¡Ay, Dios mío! Esto sí que está feo, compas. Resulta que el ministro Mario Zamora soltó la bomba: la tasa de impunidad por homicidios en nuestro querido Costa Rica es parecida a la de algunos países africanos. No mames, ¿en serio?
Según el ministro, entre 2010 y 2024 se cometieron más de ocho mil quinientos homicidios dolosos, pero ¡casi cinco mil nunca ni siquiera llegaron a juicio! De los tres mil quinientos casos que sí se elevaron, apenas el trece por ciento terminaron en sentencia. Un churro, vamos.
Zamora le pegó duro a la labor judicial, diciendo que hay muchos "dimes y diretes" en cómo se maneja la inseguridad en el país. Parece que está buscando chivos cabras para echarle la culpa, pero la verdad es que la situación es grave y requiere una revisión profunda del sistema.
Y esto no es solamente un problema de ahora. Al día de hoy, del ochocientos setenta y seis homicidios que hubo en 2023, todavía no sabemos cuántos fueron a juicio y cuántos tienen condena. ¡Una barbaridad! Según Zamora, esta estadística no se hace porque refleja unos datos bien negativos en materia de impunidad. Ya ven, pura evasión, pura paella.
Lo más preocupante es que el ministro señala que el Poder Judicial es "débil". Además, añadió que la mayoría de los homicidios ni siquiera entran al sistema de justicia formal. ¡Se van directo al olvido, vamos! Hay que ponerle chinches a esto, porque así no podemos seguir viviendo con miedo.
Para darle aún más sabor a la papa, parece que si la provincia de Limón fuera un país independiente, su tasa de homicidios sería comparable a la de Ecuador. ¡Qué tremenda vara! Según el OIJ, en Limón ocurren casi cuarenta asesinatos por cada cien mil habitantes, mientras que en Ecuador la cifra ronda los treinta y nueve. Una diferencia mínima, pero alarmante.
El ministro también mencionó que el país necesita una reforma penal urgente para combatir la impunidad. Dice que quiere aprobar un proyecto de ley para aumentar las penas por el sicariato, pero que la iniciativa “sigue durmiendo el sueño de los justos” en la Asamblea Legislativa. ¡Qué perezanzo! Hace más de dos años que está ahí, esperando que alguien le dé un empujón. Mientras tanto, los delincuentes siguen haciendo de las suyas.
Por supuesto que el gobierno promete mejoras, como la construcción del C5 (un centro de control tecnológico), la compra de equipos de videovigilancia y la contratación de mil cien nuevos policías. También adquirirán cuatrocientos vehículos nuevos. Pero, ¿será suficiente? ¿Podremos realmente revertir esta ola de violencia e impunidad? ¿Estamos dispuestos a exigir a nuestros representantes que hagan lo correcto y pongan fin a esta pesadilla? ¿Creen que una reforma judicial integral, acompañada de medidas sociales efectivas, podría marcar la diferencia o simplemente estamos condenados a repetir este ciclo vicioso?
Según el ministro, entre 2010 y 2024 se cometieron más de ocho mil quinientos homicidios dolosos, pero ¡casi cinco mil nunca ni siquiera llegaron a juicio! De los tres mil quinientos casos que sí se elevaron, apenas el trece por ciento terminaron en sentencia. Un churro, vamos.
Zamora le pegó duro a la labor judicial, diciendo que hay muchos "dimes y diretes" en cómo se maneja la inseguridad en el país. Parece que está buscando chivos cabras para echarle la culpa, pero la verdad es que la situación es grave y requiere una revisión profunda del sistema.
Y esto no es solamente un problema de ahora. Al día de hoy, del ochocientos setenta y seis homicidios que hubo en 2023, todavía no sabemos cuántos fueron a juicio y cuántos tienen condena. ¡Una barbaridad! Según Zamora, esta estadística no se hace porque refleja unos datos bien negativos en materia de impunidad. Ya ven, pura evasión, pura paella.
Lo más preocupante es que el ministro señala que el Poder Judicial es "débil". Además, añadió que la mayoría de los homicidios ni siquiera entran al sistema de justicia formal. ¡Se van directo al olvido, vamos! Hay que ponerle chinches a esto, porque así no podemos seguir viviendo con miedo.
Para darle aún más sabor a la papa, parece que si la provincia de Limón fuera un país independiente, su tasa de homicidios sería comparable a la de Ecuador. ¡Qué tremenda vara! Según el OIJ, en Limón ocurren casi cuarenta asesinatos por cada cien mil habitantes, mientras que en Ecuador la cifra ronda los treinta y nueve. Una diferencia mínima, pero alarmante.
El ministro también mencionó que el país necesita una reforma penal urgente para combatir la impunidad. Dice que quiere aprobar un proyecto de ley para aumentar las penas por el sicariato, pero que la iniciativa “sigue durmiendo el sueño de los justos” en la Asamblea Legislativa. ¡Qué perezanzo! Hace más de dos años que está ahí, esperando que alguien le dé un empujón. Mientras tanto, los delincuentes siguen haciendo de las suyas.
Por supuesto que el gobierno promete mejoras, como la construcción del C5 (un centro de control tecnológico), la compra de equipos de videovigilancia y la contratación de mil cien nuevos policías. También adquirirán cuatrocientos vehículos nuevos. Pero, ¿será suficiente? ¿Podremos realmente revertir esta ola de violencia e impunidad? ¿Estamos dispuestos a exigir a nuestros representantes que hagan lo correcto y pongan fin a esta pesadilla? ¿Creen que una reforma judicial integral, acompañada de medidas sociales efectivas, podría marcar la diferencia o simplemente estamos condenados a repetir este ciclo vicioso?
