¡Ay, Dios mío! Esto sí que pinta serio. Los diputados le dieron luz verde a un proyecto de ley que busca darle unos buenos mampazos a las organizaciones criminales que andan operando por acá. Parece que ya hartaron de ver cómo matan gente y después resulta que no hay nadie pa' quién echarle la culpa, porque no logran demostrar a quién pertenecen esos asesinos.
Todo esto viene por cuenta del expediente 24.741, impulsado por la diputada Priscilla Vindas, que básicamente propone incluir la pertenencia a una banda como agravante para el delito de homicidio. Antes, si matabas a alguien, era homicidio simple. Ahora, si pertenecías a una organización, ¡aguántate! Te pueden meter preso por bastante tiempo, y con justa razón. Imagínate, antes era facilito pa’ los güevos para salir de esas acusaciones.
La idea, según Vindas, es cerrarles el paso a los llamados ‘sicarios freelance’, esos tipos que andan ofreciendo sus servicios a cambio de lana. Porque, díganlo en voz alta, ¡ya ni siquiera tienen que pertenecer a una organización grande para mandar a alguien al otro mundo! Ahora, con este proyecto, quieren frenar eso, haciendo que ofrecer o solicitar un contrato de muerte sea penado con cárcel. Debería haber más cosas así, la verdad.
La ley introduce algunas modificaciones interesantes al Código Penal. Por ejemplo, agregan un nuevo artículo que castiga con 20 a 35 años de cárcel a quien mate a alguien siendo miembro de una organización criminal. ¡Eso sí es ponerlos en cintura! Además, quieren meterle presión a los que andan publicitando sus servicios de asesinato, prometiendo penas de dos a cuatro años de prisión. ¡Imagínate qué vida más macabra!
Pero no se quedan ahí. También endurecen las penas para los jefes de bandas, imponiendo condenas de uno a seis años de prisión para quienes participan activamente en la organización, y de dos a ocho años para los que la dirigen o crean. Lo bueno es que aumentan esas penas si la banda tiene más de diez personas, usa armas, tecnología avanzada o involucra a menores o mujeres embarazadas. ¡Qué necesidad tienen estos mafiosos de reclutar a jovencitos pa’ hacer sus negocios sucios!
Y no nos olvidemos de los casos extremos. Si la organización tiene como objetivo cometer actos de terrorismo, ¡prepárense! Las penas podrían llegar hasta los diez años de cárcel. Esto demuestra que el gobierno está tomando en serio la amenaza que representan estos grupos, aunque algunos todavía digan que todo es exageración... ¡Pura paja, mi pana!
Muchos analistas dicen que esta ley podría ser un primer paso importante para combatir el crimen organizado en Costa Rica. Aunque claro, siempre habrá detractores que argumenten que no es suficiente, o que violará derechos humanos… Pero, sinceramente, ¿qué derechos humanos tiene una víctima asesinada por un sicario contratado? Eso sí que es preocupante, hermano. Hay que proteger a la población decente, que trabaja honestamente y quiere vivir en paz.
En fin, parece que el Congreso quiere mostrarle al país que no se anda con rodeos cuando se trata de enfrentar al crimen. Pero, ¿será suficiente esta ley para realmente acabar con las organizaciones criminales? ¿O simplemente estamos parcheando el techo mientras el barco se hunde lentamente? ¿Ustedes creen que esta medida tendrá un impacto real en la seguridad nacional o solo es una cortina de humo política?
Todo esto viene por cuenta del expediente 24.741, impulsado por la diputada Priscilla Vindas, que básicamente propone incluir la pertenencia a una banda como agravante para el delito de homicidio. Antes, si matabas a alguien, era homicidio simple. Ahora, si pertenecías a una organización, ¡aguántate! Te pueden meter preso por bastante tiempo, y con justa razón. Imagínate, antes era facilito pa’ los güevos para salir de esas acusaciones.
La idea, según Vindas, es cerrarles el paso a los llamados ‘sicarios freelance’, esos tipos que andan ofreciendo sus servicios a cambio de lana. Porque, díganlo en voz alta, ¡ya ni siquiera tienen que pertenecer a una organización grande para mandar a alguien al otro mundo! Ahora, con este proyecto, quieren frenar eso, haciendo que ofrecer o solicitar un contrato de muerte sea penado con cárcel. Debería haber más cosas así, la verdad.
La ley introduce algunas modificaciones interesantes al Código Penal. Por ejemplo, agregan un nuevo artículo que castiga con 20 a 35 años de cárcel a quien mate a alguien siendo miembro de una organización criminal. ¡Eso sí es ponerlos en cintura! Además, quieren meterle presión a los que andan publicitando sus servicios de asesinato, prometiendo penas de dos a cuatro años de prisión. ¡Imagínate qué vida más macabra!
Pero no se quedan ahí. También endurecen las penas para los jefes de bandas, imponiendo condenas de uno a seis años de prisión para quienes participan activamente en la organización, y de dos a ocho años para los que la dirigen o crean. Lo bueno es que aumentan esas penas si la banda tiene más de diez personas, usa armas, tecnología avanzada o involucra a menores o mujeres embarazadas. ¡Qué necesidad tienen estos mafiosos de reclutar a jovencitos pa’ hacer sus negocios sucios!
Y no nos olvidemos de los casos extremos. Si la organización tiene como objetivo cometer actos de terrorismo, ¡prepárense! Las penas podrían llegar hasta los diez años de cárcel. Esto demuestra que el gobierno está tomando en serio la amenaza que representan estos grupos, aunque algunos todavía digan que todo es exageración... ¡Pura paja, mi pana!
Muchos analistas dicen que esta ley podría ser un primer paso importante para combatir el crimen organizado en Costa Rica. Aunque claro, siempre habrá detractores que argumenten que no es suficiente, o que violará derechos humanos… Pero, sinceramente, ¿qué derechos humanos tiene una víctima asesinada por un sicario contratado? Eso sí que es preocupante, hermano. Hay que proteger a la población decente, que trabaja honestamente y quiere vivir en paz.
En fin, parece que el Congreso quiere mostrarle al país que no se anda con rodeos cuando se trata de enfrentar al crimen. Pero, ¿será suficiente esta ley para realmente acabar con las organizaciones criminales? ¿O simplemente estamos parcheando el techo mientras el barco se hunde lentamente? ¿Ustedes creen que esta medida tendrá un impacto real en la seguridad nacional o solo es una cortina de humo política?
