La Audiencia Nacional ve indicios de cooperación del Gobierno de Venezuela con ETA y las FARC. El juez Eloy Velasco ha procesado a seis supuestos etarras y otros siete miembros de la organización colombiana que pidieron ayuda a la banda terrorista para atentar contra altos cargos de este país en España, entre ellos el actual presidente Álvaro Uribe y su antecesor, Andrés Pastrana. El magistrado señala en su auto que hay datos de la investigación que indican la "cooperación gubernamental en la ilícita colaboración" entre ambas organizaciones.
Velasco detalla que en marzo y septiembre de 2000 dos miembros de las FARC -Edgar Gustavo Navarro Morales, El Mocho, y Víctor Ramón Vargas Salazar, Chato- se trasladaron a España y pidieron "colaboración" a miembros de ETA para localizar a Pastrana, y "más recientemente" trataron de hacer seguimientos al actual presidente colombiano Uribe.
Vínculos con el Gobierno de Chávez
El juez procesa al presunto etarra Arturo Cubillas Fontán, de 46 años, que ha ocupado un cargo en el Gobierno venezolano de Hugo Chávez, como director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura del país. Cubillas era responsable del colectivo de ETA en esa zona desde 1999 y se encargaba de coordinar las relaciones con las FARC.
ETA lleva muchos años tejiendo redes con organizaciones y partidos de Latinoamérica, como en Venezuela, donde han llegado a residir más de cuarenta terroristas y que han mantenido una interlocución privilegiada con el Gobierno de Chávez. Goizeber Odriozola Lataillade, directora general del Gabinete de la Presidencia de Venezuela, está casada con Cubillas y ha acudido a múltiples manifestaciones chavistas portando una ikurriña.
"Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entra las FARC y ETA y en especial de Arturo Cubillas Fontán, que tiene o ha tenido un cargo público en ese país", señala el auto notificado hoy por Velasco. Cubillas planeó una reunión con el jefe de las FARC Raúl Reyes para celebrar en 2004 aunque finalmente no pudo llevarse a cabo tras producirse varias detenciones.
El auto señala las relaciones mantenidas entre ETA y las FARC desde los años ochenta, que les permitieron desarrolla proyectiles de forma conjunta y realizar entrenamientos en los campamentos de la guerrilla colombiana. En 2003, por primera vez en España se empleó una granada de similares características a las utilizadas por las guerrillas colombianas en sus campos de entrenamiento. Como contrapartida ETA se comprometió a localizar en España objetivos de las FARC, según el juez,
El resto de imputados son los supuestos etarras José Ignacio Echarte Urbieta, Cubillas, Ignacio Domínguez Achalandabaso y José María Zaldua por los delitos de tenencias de explosivos, y José Angel Urtiaga Martínez y José Miguel Arrugaeta San Emeterio, junto a los miembros de las FARC Emiro del Carmen Ropero, Rodrigo Granda, Remedios García, Luciano Martín y Omar Arturo Zabala, también el de colaboración con banda terrorista.
El magistrado ordena además que se traslade el procesamiento a los ministerios de Asuntos Exteriores y del Interior para que realicen las gestiones necesarias para conseguir la cooperación de los Gobiernos de Cuba y Venezuela y la entrega de los procesados que se refugian en esos países.
