En Costa Rica, más de 215.000 adultos mayores viven sin ningún tipo de pensión, una realidad que evidencia la fragilidad del sistema de protección social del país. Este número no es solo una cifra fría; representa a miles de personas que, tras décadas de trabajo, llegan a la vejez sin la seguridad económica que se espera en esa etapa de la vida.
A esta realidad se suma la dificultad del sistema estatal para cubrir a toda la población. Aunque existen programas de pensión no contributiva, estos no alcanzan a todos los que lo necesitan. La burocracia y los requisitos para acceder a estos beneficios son barreras que muchos no pueden superar. Además, el monto de estas pensiones es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona mayor. Estamos hablando de montos que no superan los 90.000 colones, una cifra que apenas alcanza para cubrir gastos de alimentación.
En este contexto, la carga económica recae en las familias. En una sociedad donde el envejecimiento poblacional es cada vez más pronunciado, las familias costarricenses, ya de por sí afectadas por la crisis económica, deben hacerse cargo de sus adultos mayores sin apoyo estatal adecuado.
¿Es justo que una sociedad relegue a los más vulnerables a depender de la caridad de sus hijos o de la solidaridad de sus vecinos?
Este escenario solo perpetúa un ciclo de pobreza intergeneracional.
Pero el problema no termina ahí. La ausencia de una pensión también significa que estos adultos mayores quedan excluidos de acceder a otros beneficios sociales que están ligados al sistema de seguridad social. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud de calidad se ve limitado, lo que agrava su situación. Envejecer sin una pensión en Costa Rica es, en muchos casos, envejecer sin dignidad.
Este panorama nos lleva a cuestionarnos como sociedad: ¿qué valor le damos a nuestros adultos mayores? En un país donde el "pura vida" se vende como eslogan turístico, pareciera que la vida de aquellos que ya no pueden producir no importa tanto. Se les invisibiliza, se les deja a su suerte, mientras seguimos promoviendo un país solidario y feliz. La contradicción es evidente, y el problema no es solo económico, sino profundamente social y cultural.
La vejez no debería ser sinónimo de pobreza ni de abandono. Las políticas públicas deberían enfocarse en garantizar que todos los adultos mayores, sin importar su historia laboral, tengan acceso a una pensión digna. Esto requerirá reformas profundas en el sistema de pensiones y una revalorización del trabajo no formal. Se necesita una mirada más inclusiva y justa para integrar a quienes han sido excluidos históricamente del sistema.
Por otro lado, la educación sobre la importancia de cotizar a lo largo de la vida laboral es esencial, pero también lo es reconocer que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para hacerlo. En este sentido, el Estado tiene una responsabilidad ineludible de garantizar que el derecho a una pensión sea universal y no esté condicionado solo a aquellos que han tenido empleos formales.
El envejecimiento de la población es una realidad que Costa Rica no puede ignorar. Cada vez más personas llegarán a la tercera edad y, si el sistema no se ajusta, las cifras de adultos mayores sin pensión seguirán aumentando. Es hora de que como sociedad nos preguntemos: ¿qué tipo de futuro queremos construir para quienes han construido nuestro presente?
La situación de los adultos mayores sin pensión en Costa Rica no solo refleja fallas económicas y burocráticas, sino también un problema de valores. Si no actuamos pronto, estaremos condenando a generaciones enteras a envejecer en la pobreza, mientras seguimos celebrando una falsa imagen de prosperidad y solidaridad.
- ¿Cómo se explica este fenómeno en un país que se enorgullece de sus políticas sociales?
- ¿Qué falla en la estructura que debería proteger a quienes han contribuido al desarrollo de la nación?
A esta realidad se suma la dificultad del sistema estatal para cubrir a toda la población. Aunque existen programas de pensión no contributiva, estos no alcanzan a todos los que lo necesitan. La burocracia y los requisitos para acceder a estos beneficios son barreras que muchos no pueden superar. Además, el monto de estas pensiones es insuficiente para cubrir las necesidades básicas de una persona mayor. Estamos hablando de montos que no superan los 90.000 colones, una cifra que apenas alcanza para cubrir gastos de alimentación.
En este contexto, la carga económica recae en las familias. En una sociedad donde el envejecimiento poblacional es cada vez más pronunciado, las familias costarricenses, ya de por sí afectadas por la crisis económica, deben hacerse cargo de sus adultos mayores sin apoyo estatal adecuado.
¿Es justo que una sociedad relegue a los más vulnerables a depender de la caridad de sus hijos o de la solidaridad de sus vecinos?
Este escenario solo perpetúa un ciclo de pobreza intergeneracional.
Pero el problema no termina ahí. La ausencia de una pensión también significa que estos adultos mayores quedan excluidos de acceder a otros beneficios sociales que están ligados al sistema de seguridad social. Por ejemplo, el acceso a servicios de salud de calidad se ve limitado, lo que agrava su situación. Envejecer sin una pensión en Costa Rica es, en muchos casos, envejecer sin dignidad.
Este panorama nos lleva a cuestionarnos como sociedad: ¿qué valor le damos a nuestros adultos mayores? En un país donde el "pura vida" se vende como eslogan turístico, pareciera que la vida de aquellos que ya no pueden producir no importa tanto. Se les invisibiliza, se les deja a su suerte, mientras seguimos promoviendo un país solidario y feliz. La contradicción es evidente, y el problema no es solo económico, sino profundamente social y cultural.
La vejez no debería ser sinónimo de pobreza ni de abandono. Las políticas públicas deberían enfocarse en garantizar que todos los adultos mayores, sin importar su historia laboral, tengan acceso a una pensión digna. Esto requerirá reformas profundas en el sistema de pensiones y una revalorización del trabajo no formal. Se necesita una mirada más inclusiva y justa para integrar a quienes han sido excluidos históricamente del sistema.
Por otro lado, la educación sobre la importancia de cotizar a lo largo de la vida laboral es esencial, pero también lo es reconocer que no todas las personas tienen las mismas oportunidades para hacerlo. En este sentido, el Estado tiene una responsabilidad ineludible de garantizar que el derecho a una pensión sea universal y no esté condicionado solo a aquellos que han tenido empleos formales.
El envejecimiento de la población es una realidad que Costa Rica no puede ignorar. Cada vez más personas llegarán a la tercera edad y, si el sistema no se ajusta, las cifras de adultos mayores sin pensión seguirán aumentando. Es hora de que como sociedad nos preguntemos: ¿qué tipo de futuro queremos construir para quienes han construido nuestro presente?
La situación de los adultos mayores sin pensión en Costa Rica no solo refleja fallas económicas y burocráticas, sino también un problema de valores. Si no actuamos pronto, estaremos condenando a generaciones enteras a envejecer en la pobreza, mientras seguimos celebrando una falsa imagen de prosperidad y solidaridad.
