¡Ay, Dios mío, qué vaina! La Fiscalía Adjunta de Género soltó la bomba hoy: otra denuncia contra Randall Zúñiga, el jefe del OIJ. Parece que el pobre hombre anda metido en un brete bastante pesado. Ya van tres causas judiciales en menos de una semana, y esto huele a tragedia, diay.
Como bien saben, la primera denuncia salió a la luz el lunes pasado, acusándolo de violación contra una señora en Corredores. Luego vino la segunda, en Cartago, con cargos similares y también por contagio venéreo. Ahora, esta tercera, recién confirmada, suma tres supuestos delitos más: contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. ¡Una tras otra, no le dejan ni respirar!
Lo curioso es que las dos últimas figuras – conductas abusivas y ofensas a la dignidad – no están directamente contempladas en el código penal tradicional, sino en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Esto significa que estamos hablando de leyes específicas diseñadas para proteger a las mujeres de situaciones muy delicadas. En caso de contagio venéreo, la ley establece penas de uno a tres años de prisión; por conductas abusivas, la sanción va de tres a seis años, dependiendo de la gravedad de las acciones; y las ofensas, aquellas palabras que tocan la dignidad de una persona, pueden acarrear entre seis meses y dos años de cárcel. Una pena considerable, chunches.
El expediente se llama 25-000926-0994-PE y ya lo pasaron a la Fiscalía Adjunta de Género para que le den con todo. El Ministerio Público dice que no pueden dar más detalles porque se trata de una causa privada, invocando algún artículo del código procesal penal para tapar la jugada, seguramente. Pero bueno, así es el sistema, a veces parece que se esconden más de lo que aclaran.
La verdad es que esto ha levantado muchísimo polvo en el país. La gente está comentando por doquier, redes sociales explotando… ¡uno no sabe dónde meterse! La cosa es que el Poder Judicial abrió un expediente interno para investigar el caso, poniendo a la Inspección Judicial a cargo. Así, dicen, garantizan el debido proceso y que nadie influya en las decisiones finales. Esperemos que así sea, porque esta maraña necesita salir a la luz con toda claridad.
Zúñiga, para defenderse, emitió un comunicado público negando rotundamente las acusaciones y diciendo que se apartará de cualquier gestión relacionada con la investigación. Un movimiento inteligente, desde el punto de vista estratégico, para evitar cualquier conflicto de intereses. Dijo que era un acto de coherencia institucional, puesto que él es el jefe de la policía judicial y el OIJ podría tener que colaborar en la investigación. Lo aplaudí por eso, al menos muestra un poquito de sensatez en medio de tanta bronca.
Ahora, lo más importante es esperar a que la justicia haga su trabajo. Recordemos siempre el principio de presunción de inocencia: nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, aunque las pruebas parezcan abrumadoras. El tiempo dirá quién tiene razón, y mientras tanto, los chismes corren como reguero de pólvora. Este caso nos recuerda lo frágil que es la confianza en nuestras instituciones y cómo un solo escándalo puede ponerlos patas arriba.
Con tantas denuncias y acusaciones volando, ¿creen ustedes que Randall Zúñiga podrá demostrar su inocencia y salvar su carrera, o este caso marcará el fin de su paso por el OIJ? ¿Y qué tan confiado debería estar el país en el futuro del Organismo de Investigación Judicial después de este episodio?
Como bien saben, la primera denuncia salió a la luz el lunes pasado, acusándolo de violación contra una señora en Corredores. Luego vino la segunda, en Cartago, con cargos similares y también por contagio venéreo. Ahora, esta tercera, recién confirmada, suma tres supuestos delitos más: contagio venéreo, conductas sexuales abusivas y ofensas a la dignidad. ¡Una tras otra, no le dejan ni respirar!
Lo curioso es que las dos últimas figuras – conductas abusivas y ofensas a la dignidad – no están directamente contempladas en el código penal tradicional, sino en la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. Esto significa que estamos hablando de leyes específicas diseñadas para proteger a las mujeres de situaciones muy delicadas. En caso de contagio venéreo, la ley establece penas de uno a tres años de prisión; por conductas abusivas, la sanción va de tres a seis años, dependiendo de la gravedad de las acciones; y las ofensas, aquellas palabras que tocan la dignidad de una persona, pueden acarrear entre seis meses y dos años de cárcel. Una pena considerable, chunches.
El expediente se llama 25-000926-0994-PE y ya lo pasaron a la Fiscalía Adjunta de Género para que le den con todo. El Ministerio Público dice que no pueden dar más detalles porque se trata de una causa privada, invocando algún artículo del código procesal penal para tapar la jugada, seguramente. Pero bueno, así es el sistema, a veces parece que se esconden más de lo que aclaran.
La verdad es que esto ha levantado muchísimo polvo en el país. La gente está comentando por doquier, redes sociales explotando… ¡uno no sabe dónde meterse! La cosa es que el Poder Judicial abrió un expediente interno para investigar el caso, poniendo a la Inspección Judicial a cargo. Así, dicen, garantizan el debido proceso y que nadie influya en las decisiones finales. Esperemos que así sea, porque esta maraña necesita salir a la luz con toda claridad.
Zúñiga, para defenderse, emitió un comunicado público negando rotundamente las acusaciones y diciendo que se apartará de cualquier gestión relacionada con la investigación. Un movimiento inteligente, desde el punto de vista estratégico, para evitar cualquier conflicto de intereses. Dijo que era un acto de coherencia institucional, puesto que él es el jefe de la policía judicial y el OIJ podría tener que colaborar en la investigación. Lo aplaudí por eso, al menos muestra un poquito de sensatez en medio de tanta bronca.
Ahora, lo más importante es esperar a que la justicia haga su trabajo. Recordemos siempre el principio de presunción de inocencia: nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario, aunque las pruebas parezcan abrumadoras. El tiempo dirá quién tiene razón, y mientras tanto, los chismes corren como reguero de pólvora. Este caso nos recuerda lo frágil que es la confianza en nuestras instituciones y cómo un solo escándalo puede ponerlos patas arriba.
Con tantas denuncias y acusaciones volando, ¿creen ustedes que Randall Zúñiga podrá demostrar su inocencia y salvar su carrera, o este caso marcará el fin de su paso por el OIJ? ¿Y qué tan confiado debería estar el país en el futuro del Organismo de Investigación Judicial después de este episodio?
