¡Aguántense! El gallo se armó gordo en la Asamblea Legislativa. Resulta que el Patronato Nacional de la Infancia (PANI) abrió una investigación a la hija del candidato presidencial del PLN, Álvaro Ramos, por un discurso que dio en un evento privado. Pero ojo, varios diputados de la oposición están sacando humo por los costados, acusando al Presidente Chaves de meterle los dedos donde no alcanzan y de usar al PANI como herramienta para perseguir a sus opositores. ¡Menuda vaina!
La polémica comenzó cuando un video de la joven Ramos circuló en redes sociales, mostrando fragmentos de su discurso. Según algunos analistas, el contenido tenía tintes políticos y podría haber sido interpretado como incitación a la opinión pública, aunque eso sigue siendo materia de debate. Lo cierto es que el PANI no tardó en reaccionar y abrir una investigación, lo que rápidamente encendió las alarmas dentro de la oposición.
“Se le va la mano, mijo”, declaró Ariel Robles, diputado del Frente Amplio y también candidato presidencial. Robles fue contundente al afirmar que el presidente Chaves está utilizando instituciones públicas para atacar a sus rivales políticos. “Nunca podemos aceptar que la institucionalidad pública se utilice para amedrentar o perseguir, y mucho menos cuando se trata de los hijos e hijas de quienes participamos en política,” enfatizó Robles, quien además recalcó que el debate político debe darse entre actores políticos y no involucrar a menores de edad. Este mae está echándole ganas para dejar claro su punto.
Monserrat Ruiz, diputada liberacionista, también se sumó a la crítica. Ruiz calificó el uso del PANI en este caso como “profundamente preocupante y reprochable”. Señaló que no existe ningún delito ni una vulneración al interés superior de la menor, ya que esta estaba acompañada por su padre y ejerciendo su derecho a expresarse. “Convertir esto en un expediente institucional desnaturaliza por completo la función del PANI y debilita su credibilidad”, aseveró.
Pero la cosa no termina ahí. La diputada Johana Obando, independiente, fue aún más dura. “Nuevamente vemos cómo se usan las instituciones del Estado para la instrumentalización de la política, en contra de candidatos presidenciales de la oposición”, sentenció Obando. Incluso llegó a decir que el caso podría ser el “inicio de una dictadura donde se utiliza el aparato estatal para perseguir a los enemigos políticos”. ¡Uf, qué cargón!
Obando cuestionó la aparente doble moral del PANI, recordando que han permanecido omisos en casos de abuso sexual, violencia física y abandono de menores, mientras que actúan con rapidez cuando se trata de asuntos políticos. “Parece que es parte del show que viene desde el Ejecutivo, accionando hacia la oposición”, criticó la legisladora. Pareciera que el PANI está más interesado en limpiar la imagen del gobierno que en proteger a los más vulnerables.
Por supuesto, el PANI defendió su decisión de abrir la investigación, argumentando que simplemente están cumpliendo con su deber de velar por el bienestar de todos los menores. En un comunicado oficial, aseguraron que la investigación se inició tras la publicación del video en redes sociales y que seguirán el debido proceso legal. Pero la ciudadanía, como siempre, se queda dividida: ¿está el PANI actuando correctamente, protegiendo a la infancia, o está siendo utilizado como peón en una guerra política?
Este caso abre un debate crucial sobre los límites del poder político y la independencia de las instituciones públicas. ¿Debería el PANI intervenir en discursos políticos, incluso si estos son dados por hijos de candidatos? ¿Dónde trazamos la línea entre la protección de la infancia y la libertad de expresión? ¿Cree usted que el PANI está actuando de manera imparcial en esta investigación, o hay motivos para sospechar de una motivación política detrás de esta acción? ¡Déjeme saber su opinión en los comentarios!
La polémica comenzó cuando un video de la joven Ramos circuló en redes sociales, mostrando fragmentos de su discurso. Según algunos analistas, el contenido tenía tintes políticos y podría haber sido interpretado como incitación a la opinión pública, aunque eso sigue siendo materia de debate. Lo cierto es que el PANI no tardó en reaccionar y abrir una investigación, lo que rápidamente encendió las alarmas dentro de la oposición.
“Se le va la mano, mijo”, declaró Ariel Robles, diputado del Frente Amplio y también candidato presidencial. Robles fue contundente al afirmar que el presidente Chaves está utilizando instituciones públicas para atacar a sus rivales políticos. “Nunca podemos aceptar que la institucionalidad pública se utilice para amedrentar o perseguir, y mucho menos cuando se trata de los hijos e hijas de quienes participamos en política,” enfatizó Robles, quien además recalcó que el debate político debe darse entre actores políticos y no involucrar a menores de edad. Este mae está echándole ganas para dejar claro su punto.
Monserrat Ruiz, diputada liberacionista, también se sumó a la crítica. Ruiz calificó el uso del PANI en este caso como “profundamente preocupante y reprochable”. Señaló que no existe ningún delito ni una vulneración al interés superior de la menor, ya que esta estaba acompañada por su padre y ejerciendo su derecho a expresarse. “Convertir esto en un expediente institucional desnaturaliza por completo la función del PANI y debilita su credibilidad”, aseveró.
Pero la cosa no termina ahí. La diputada Johana Obando, independiente, fue aún más dura. “Nuevamente vemos cómo se usan las instituciones del Estado para la instrumentalización de la política, en contra de candidatos presidenciales de la oposición”, sentenció Obando. Incluso llegó a decir que el caso podría ser el “inicio de una dictadura donde se utiliza el aparato estatal para perseguir a los enemigos políticos”. ¡Uf, qué cargón!
Obando cuestionó la aparente doble moral del PANI, recordando que han permanecido omisos en casos de abuso sexual, violencia física y abandono de menores, mientras que actúan con rapidez cuando se trata de asuntos políticos. “Parece que es parte del show que viene desde el Ejecutivo, accionando hacia la oposición”, criticó la legisladora. Pareciera que el PANI está más interesado en limpiar la imagen del gobierno que en proteger a los más vulnerables.
Por supuesto, el PANI defendió su decisión de abrir la investigación, argumentando que simplemente están cumpliendo con su deber de velar por el bienestar de todos los menores. En un comunicado oficial, aseguraron que la investigación se inició tras la publicación del video en redes sociales y que seguirán el debido proceso legal. Pero la ciudadanía, como siempre, se queda dividida: ¿está el PANI actuando correctamente, protegiendo a la infancia, o está siendo utilizado como peón en una guerra política?
Este caso abre un debate crucial sobre los límites del poder político y la independencia de las instituciones públicas. ¿Debería el PANI intervenir en discursos políticos, incluso si estos son dados por hijos de candidatos? ¿Dónde trazamos la línea entre la protección de la infancia y la libertad de expresión? ¿Cree usted que el PANI está actuando de manera imparcial en esta investigación, o hay motivos para sospechar de una motivación política detrás de esta acción? ¡Déjeme saber su opinión en los comentarios!
