¡Ay, Dios mío, qué bronca! El Consejo Superior del Poder Judicial le puso el clavo final a Luis Alberto Venegas Marín, el exjuez envuelto en el tremendo lío del caso Madre Patria. Después de meses de papeleo y batallas legales, ya no hay vuelta atrás: el hombre quedó definitivamente separado del cargo. Este señor se ha metido en un brete gordo, paisano.
Como recordarán, Venegas salió de prisión hace unos meses, pero apenas unos días atrás regresó a caleta, gracias a una decisión de la Fiscalía. Esto porque, aparentemente, continuó conspirando con otros implicados en el esquema de fraudes registrales que sacudió al país. Se dice que estaba tratando de armar cositas para influir en el proceso, ¡imagínate la cara!
Todo empezó hace poco más de un año, cuando la Inspección Judicial, el órgano disciplinario del Poder Judicial, le revocó el nombramiento al juez por su presunta conexión con la banda criminal. Parece mentira que alguien que debía defender la ley terminara siendo cómplice de semejante desmadre. La cosa se fue de las manos rapidísimo y ahora, mira, está pagando las consecuencias.
Venegas apeló esa decisión, buscando agarrarse a un clavo ardiendo, pero el Consejo Superior le respondió con un rotundo “¡No!”. Confirmaron la sanción, declarándolo culpable de faltas gravísimas que afectaron profundamente la imagen del Poder Judicial. Lo separaron oficialmente del puesto el 17 de octubre pasado, aunque realmente ya hacía rato que su carrera judicial estaba hecha pedazos.
El expediente disciplinario pinta feo, muy feo. Detalla encontronazos sospechosos en restaurantes, tiendas de descuento, hoteles... ¡pero a toda máquina! El juez se codeaba con los cabecillas de la banda, hablando de “pagar cargas”, “nueve vehículos” y hasta de robar bancos, ¡qué sal! Escuché que estaban conversando de comprarle jeeps, maserati y hasta autobuses. Un buen chunche estaba moviendo este compa.
Y ni hablar de las conversaciones interceptadas, donde alardeaba de propiedades en la playa, condominios de lujo y hasta le ofrecían inversionar en negocios turbios. El mae andaba buscando acelerar su jubilación, imagínate, ¡quién no querría eso! Pero claro, parece que quería hacerlo a costa de hacer trampas y meterse en problemas.
Ahora, además de perder su trabajo, enfrenta graves cargos penales, incluyendo legitimación de capitales, asociación ilícita y falsedad en documentos públicos. Podría pasar varios años tras las rejas si lo declaran culpable. ¡Qué pena!, porque trabajaba hace más de 20 años en el tribunal, dicen algunos, pero entre tanto moches se vino abajo. La Fiscalía estima que acumuló una fortuna de casi ocho millones de dólares, producto de sus actividades ilícitas. ¡Una verdadera torta!
Después de todo este circo mediático y legal, me pregunto: ¿Cómo podemos, como sociedad costarricense, garantizar que nuestros jueces y funcionarios públicos sean personas íntegras e incorruptibles, y cuáles medidas debemos tomar para evitar que casos como el de Venegas vuelvan a suceder?
Como recordarán, Venegas salió de prisión hace unos meses, pero apenas unos días atrás regresó a caleta, gracias a una decisión de la Fiscalía. Esto porque, aparentemente, continuó conspirando con otros implicados en el esquema de fraudes registrales que sacudió al país. Se dice que estaba tratando de armar cositas para influir en el proceso, ¡imagínate la cara!
Todo empezó hace poco más de un año, cuando la Inspección Judicial, el órgano disciplinario del Poder Judicial, le revocó el nombramiento al juez por su presunta conexión con la banda criminal. Parece mentira que alguien que debía defender la ley terminara siendo cómplice de semejante desmadre. La cosa se fue de las manos rapidísimo y ahora, mira, está pagando las consecuencias.
Venegas apeló esa decisión, buscando agarrarse a un clavo ardiendo, pero el Consejo Superior le respondió con un rotundo “¡No!”. Confirmaron la sanción, declarándolo culpable de faltas gravísimas que afectaron profundamente la imagen del Poder Judicial. Lo separaron oficialmente del puesto el 17 de octubre pasado, aunque realmente ya hacía rato que su carrera judicial estaba hecha pedazos.
El expediente disciplinario pinta feo, muy feo. Detalla encontronazos sospechosos en restaurantes, tiendas de descuento, hoteles... ¡pero a toda máquina! El juez se codeaba con los cabecillas de la banda, hablando de “pagar cargas”, “nueve vehículos” y hasta de robar bancos, ¡qué sal! Escuché que estaban conversando de comprarle jeeps, maserati y hasta autobuses. Un buen chunche estaba moviendo este compa.
Y ni hablar de las conversaciones interceptadas, donde alardeaba de propiedades en la playa, condominios de lujo y hasta le ofrecían inversionar en negocios turbios. El mae andaba buscando acelerar su jubilación, imagínate, ¡quién no querría eso! Pero claro, parece que quería hacerlo a costa de hacer trampas y meterse en problemas.
Ahora, además de perder su trabajo, enfrenta graves cargos penales, incluyendo legitimación de capitales, asociación ilícita y falsedad en documentos públicos. Podría pasar varios años tras las rejas si lo declaran culpable. ¡Qué pena!, porque trabajaba hace más de 20 años en el tribunal, dicen algunos, pero entre tanto moches se vino abajo. La Fiscalía estima que acumuló una fortuna de casi ocho millones de dólares, producto de sus actividades ilícitas. ¡Una verdadera torta!
Después de todo este circo mediático y legal, me pregunto: ¿Cómo podemos, como sociedad costarricense, garantizar que nuestros jueces y funcionarios públicos sean personas íntegras e incorruptibles, y cuáles medidas debemos tomar para evitar que casos como el de Venegas vuelvan a suceder?
