Maes, seamos honestos: no hay susto que se compare con el de llegar a la caja de una farmacia con una receta en la mano. Uno va mentalizado para el golpe, pero casi siempre termina siendo peor. Por años, la vara con los precios de los medicamentos en este país ha sido un abuso a mano armada, una de esas tortas nacionales de las que todo el mundo se queja en el almuerzo familiar, pero que parece nunca solucionarse. Bueno, pues parece que algo se está moviendo, finalmente, allá por Cuesta de Moras, y hay un proyecto de ley que promete ponerle un alto a la fiesta de las farmacéuticas.
Para que se hagan una idea del nivel del problema, los datos que han salido en la discusión de este proyecto son para sentarse a llorar. Según la diputada socialcristiana María Marta Carballo, que parece que se puso las pilas con el tema, casi la mitad del gasto en salud de una familia tica promedio se va en puros chunches de farmacia. ¡La mitad! Y no es porque nos enfermemos más, es porque aquí pagamos, en promedio, cuatro veces más por los mismos medicamentos que en los países de la OCDE. Y para rematar, la diputada advirtió que el 80% de los productos que vemos en los estantes no tienen competencia real. ¡Qué despiche de mercado! Por eso no es raro que un tratamiento aquí cueste hasta diez veces más que en Panamá o Nicaragua. Una locura total.
Pero bueno, vamos a lo bueno. El expediente 23.234, que es el nombre técnico de esta iniciativa, no es puro cuento. La propuesta suena bastante sólida y ataca el problema por varios frentes. Primero, quiere meter un precio de entrada regulado, para que no puedan ponerle el precio que les da la gana desde el día uno. ¡Qué chiva suena eso, la verdad! Además, propone la creación de un Observatorio Nacional de Precios. Esto, en buen tico, sería como un “Google” de las medicinas para que uno pueda comparar precios entre farmacias y ver quién se está pasando de listo. Se acabaría el tener que ir de farmacia en farmacia “a ver cómo nos va”. Si se logra, sería un cambio a cachete.
El proyecto también busca agilizar el registro de medicamentos que ya fueron aprobados por agencias internacionales de calidad, como la FDA de Estados Unidos o la de Europa. Esto es clave, porque rompería la lentitud con la que entran nuevas opciones (y más baratas) al país. Y quizás lo más importante: prohibiría los contratos de exclusividad entre farmacéuticas y farmacias, que son el portillo perfecto para crear monopolios de facto y asegurarse de que nadie más pueda vender un producto más barato. La verdad es que el plan, en papel, se ve muy bien armado para atacar las mañas que todos sabemos que existen.
Ahora, como todo en nuestra querida Costa Rica, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, usualmente hay un “pero” esperando a la vuelta de la esquina. La misma diputada Carballo tiró la alerta: se escuchan rumores de que algunos podrían presentar una consulta de constitucionalidad contra el proyecto. Esto, maes, es la jugada clásica para entrabar la vara por meses, o hasta años, en la Sala IV. Sería el colmo, ¡qué sal!, que después de tanto brete y de que (casi) todas las fracciones se pusieron de acuerdo en algo tan necesario, la cosa se vaya al traste por una jugada legal de última hora. Es evidente que hay intereses muy grandes y poderosos que no quieren que esto pase.
Diay, la pregunta del millón es: ¿creen que esta vez sí va en serio o es puro atolillo con el dedo para las elecciones que vienen? ¿Llegaremos a ver precios justos en las farmacias o los grandes poderes económicos se van a jalar una torta para frenar esto? Los leo.
Para que se hagan una idea del nivel del problema, los datos que han salido en la discusión de este proyecto son para sentarse a llorar. Según la diputada socialcristiana María Marta Carballo, que parece que se puso las pilas con el tema, casi la mitad del gasto en salud de una familia tica promedio se va en puros chunches de farmacia. ¡La mitad! Y no es porque nos enfermemos más, es porque aquí pagamos, en promedio, cuatro veces más por los mismos medicamentos que en los países de la OCDE. Y para rematar, la diputada advirtió que el 80% de los productos que vemos en los estantes no tienen competencia real. ¡Qué despiche de mercado! Por eso no es raro que un tratamiento aquí cueste hasta diez veces más que en Panamá o Nicaragua. Una locura total.
Pero bueno, vamos a lo bueno. El expediente 23.234, que es el nombre técnico de esta iniciativa, no es puro cuento. La propuesta suena bastante sólida y ataca el problema por varios frentes. Primero, quiere meter un precio de entrada regulado, para que no puedan ponerle el precio que les da la gana desde el día uno. ¡Qué chiva suena eso, la verdad! Además, propone la creación de un Observatorio Nacional de Precios. Esto, en buen tico, sería como un “Google” de las medicinas para que uno pueda comparar precios entre farmacias y ver quién se está pasando de listo. Se acabaría el tener que ir de farmacia en farmacia “a ver cómo nos va”. Si se logra, sería un cambio a cachete.
El proyecto también busca agilizar el registro de medicamentos que ya fueron aprobados por agencias internacionales de calidad, como la FDA de Estados Unidos o la de Europa. Esto es clave, porque rompería la lentitud con la que entran nuevas opciones (y más baratas) al país. Y quizás lo más importante: prohibiría los contratos de exclusividad entre farmacéuticas y farmacias, que son el portillo perfecto para crear monopolios de facto y asegurarse de que nadie más pueda vender un producto más barato. La verdad es que el plan, en papel, se ve muy bien armado para atacar las mañas que todos sabemos que existen.
Ahora, como todo en nuestra querida Costa Rica, cuando algo suena demasiado bueno para ser verdad, usualmente hay un “pero” esperando a la vuelta de la esquina. La misma diputada Carballo tiró la alerta: se escuchan rumores de que algunos podrían presentar una consulta de constitucionalidad contra el proyecto. Esto, maes, es la jugada clásica para entrabar la vara por meses, o hasta años, en la Sala IV. Sería el colmo, ¡qué sal!, que después de tanto brete y de que (casi) todas las fracciones se pusieron de acuerdo en algo tan necesario, la cosa se vaya al traste por una jugada legal de última hora. Es evidente que hay intereses muy grandes y poderosos que no quieren que esto pase.
Diay, la pregunta del millón es: ¿creen que esta vez sí va en serio o es puro atolillo con el dedo para las elecciones que vienen? ¿Llegaremos a ver precios justos en las farmacias o los grandes poderes económicos se van a jalar una torta para frenar esto? Los leo.
