Maes, agárrense porque la última vara que se jalaron nuestros vecinos del norte está para alquilar balcón, y no precisamente por lo bonita. Resulta que, de un día para otro y sin decirle agua va a nadie, la Asamblea de Nicaragua aprobó una ley que, en buen tico, le regala al Estado una franja de 15 kilómetros a lo largo de TODAS sus fronteras. Sí, así como lo oyen. Cualquier finca, casa, negocio o hasta charco de agua que esté en esa zona, ahora es “propiedad del Estado nicaragüense”. La excusa oficial es un discurso que ya nos sabemos de memoria: reforzar la soberanía, la seguridad y luchar contra el narco. Pero, como siempre con el régimen Ortega-Murillo, una cosa es lo que dicen y otra muy distinta el despiche que terminan armando.
Vamos a ponerle números a este asunto para que vean la magnitud de la torta. Nicaragua tiene unos 1,231 km de fronteras terrestres. Esa franja de 15 km de ancho suma unos 12,000 km², que es más de una quinta parte de todo el país. ¡Una quinta parte! Imagínense que aquí nos dijeran que todo desde Chepe hasta Caldera ahora es del gobierno. La ley es tan vaga que mete miedo: dice que la zona queda bajo “resguardo del Ejército” y que es del Estado, pero no explica qué pasa con la gente que ha vivido ahí por generaciones. No hay ni una palabra sobre expropiaciones, sobre cómo van a compensar a la gente, ni qué va a pasar con las actividades económicas. Nada. El plan, según expertos, es simple y perverso: convertir a los dueños en inquilinos de su propia tierra, obligándolos a firmar contratos de arriendo con el mismo gobierno que les acaba de quitar todo.
Y aquí es donde la cosa se pone más turbia. ¿Para qué quiere el gobierno un control tan absoluto y repentino sobre las fronteras? Los opositores y analistas tienen varias teorías, y ninguna es buena. La primera es el billete. Se habla de que ahora podrán “administrar” la delincuencia, cobrando peajes a migrantes o extorsionando a empresas con el cuento de darles o no un contrato para que sigan operando en “su” tierra. Diay, mae, un negocio redondo. La segunda es el control político: cualquier opositor que tenga una propiedad en esa zona, ¡salado!, porque se la pueden quitar con solo señalarlo en un mapa y así de paso le dan el terreno a algún compinche del régimen. Es una herramienta de represión con disfraz de ley de soberanía.
Pero la teoría que parece calzar como anillo al dedo tiene que ver con un nuevo jugador en la cancha: China. Justo una semana antes de aprobar esta ley a la velocidad de la luz, el gobierno de Ortega le dio una concesión minera GIGANTE a una empresa china (Thomas Metal S.A.) en plena Reserva Biológica Indio Maíz, justo en nuestra frontera sur. ¿Adivinen qué? Gran parte de esa concesión queda dentro de la nueva franja de 15 km. La jugada parece maestra: primero declaro que todo es del Estado, confiscando de facto las tierras indígenas y de campesinos que por ley no se podían tocar, y luego le doy la concesión a mis nuevos socios chinos sin que nadie pueda reclamar nada. ¡Qué nivel de planificación para hacer las cosas mal!
Al final del día, esta Ley de Territorio Fronterizo no es un hecho aislado. Es solo la pieza más reciente en el rompecabezas autoritario que Ortega y Murillo han ido armando por años. Ya inhabilitaron opositores, despojaron de su nacionalidad a cientos de nicaragüenses, cerraron ONGs, universidades y medios de comunicación. Ahora van por la tierra. Lo que están haciendo es sellar el país y asegurarse de que cada recurso, cada metro cuadrado y cada persona esté bajo su control absoluto. La pregunta que nos queda picando aquí, al otro lado del río San Juan, es inevitable. Más allá del despiche interno en Nicaragua, ¿cómo creen ustedes que nos va a terminar salpicando esta vara aquí en Tiquicia?
Vamos a ponerle números a este asunto para que vean la magnitud de la torta. Nicaragua tiene unos 1,231 km de fronteras terrestres. Esa franja de 15 km de ancho suma unos 12,000 km², que es más de una quinta parte de todo el país. ¡Una quinta parte! Imagínense que aquí nos dijeran que todo desde Chepe hasta Caldera ahora es del gobierno. La ley es tan vaga que mete miedo: dice que la zona queda bajo “resguardo del Ejército” y que es del Estado, pero no explica qué pasa con la gente que ha vivido ahí por generaciones. No hay ni una palabra sobre expropiaciones, sobre cómo van a compensar a la gente, ni qué va a pasar con las actividades económicas. Nada. El plan, según expertos, es simple y perverso: convertir a los dueños en inquilinos de su propia tierra, obligándolos a firmar contratos de arriendo con el mismo gobierno que les acaba de quitar todo.
Y aquí es donde la cosa se pone más turbia. ¿Para qué quiere el gobierno un control tan absoluto y repentino sobre las fronteras? Los opositores y analistas tienen varias teorías, y ninguna es buena. La primera es el billete. Se habla de que ahora podrán “administrar” la delincuencia, cobrando peajes a migrantes o extorsionando a empresas con el cuento de darles o no un contrato para que sigan operando en “su” tierra. Diay, mae, un negocio redondo. La segunda es el control político: cualquier opositor que tenga una propiedad en esa zona, ¡salado!, porque se la pueden quitar con solo señalarlo en un mapa y así de paso le dan el terreno a algún compinche del régimen. Es una herramienta de represión con disfraz de ley de soberanía.
Pero la teoría que parece calzar como anillo al dedo tiene que ver con un nuevo jugador en la cancha: China. Justo una semana antes de aprobar esta ley a la velocidad de la luz, el gobierno de Ortega le dio una concesión minera GIGANTE a una empresa china (Thomas Metal S.A.) en plena Reserva Biológica Indio Maíz, justo en nuestra frontera sur. ¿Adivinen qué? Gran parte de esa concesión queda dentro de la nueva franja de 15 km. La jugada parece maestra: primero declaro que todo es del Estado, confiscando de facto las tierras indígenas y de campesinos que por ley no se podían tocar, y luego le doy la concesión a mis nuevos socios chinos sin que nadie pueda reclamar nada. ¡Qué nivel de planificación para hacer las cosas mal!
Al final del día, esta Ley de Territorio Fronterizo no es un hecho aislado. Es solo la pieza más reciente en el rompecabezas autoritario que Ortega y Murillo han ido armando por años. Ya inhabilitaron opositores, despojaron de su nacionalidad a cientos de nicaragüenses, cerraron ONGs, universidades y medios de comunicación. Ahora van por la tierra. Lo que están haciendo es sellar el país y asegurarse de que cada recurso, cada metro cuadrado y cada persona esté bajo su control absoluto. La pregunta que nos queda picando aquí, al otro lado del río San Juan, es inevitable. Más allá del despiche interno en Nicaragua, ¿cómo creen ustedes que nos va a terminar salpicando esta vara aquí en Tiquicia?
