¡Alto ahí! Parece mentira, pero el Gobierno le va a echar mano a varias municipalidades del país para ponerle orden al inventario. Después de años de despaches urbanísticos y planes reguladores medio desactualizados, parece que alguien finalmente decidió darle una solución.
Resulta que el INVU (Instituto Mixto de Ayuda Social) y el INDER (Instituto de Desarrollo Rural) se pusieron a trabajar juntos – qué nivel de colaboración, diay – para firmar un convenio que inyectará unos buenos colones a 23 cantones, principalmente de áreas rurales. Esto significa que tendrán asistencia técnica, metodológica y, lo más importante, ¡dinero! para actualizar esos planes reguladores que andaban abandonados desde hace rato.
La movida es clara: quieren que las ciudades y pueblos crezcan de forma organizada, que no se vayan al lote como sardinas en lata. Se trata de construir un futuro donde el desarrollo no ponga en peligro el ambiente ni las comunidades locales. Un brete bien grande, porque ya saben cómo algunos desarrolladores intentan meter gambitas para sacar provecho rápido y sin pensar en las consecuencias, pero bueno, a ver si esto ayuda a frenarlos un poco.
Según datos oficiales, el costo total de este proyecto supera los ¢792.1 millones, con el INDER aportando la mayor parte (más de ¢704.9 millones) y el INVU complementando con más de ¢87.2 millones. ¡Eso sí que es inversión! Esperemos que el dinero se use con responsabilidad y que llegue a manos de los técnicos competentes, no a desaparecer en alguna oficina oscura.
Gabriela Madrigal, la jefa del INVU, se mostró súper contenta con la iniciativa. Según ella, este convenio demuestra el compromiso del gobierno con el país y con el avance en temas de ordenamiento territorial. Que quede claro que no es solo lanzar billetes al aire, sino apoyar a los municipios para que tomen decisiones informadas y basadas en criterios técnicos y ambientales, para que no vayan dosificándose luego.
Ricardo Quesada, presidente del INDER, también expresó su entusiasmo. Remarcó el compromiso de las instituciones con los derechos humanos y la erradicación del trabajo infantil, lo cual siempre es bueno escuchar, aunque hay que estar pendientes para ver si realmente se cumple. Ojalá esto no sea solo discurso vacío y haya acciones concretas detrás.
Ahora bien, la duración del convenio es de 36 meses, con la posibilidad de extenderlo por otros 24 si las cosas se complican y los municipios necesitan más tiempo para cumplir con los requisitos. Pero esperemos que no sea necesario, porque eso significaría que algo anda mal en la planificación y la ejecución. ¡Qué torta sería tener que prorrogarlo!
En fin, toda esta movida pinta prometedora, pero la verdadera prueba será ver cómo se implementa en la práctica. ¿Creen que con este apoyo económico y técnico las municipalidades podrán finalmente ponerle orden al territorio y evitar que nuestras ciudades se conviertan en un caos urbanístico? ¿O simplemente será otra promesa incumplida?
Resulta que el INVU (Instituto Mixto de Ayuda Social) y el INDER (Instituto de Desarrollo Rural) se pusieron a trabajar juntos – qué nivel de colaboración, diay – para firmar un convenio que inyectará unos buenos colones a 23 cantones, principalmente de áreas rurales. Esto significa que tendrán asistencia técnica, metodológica y, lo más importante, ¡dinero! para actualizar esos planes reguladores que andaban abandonados desde hace rato.
La movida es clara: quieren que las ciudades y pueblos crezcan de forma organizada, que no se vayan al lote como sardinas en lata. Se trata de construir un futuro donde el desarrollo no ponga en peligro el ambiente ni las comunidades locales. Un brete bien grande, porque ya saben cómo algunos desarrolladores intentan meter gambitas para sacar provecho rápido y sin pensar en las consecuencias, pero bueno, a ver si esto ayuda a frenarlos un poco.
Según datos oficiales, el costo total de este proyecto supera los ¢792.1 millones, con el INDER aportando la mayor parte (más de ¢704.9 millones) y el INVU complementando con más de ¢87.2 millones. ¡Eso sí que es inversión! Esperemos que el dinero se use con responsabilidad y que llegue a manos de los técnicos competentes, no a desaparecer en alguna oficina oscura.
Gabriela Madrigal, la jefa del INVU, se mostró súper contenta con la iniciativa. Según ella, este convenio demuestra el compromiso del gobierno con el país y con el avance en temas de ordenamiento territorial. Que quede claro que no es solo lanzar billetes al aire, sino apoyar a los municipios para que tomen decisiones informadas y basadas en criterios técnicos y ambientales, para que no vayan dosificándose luego.
Ricardo Quesada, presidente del INDER, también expresó su entusiasmo. Remarcó el compromiso de las instituciones con los derechos humanos y la erradicación del trabajo infantil, lo cual siempre es bueno escuchar, aunque hay que estar pendientes para ver si realmente se cumple. Ojalá esto no sea solo discurso vacío y haya acciones concretas detrás.
Ahora bien, la duración del convenio es de 36 meses, con la posibilidad de extenderlo por otros 24 si las cosas se complican y los municipios necesitan más tiempo para cumplir con los requisitos. Pero esperemos que no sea necesario, porque eso significaría que algo anda mal en la planificación y la ejecución. ¡Qué torta sería tener que prorrogarlo!
En fin, toda esta movida pinta prometedora, pero la verdadera prueba será ver cómo se implementa en la práctica. ¿Creen que con este apoyo económico y técnico las municipalidades podrán finalmente ponerle orden al territorio y evitar que nuestras ciudades se conviertan en un caos urbanístico? ¿O simplemente será otra promesa incumplida?
