¡Ay, Dios mío! Aquí estamos otra vez con el circo político nacional. Resulta que Leonel Baruch, el empresario y banquero que da tela para cortar, acaba de confirmar que Estados Unidos le revocó su visa de turista y negocios. Una bomba, vamos, porque esto pinta feo, muy feo. Imaginen el trajín que debe estar teniendo el buen hombre ahora mismo.
Según el comunicado que soltó, la Embajada de Estados Unidos en San José le notificó la decisión basándose en “información que podría indicar que no soy elegible”. Bueno, eso ya suena a sospechas, ¿no creen? Baruch ya anda tramitando una nueva visa, pero lo que realmente echó a rodar fue su descargo: cree que detrás de esto hay una jugada sucia orquestada desde la administración de nuestro querido (y a veces controversial) presidente Rodrigo Chaves.
Y hablando del presidente, éste salió al paso negándolo rotundamente. De hecho, Chaves prefirió no meterse en “las políticas y las decisiones del poderoso aliado… con quien hemos alineado intereses y amistad”. ¡Qué diplomacia!, digo yo. Como si estuviera tratando de evitar un choque entre trenes. Pero claro, involucrar a Estados Unidos es jugar fuerte, y nadie quiere meterse con gringos, ¿verdad?
Pero ahí viene la estampa, queridos lectores. Según Baruch, esta revocación de visa tiene mucho que ver con los señalamientos de evasión fiscal y lavado de dinero que surgieron del llamado “Mega Caso” en Panamá. Y acá sí se puso picante: acusó a Chaves de ser un “cobarde que no está dispuesto a enfrentar la justicia por sus actos corruptos, escondiéndose bajo las faldas de la inmunidad”. ¡Uf, qué palabrería! Esto ya parece novela venezolana, diay.
Para rematar, Baruch señaló que todo comenzó con un video de TikTok, supuestamente impulsado por gente cercana al gobierno. Dice que tiene pruebas de que la diputada Pilar Cisneros y el mismísimo ministro de Hacienda, Nogui Acosta, estaban al tanto de la creación de ese video, donde se le achacaban ¢11.000 millones en evasión fiscal. ¡Una cifra que, según él, fue “inventada con fines mediáticos”! El mae va con todo, ¿eh?
Lo curioso es que Baruch afirma que la Dirección de Tributación emitió un “Informe de Cierre Final” en 2022 donde se descartaba cualquier delito. Sin embargo, aseguran que el documento fue ocultado para complacer al Poder Ejecutivo. Parece que hay muchos intereses en juego, y la verdad está quedando enterrada bajo una montaña de acusaciones y contradicciones. A este ritmo, vamos a necesitar un arqueólogo para encontrarla.
Además, Baruch incluso alega que Chaves le pidió directamente al presidente panameño que abriera una investigación en su contra. “Tira la piedra y esconde la mano”, escribió en su comunicado, dejando caer que el presidente estaría buscando venganza personal. ¡Qué brete! Uno esperaría más madurez en estas situaciones, pero parece que la política costarricense sigue siendo un patio de juegos de adultos molestos.
Ahora, el balón está en la cancha de la ciudadanía. Con tanta acusación cruzada, manipulación de información y señalamientos turbios, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de nuestros funcionarios públicos? ¿Se trata de una persecución política o de una lucha legítima contra la corrupción? Y lo más importante: ¿Cómo podemos, como sociedad, exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes nos representan? ¡Díganme qué piensan!
Según el comunicado que soltó, la Embajada de Estados Unidos en San José le notificó la decisión basándose en “información que podría indicar que no soy elegible”. Bueno, eso ya suena a sospechas, ¿no creen? Baruch ya anda tramitando una nueva visa, pero lo que realmente echó a rodar fue su descargo: cree que detrás de esto hay una jugada sucia orquestada desde la administración de nuestro querido (y a veces controversial) presidente Rodrigo Chaves.
Y hablando del presidente, éste salió al paso negándolo rotundamente. De hecho, Chaves prefirió no meterse en “las políticas y las decisiones del poderoso aliado… con quien hemos alineado intereses y amistad”. ¡Qué diplomacia!, digo yo. Como si estuviera tratando de evitar un choque entre trenes. Pero claro, involucrar a Estados Unidos es jugar fuerte, y nadie quiere meterse con gringos, ¿verdad?
Pero ahí viene la estampa, queridos lectores. Según Baruch, esta revocación de visa tiene mucho que ver con los señalamientos de evasión fiscal y lavado de dinero que surgieron del llamado “Mega Caso” en Panamá. Y acá sí se puso picante: acusó a Chaves de ser un “cobarde que no está dispuesto a enfrentar la justicia por sus actos corruptos, escondiéndose bajo las faldas de la inmunidad”. ¡Uf, qué palabrería! Esto ya parece novela venezolana, diay.
Para rematar, Baruch señaló que todo comenzó con un video de TikTok, supuestamente impulsado por gente cercana al gobierno. Dice que tiene pruebas de que la diputada Pilar Cisneros y el mismísimo ministro de Hacienda, Nogui Acosta, estaban al tanto de la creación de ese video, donde se le achacaban ¢11.000 millones en evasión fiscal. ¡Una cifra que, según él, fue “inventada con fines mediáticos”! El mae va con todo, ¿eh?
Lo curioso es que Baruch afirma que la Dirección de Tributación emitió un “Informe de Cierre Final” en 2022 donde se descartaba cualquier delito. Sin embargo, aseguran que el documento fue ocultado para complacer al Poder Ejecutivo. Parece que hay muchos intereses en juego, y la verdad está quedando enterrada bajo una montaña de acusaciones y contradicciones. A este ritmo, vamos a necesitar un arqueólogo para encontrarla.
Además, Baruch incluso alega que Chaves le pidió directamente al presidente panameño que abriera una investigación en su contra. “Tira la piedra y esconde la mano”, escribió en su comunicado, dejando caer que el presidente estaría buscando venganza personal. ¡Qué brete! Uno esperaría más madurez en estas situaciones, pero parece que la política costarricense sigue siendo un patio de juegos de adultos molestos.
Ahora, el balón está en la cancha de la ciudadanía. Con tanta acusación cruzada, manipulación de información y señalamientos turbios, ¿hasta dónde llega la responsabilidad de nuestros funcionarios públicos? ¿Se trata de una persecución política o de una lucha legítima contra la corrupción? Y lo más importante: ¿Cómo podemos, como sociedad, exigir transparencia y rendición de cuentas a quienes nos representan? ¡Díganme qué piensan!
