¡Ay, Dios mío! Parece que algunos partidos políticos acá en Costa Rica le tienen miedo a las responsabilidades como un gato a la lluvia. Resulta que la ley para frenar la violencia contra las mujeres en la política existe desde 2022, pero parece que muchos prefieren hacerle caso omiso. ¡Qué despiche!
Y es que, según Wendy González, una de las magistradas del Tribunal Supremos de Elecciones (TSE), la gran mayoría de los partidos –y ni hablar de los cantones– no están cumpliendo con lo que marca la ley. De los partidos a nivel nacional, apenas 13 están haciendo bien las cosas, mientras que ¡21! andan dando tumbos. En los cantones, la cosa pinta peor: solo tres sí la cumplen y veinte simplemente le hacen bolas.
La ley dice clarito, ¿eh?, que los partidos y las instituciones públicas tienen que tener reglas internas para evitar y castigar este tipo de comportamientos. Debe haber alguien encargado de recibir denuncias, procesos claros y sanciones que den respeto. No es un juego, gente. Se trata de proteger a las compañeras que se meten en la arena política.
Lo interesante es que, según el artículo 7 de la ley, si un partido que recibe fondos públicos no cumple con estas normas, el TSE puede retenerle un 25% de los gastos de capacitación. Pero aquí viene el bombazo: ¡los partidos no reportan esos gastos de capacitación! Solo dicen cuánto gastan en organización, y ahí es donde empiezan a moverle al asunto a partir de octubre con la campaña. ¡Qué trampota!
Como la magistrada González lo puso: “Aquí aplica lo de ‘hecha la ley, hecha la trampa’”. Y vaya que es cierto. Hasta ahora, nadie ha recibido esa retención, porque nadie presenta los informes correctos. El cumplimiento de la ley queda entonces a pura voluntad de cada partido político. Una lástima, porque así no vamos a llegar a ninguna parte.
La verdad, es que me da qué pensar cómo podemos avanzar en temas de igualdad de género cuando tenemos figuras clave que deberían estar velando por el cumplimiento de la ley, dejando las cosas a la libre interpretación de los partidos. ¿Dónde quedó la responsabilidad institucional?
Y eso que no hay listas definitivas de quiénes son los infractores, pues la magistrada remite al sitio web del TSE, donde… ¡sorpresa!, tampoco hay detalle alguno. Hay que rifarse para encontrar información clara, y eso no debería ser así. Uno espera transparencia, ¿verdad? Al final, esto raya en la complicidad, aunque sea pasiva. Da la impresión de que todos prefieren mirar hacia otro lado mientras siguen perpetuándose dinámicas machistas en la política costarricense.
Ahora, dígame usted: ¿Cómo creen que podemos exigir mayor cumplimiento de esta ley y garantizar que las mujeres tengan un espacio seguro y equitativo en la política nacional? ¿Es suficiente con la amenaza de retener fondos, o necesitamos medidas más contundentes y mecanismos de control más efectivos? ¡Démosle duro al debate!
Y es que, según Wendy González, una de las magistradas del Tribunal Supremos de Elecciones (TSE), la gran mayoría de los partidos –y ni hablar de los cantones– no están cumpliendo con lo que marca la ley. De los partidos a nivel nacional, apenas 13 están haciendo bien las cosas, mientras que ¡21! andan dando tumbos. En los cantones, la cosa pinta peor: solo tres sí la cumplen y veinte simplemente le hacen bolas.
La ley dice clarito, ¿eh?, que los partidos y las instituciones públicas tienen que tener reglas internas para evitar y castigar este tipo de comportamientos. Debe haber alguien encargado de recibir denuncias, procesos claros y sanciones que den respeto. No es un juego, gente. Se trata de proteger a las compañeras que se meten en la arena política.
Lo interesante es que, según el artículo 7 de la ley, si un partido que recibe fondos públicos no cumple con estas normas, el TSE puede retenerle un 25% de los gastos de capacitación. Pero aquí viene el bombazo: ¡los partidos no reportan esos gastos de capacitación! Solo dicen cuánto gastan en organización, y ahí es donde empiezan a moverle al asunto a partir de octubre con la campaña. ¡Qué trampota!
Como la magistrada González lo puso: “Aquí aplica lo de ‘hecha la ley, hecha la trampa’”. Y vaya que es cierto. Hasta ahora, nadie ha recibido esa retención, porque nadie presenta los informes correctos. El cumplimiento de la ley queda entonces a pura voluntad de cada partido político. Una lástima, porque así no vamos a llegar a ninguna parte.
La verdad, es que me da qué pensar cómo podemos avanzar en temas de igualdad de género cuando tenemos figuras clave que deberían estar velando por el cumplimiento de la ley, dejando las cosas a la libre interpretación de los partidos. ¿Dónde quedó la responsabilidad institucional?
Y eso que no hay listas definitivas de quiénes son los infractores, pues la magistrada remite al sitio web del TSE, donde… ¡sorpresa!, tampoco hay detalle alguno. Hay que rifarse para encontrar información clara, y eso no debería ser así. Uno espera transparencia, ¿verdad? Al final, esto raya en la complicidad, aunque sea pasiva. Da la impresión de que todos prefieren mirar hacia otro lado mientras siguen perpetuándose dinámicas machistas en la política costarricense.
Ahora, dígame usted: ¿Cómo creen que podemos exigir mayor cumplimiento de esta ley y garantizar que las mujeres tengan un espacio seguro y equitativo en la política nacional? ¿Es suficiente con la amenaza de retener fondos, o necesitamos medidas más contundentes y mecanismos de control más efectivos? ¡Démosle duro al debate!
