¡Ay, Dios mío, qué bronca! Resulta que Sivianny Moya Peraza, el primer vicealcalde de Guácimo, tuvo que desembolsar ¢403 mil de su propio bolsillo para cubrir una factura de diésel. Pero no es cualquier facturita, mi pana, esto huele raro. Al parecer, el combustible se usó en máquinas municipales para trabajos en terrenos privados, y la Fiscalía Adjunta ya anda oliendo la lana, investigando si hubo chametadas ilegales.
Todo comenzó cuando el Departamento Financiero de la Municipalidad levantó una ceja ante el intento de cobrar esa factura. Dijeron que había “deficiencias” en el papeleo, una manera bien elegante de decir que algo andaba medio turbio. Imagínate, quisieron pasarnos por encima, pero la unidad financiera no se dejó y pidió aclarar las cosas, como debe ser. Ahí sí que se puso interesante, porque empezó a salir a luz que no todo estaba cuadrado.
Según fuentes internas, el funcionario municipal en cuestión compró 700 litros de diésel en la estación Delta de Guácimo. De inmediato se encendieron todas las alarmas. ¿Para qué estaban usando tanto combustible municipal? La respuesta, aparentemente, involucraba propiedades particulares y arreglitos de esos que dan pena ajena. ¡Qué sal! Pensé que Guácimo era diferente, pero parece que la corrupción anda pegada en todos lados.
Kattia Montero Astúa, la coordinadora financiera, salió al frente con un comunicado explicando el lío. Dijo que revisaron a fondo los documentos y encontraron problemas graves. No cumplían con los requisitos básicos para aprobar el pago. En otras palabras, la municipalidad dijo: ‘Esto no pasa por aquí, llévenselo’. El asunto quedó en manos del Departamento de Servicios de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), quienes tienen que investigar a fondo qué pasó realmente.
El SIOP, además, ha dicho que van a revisar los informes, ver quién es responsable y qué medidas tomar. Ya me imagino las reuniones secretas, los meneos y los intentos de tapar el sol con la mano. Esperemos que la verdad salga a la luz, porque esto pinta para un buen brete. Que alguien le explique al pueblo cómo se justifica el uso de recursos públicos en favor de unos cuantos allegados.
Y ojo, que esto no es un caso aislado. CR Hoy ya había destapado la olla hace unas semanas, revelando que la alcaldesa Beatriz Mora Valverde también está bajo la lupa de la Fiscalía por presuntamente usar maquinaria y empleados municipales en una obra privada. Parece que la cosa está más grande de lo que pensábamos. Entre mayas y yerbas, la gente está hablando de un esquema bien organizado para aprovecharse del erario público. ¡Una torta!
Las acusaciones apuntan a que el vicealcalde Sivianny Moya Peraza habría ordenado a sus subordinados mover maquinaria pesada, como una retroexcavadora, y transportar material a propiedades particulares. Se habla de 28 viajes de vagonetas cargadas de tierra y escombros, todo pagado con el dinero del pueblo. ¡Imagínate la cara de vergüenza de los trabajadores obligados a hacer esas trampas! Aparentemente, incluso hay un memorándum firmado por el propio vicealcalde dando órdenes directas para realizar estos trabajos. ¡Pero qué descaro! Lo peor es que todo esto se hacía en complicidad con familiares y amigos cercanos, creando un flagrante conflicto de interés.
Ahora, la gran pregunta queda flotando en el aire: ¿Hasta dónde llega esta red de corrupción? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de estos actos ilícitos? Y lo más importante, ¿cómo podemos, como ciudadanos, exigir que se haga justicia y que se recuperen los fondos desviados? ¿Creemamos que este caso desencadenará una purga en la Municipalidad de Guácimo, o simplemente seguirá siendo otro capítulo más de la crónica de la corrupción en nuestro país?
Todo comenzó cuando el Departamento Financiero de la Municipalidad levantó una ceja ante el intento de cobrar esa factura. Dijeron que había “deficiencias” en el papeleo, una manera bien elegante de decir que algo andaba medio turbio. Imagínate, quisieron pasarnos por encima, pero la unidad financiera no se dejó y pidió aclarar las cosas, como debe ser. Ahí sí que se puso interesante, porque empezó a salir a luz que no todo estaba cuadrado.
Según fuentes internas, el funcionario municipal en cuestión compró 700 litros de diésel en la estación Delta de Guácimo. De inmediato se encendieron todas las alarmas. ¿Para qué estaban usando tanto combustible municipal? La respuesta, aparentemente, involucraba propiedades particulares y arreglitos de esos que dan pena ajena. ¡Qué sal! Pensé que Guácimo era diferente, pero parece que la corrupción anda pegada en todos lados.
Kattia Montero Astúa, la coordinadora financiera, salió al frente con un comunicado explicando el lío. Dijo que revisaron a fondo los documentos y encontraron problemas graves. No cumplían con los requisitos básicos para aprobar el pago. En otras palabras, la municipalidad dijo: ‘Esto no pasa por aquí, llévenselo’. El asunto quedó en manos del Departamento de Servicios de Infraestructura y Obra Pública (SIOP), quienes tienen que investigar a fondo qué pasó realmente.
El SIOP, además, ha dicho que van a revisar los informes, ver quién es responsable y qué medidas tomar. Ya me imagino las reuniones secretas, los meneos y los intentos de tapar el sol con la mano. Esperemos que la verdad salga a la luz, porque esto pinta para un buen brete. Que alguien le explique al pueblo cómo se justifica el uso de recursos públicos en favor de unos cuantos allegados.
Y ojo, que esto no es un caso aislado. CR Hoy ya había destapado la olla hace unas semanas, revelando que la alcaldesa Beatriz Mora Valverde también está bajo la lupa de la Fiscalía por presuntamente usar maquinaria y empleados municipales en una obra privada. Parece que la cosa está más grande de lo que pensábamos. Entre mayas y yerbas, la gente está hablando de un esquema bien organizado para aprovecharse del erario público. ¡Una torta!
Las acusaciones apuntan a que el vicealcalde Sivianny Moya Peraza habría ordenado a sus subordinados mover maquinaria pesada, como una retroexcavadora, y transportar material a propiedades particulares. Se habla de 28 viajes de vagonetas cargadas de tierra y escombros, todo pagado con el dinero del pueblo. ¡Imagínate la cara de vergüenza de los trabajadores obligados a hacer esas trampas! Aparentemente, incluso hay un memorándum firmado por el propio vicealcalde dando órdenes directas para realizar estos trabajos. ¡Pero qué descaro! Lo peor es que todo esto se hacía en complicidad con familiares y amigos cercanos, creando un flagrante conflicto de interés.
Ahora, la gran pregunta queda flotando en el aire: ¿Hasta dónde llega esta red de corrupción? ¿Quiénes son los verdaderos responsables de estos actos ilícitos? Y lo más importante, ¿cómo podemos, como ciudadanos, exigir que se haga justicia y que se recuperen los fondos desviados? ¿Creemamos que este caso desencadenará una purga en la Municipalidad de Guácimo, o simplemente seguirá siendo otro capítulo más de la crónica de la corrupción en nuestro país?
