¡Ay, dios mío! Esto sí que fue un circo. Después de mucho rifatrás y bronca, la Asamblea Legislativa le dio el visto bueno al Presupuesto Ordinario 2026, que asciende a unos ¢12,8 billones. Una suma de esas te hace marear, ¿verdad?
Como manda la ley, la discusión del presupuesto ya llevaba un buen rato rodando en el Congreso, desde noviembre. Pero vamos, que esto no ha sido precisamente un paseo por Parque Nacional. Los diputados, con ganas de hacer sentir su poder, le metieron caña a las propuestas del gobierno de Rodrigo Chaves, criticando hasta dónde alcanzaba la vista. Al final, el proyecto original tuvo que sufrir varios cambiacitos para convencer a todos los legisladores.
Lo interesante es cómo lograron meterle mano al tema de la deuda pública. Parece ser que encontraron la forma de recortarle un poco a los intereses para inyectarle billetes a cosas que realmente importan, como la Cruz Roja, las asociaciones de desarrollo y, qué alegría, el Régimen No Contributivo de Pensiones de la CCSS. ¡Eso sí que es echarle ganas!
Pero esperen ahí, porque los números también hablan. Se destinaron unas buenas sumas a fortalecer la policía y la fiscalía. Se le dieron unos ¢3.538 millones para contratar a 176 nuevos oficiales del OIJ, y casi ¢2.700 millones para crear 53 puestos en la Fiscalía Adjunta de Género. Con toda esta plata, a ver si logran ponerle freno a la creciente inseguridad que nos está afectando a todos.
Y ni hablar del sector educativo. El Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió una buena voladura de recursos para becas Avancemos, comedores escolares y el subsidio de transporte estudiantil. ¡Al menos eso es algo positivo para nuestros niños y jóvenes, que siempre necesitan un empujoncito! También se destinaron unos cuantos millones para arreglar edificios públicos del Poder Judicial, que andaban medio tirados.
En cuanto a los números fríos, el presupuesto del 2026 representa un aumento del 3,1% respecto al año anterior. La mayor parte del financiamiento –casi el 61,3%– viene de los impuestos que pagamos todos, pero todavía dependen bastante de pedir prestado, pues el 38,7% provino de endeudamiento público. Eso, mis queridos, significa que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar cuentas que nosotros estamos generando.
Un detalle importante es que prácticamente todo el presupuesto ya está asignado, un 93,1%. Solo queda un magrito del 6,9% para gastos administrativos e inversiones. Además, la regla fiscal –esa que limita cuánto pueden gastar– quedó establecida en un 5,81% para el próximo año. Vamos, que no hay mucho margen para maniobrar, a menos que se les ocurra algún juguetón.
Después de tanto lío, la gran pregunta es: ¿Será suficiente este presupuesto para enfrentar los desafíos que tenemos por delante? ¿Podremos realmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con estos recursos limitados, o seguiremos viendo cómo se va el dinero en humo? ¡Ya quiero escuchar sus opiniones al respecto, pura vaina constructiva, por favor!
Como manda la ley, la discusión del presupuesto ya llevaba un buen rato rodando en el Congreso, desde noviembre. Pero vamos, que esto no ha sido precisamente un paseo por Parque Nacional. Los diputados, con ganas de hacer sentir su poder, le metieron caña a las propuestas del gobierno de Rodrigo Chaves, criticando hasta dónde alcanzaba la vista. Al final, el proyecto original tuvo que sufrir varios cambiacitos para convencer a todos los legisladores.
Lo interesante es cómo lograron meterle mano al tema de la deuda pública. Parece ser que encontraron la forma de recortarle un poco a los intereses para inyectarle billetes a cosas que realmente importan, como la Cruz Roja, las asociaciones de desarrollo y, qué alegría, el Régimen No Contributivo de Pensiones de la CCSS. ¡Eso sí que es echarle ganas!
Pero esperen ahí, porque los números también hablan. Se destinaron unas buenas sumas a fortalecer la policía y la fiscalía. Se le dieron unos ¢3.538 millones para contratar a 176 nuevos oficiales del OIJ, y casi ¢2.700 millones para crear 53 puestos en la Fiscalía Adjunta de Género. Con toda esta plata, a ver si logran ponerle freno a la creciente inseguridad que nos está afectando a todos.
Y ni hablar del sector educativo. El Ministerio de Educación Pública (MEP) recibió una buena voladura de recursos para becas Avancemos, comedores escolares y el subsidio de transporte estudiantil. ¡Al menos eso es algo positivo para nuestros niños y jóvenes, que siempre necesitan un empujoncito! También se destinaron unos cuantos millones para arreglar edificios públicos del Poder Judicial, que andaban medio tirados.
En cuanto a los números fríos, el presupuesto del 2026 representa un aumento del 3,1% respecto al año anterior. La mayor parte del financiamiento –casi el 61,3%– viene de los impuestos que pagamos todos, pero todavía dependen bastante de pedir prestado, pues el 38,7% provino de endeudamiento público. Eso, mis queridos, significa que nuestros hijos y nietos tendrán que pagar cuentas que nosotros estamos generando.
Un detalle importante es que prácticamente todo el presupuesto ya está asignado, un 93,1%. Solo queda un magrito del 6,9% para gastos administrativos e inversiones. Además, la regla fiscal –esa que limita cuánto pueden gastar– quedó establecida en un 5,81% para el próximo año. Vamos, que no hay mucho margen para maniobrar, a menos que se les ocurra algún juguetón.
Después de tanto lío, la gran pregunta es: ¿Será suficiente este presupuesto para enfrentar los desafíos que tenemos por delante? ¿Podremos realmente mejorar la calidad de vida de los ciudadanos con estos recursos limitados, o seguiremos viendo cómo se va el dinero en humo? ¡Ya quiero escuchar sus opiniones al respecto, pura vaina constructiva, por favor!
