan la toma de decisiones rápidas y eficientes. La ciudadanía, cansada de promesas incumplidas y demoras interminables, exige respuestas claras y acciones concretas. Se necesita transparencia, eficiencia y voluntad política para sacar adelante este proyecto que definirá el futuro de nuestras comunicaciones.
En fin, la pregunta que queda flotando en el aire es: ¿cuándo podremos finalmente disfrutar de internet de quinta generación en Costa Rica? Con este vaivén constante de prórrogas y objeciones, parece que tendremos que esperar aún bastante tiempo. Pero díganme, ¿ustedes creen que el ICE logrará resolver este brete antes de que nos quedemos totalmente atrás en comparación con el resto del mundo?
