¡Ay, Dios mío! Parece que ahora la justicia va a tener sabor a venganza... o al menos eso dice el Frente Amplio con su nuevo proyecto de ley. La idea es simple: si te mandan pa' afuera por narcotráfico, olvídate de tus jueces, casas y carros lujosos porque van directo al Ministerio de Seguridad. ¡Qué caraíta!
La movida es así: durante años, cuando un capo se iba extraditado a gringolandia a responder por sus fechorías, todo el patrimonio que tenía acá quedaba varado. Litigios eternos, trámites burocráticos interminables... una torta total. Este proyecto quiere ponerlele un paro a eso y darle vía libre al Estado para quedarse con toda la fortuna mal habida.
Imagínense, las mansiones de Curridabat, los jeepsetas relucientes, las cuentas bancarias secretas… todo eso, en lugar de seguir siendo símbolo de poderío criminal, pasando a engrosar las arcas del gobierno para fortalecer a la policía y al OIJ. ¡Un cambio de aires tremendo, mae!
Según explican los diputados del Frente Amplio, esto viene justificado por la emergencia de seguridad que estamos viviendo. La policía clama por más presupuesto, por mejores equipos, por más patrullas… Y qué mejor forma de conseguirlo que usando el mismo dinero que los narcos usaron para sembrar el terror y la violencia en nuestras comunidades. De verdad, parece mentira que estemos hablando de esto.
Pero ojo, que no es tan sencillo. Como siempre, hay bichos en el camino. Los abogados de los narcos ya estarán buscando resquicios legales para evitar que les confisquen sus propiedades. Además, habrá que ver cómo maneja el ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas) la administración de estos bienes. ¡Que no se vayan al garete, diay!
Desde el PLN (Partido Liberal Nacional), obviamente, ya están criticando la iniciativa. Dicen que viola derechos humanos, que es insegura jurídica y que puede afectar la imagen internacional del país. Pero bueno, ellos siempre tienen alguna excusa lista, ¿verdad? Uno pensaría que ante una crisis de seguridad como la que vivimos, estarían más preocupados por soluciones efectivas que por proteger los intereses de los delincuentes.
Y es que hablemos claro, la situación está jodidísima. Las bandas han agarrado fuerza, el negocio de las drogas sigue floreciendo y la policía está prácticamente desarmada. Esta medida, aunque controversial, podría ser un soplo de aire fresco, una forma de darle pelea a estos malditos sin tener que andar pidiendo prestado a nadie. A fin de cuentas, ¿qué más justo que usar el dinero robado para combatir el robo?
Así que ahí tenemos la jugada. Un proyecto audaz, polémico, pero quizás necesario. Ahora, la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes creen que esta medida realmente servirá para debilitar a las bandas criminales, o simplemente se convertirá en otro fiasco más en nuestra historia? ¡Compartan sus opiniones, mae! Que viva Costa Rica y que le agarremos con todo a esta vaina!
La movida es así: durante años, cuando un capo se iba extraditado a gringolandia a responder por sus fechorías, todo el patrimonio que tenía acá quedaba varado. Litigios eternos, trámites burocráticos interminables... una torta total. Este proyecto quiere ponerlele un paro a eso y darle vía libre al Estado para quedarse con toda la fortuna mal habida.
Imagínense, las mansiones de Curridabat, los jeepsetas relucientes, las cuentas bancarias secretas… todo eso, en lugar de seguir siendo símbolo de poderío criminal, pasando a engrosar las arcas del gobierno para fortalecer a la policía y al OIJ. ¡Un cambio de aires tremendo, mae!
Según explican los diputados del Frente Amplio, esto viene justificado por la emergencia de seguridad que estamos viviendo. La policía clama por más presupuesto, por mejores equipos, por más patrullas… Y qué mejor forma de conseguirlo que usando el mismo dinero que los narcos usaron para sembrar el terror y la violencia en nuestras comunidades. De verdad, parece mentira que estemos hablando de esto.
Pero ojo, que no es tan sencillo. Como siempre, hay bichos en el camino. Los abogados de los narcos ya estarán buscando resquicios legales para evitar que les confisquen sus propiedades. Además, habrá que ver cómo maneja el ICD (Instituto Costarricense sobre Drogas) la administración de estos bienes. ¡Que no se vayan al garete, diay!
Desde el PLN (Partido Liberal Nacional), obviamente, ya están criticando la iniciativa. Dicen que viola derechos humanos, que es insegura jurídica y que puede afectar la imagen internacional del país. Pero bueno, ellos siempre tienen alguna excusa lista, ¿verdad? Uno pensaría que ante una crisis de seguridad como la que vivimos, estarían más preocupados por soluciones efectivas que por proteger los intereses de los delincuentes.
Y es que hablemos claro, la situación está jodidísima. Las bandas han agarrado fuerza, el negocio de las drogas sigue floreciendo y la policía está prácticamente desarmada. Esta medida, aunque controversial, podría ser un soplo de aire fresco, una forma de darle pelea a estos malditos sin tener que andar pidiendo prestado a nadie. A fin de cuentas, ¿qué más justo que usar el dinero robado para combatir el robo?
Así que ahí tenemos la jugada. Un proyecto audaz, polémico, pero quizás necesario. Ahora, la pelota está en la cancha de la Asamblea Legislativa. ¿Ustedes creen que esta medida realmente servirá para debilitar a las bandas criminales, o simplemente se convertirá en otro fiasco más en nuestra historia? ¡Compartan sus opiniones, mae! Que viva Costa Rica y que le agarremos con todo a esta vaina!
