¡Ay, Dios mío! Parece que el bronco de la corrupción sigue golpeando fuerte en Costa Rica. Esta vez, le cayó hasta al gerente general de Racsa, Mauricio Barrantes, y a otros cuatro cabecitas, todo por un asunto de tobilleras electrónicas para reos. La Fiscalía los imputó por cuatro delitos distintos, y vaya que esto huele a tortilla quemada, diay.
Para ponerlos al tanto, la movida comenzó con una denuncia del diputado Francisco Nicolás, quien encendió las alarmas diciendo que el consorcio formado por Racsa, Synergy y SGSV se quedó con el contrato de forma “ilegal o ilegítima”. Según él, se llevaron más de dos millones setenta mil dólares en ganancias extras. Uno se queda pensando, ¿será que alguien se fajó la lana?
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), esos que andan buscando problemas a todos, confirmaron que están investigando a Barrantes, la directora jurídica de Racsa, Ileana Rodríguez, y a unos empresarios brasileños que representan al consorcio. Dicen que podrían haber cometido incumplimiento de deberes, fraude de ley, sobreprecio irregular e incluso influencia ilícita contra la Hacienda Pública. ¡Uf, qué maraña!
Pero espera, que hay más. Resulta que el Ministerio de Justicia pagó un sobreprecio millonario por estas tobilleras. Desde abril de 2023, estaban pagando casi diez dólares por tobillera al día, ¡cuando en la licitación original se había acordado pagar cinco novenas! Eso significa un aumento brutal, un fleco tremendo. Esto me huele a chamaco tratando de hacerse rico a costa del erario público, chunches.
Ahora bien, para entender mejor la vaina, hay que remontarse al 2017, cuando la ESPH era la encargada del monitoreo de reos con la tecnología de BUDDI. Pero, parece que esa tecnología tenía sus fallas: las tobilleras explotaban, algunos reos terminaron quemados, ¡y otros desaparecieron misteriosamente porque las tobilleras no funcionaban bien! Por eso, el Ministerio de Justicia tuvo que cambiar la tecnología varias veces.
Y aquí viene la jugada maestra, o bueno, el despiste, según como lo mires. En septiembre de 2023, el consorcio incorporó la tecnología BUDDI nuevamente, aumentando el precio diario de la tobillera. Según la denuncia, este cambio podría ser parte de un plan tramposo para ofrecer una tecnología “inservible pero barata” inicialmente, y luego cobrar más caro cuando haya urgencia. ¡Una verdadera torta!
Lo curioso es que la representación del consorcio niega rotundamente todas estas acusaciones. Aseguran que todo el proceso se hizo con transparencia y dentro de la ley. Afirman que son una empresa costarricense con gran trayectoria y que siempre cumplen con las normas. Suena lindo, pero uno siempre tiene que tomar esas cosas con pinzas, maese. Ya sabemos cómo son algunas empresas... esperando encontrar una vaca loca.
En fin, este caso pinta para ser largo y complicado. Esperemos que la Fiscalía haga bien su trabajo y descubra toda la verdad detrás de este asunto de las tobilleras. ¿Será que estamos frente a una estafa a gran escala o simplemente se trata de errores administrativos? ¿Creen ustedes que la justicia realmente llegará hasta los culpables de este posible despilfarro de recursos públicos?
Para ponerlos al tanto, la movida comenzó con una denuncia del diputado Francisco Nicolás, quien encendió las alarmas diciendo que el consorcio formado por Racsa, Synergy y SGSV se quedó con el contrato de forma “ilegal o ilegítima”. Según él, se llevaron más de dos millones setenta mil dólares en ganancias extras. Uno se queda pensando, ¿será que alguien se fajó la lana?
La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (Fapta), esos que andan buscando problemas a todos, confirmaron que están investigando a Barrantes, la directora jurídica de Racsa, Ileana Rodríguez, y a unos empresarios brasileños que representan al consorcio. Dicen que podrían haber cometido incumplimiento de deberes, fraude de ley, sobreprecio irregular e incluso influencia ilícita contra la Hacienda Pública. ¡Uf, qué maraña!
Pero espera, que hay más. Resulta que el Ministerio de Justicia pagó un sobreprecio millonario por estas tobilleras. Desde abril de 2023, estaban pagando casi diez dólares por tobillera al día, ¡cuando en la licitación original se había acordado pagar cinco novenas! Eso significa un aumento brutal, un fleco tremendo. Esto me huele a chamaco tratando de hacerse rico a costa del erario público, chunches.
Ahora bien, para entender mejor la vaina, hay que remontarse al 2017, cuando la ESPH era la encargada del monitoreo de reos con la tecnología de BUDDI. Pero, parece que esa tecnología tenía sus fallas: las tobilleras explotaban, algunos reos terminaron quemados, ¡y otros desaparecieron misteriosamente porque las tobilleras no funcionaban bien! Por eso, el Ministerio de Justicia tuvo que cambiar la tecnología varias veces.
Y aquí viene la jugada maestra, o bueno, el despiste, según como lo mires. En septiembre de 2023, el consorcio incorporó la tecnología BUDDI nuevamente, aumentando el precio diario de la tobillera. Según la denuncia, este cambio podría ser parte de un plan tramposo para ofrecer una tecnología “inservible pero barata” inicialmente, y luego cobrar más caro cuando haya urgencia. ¡Una verdadera torta!
Lo curioso es que la representación del consorcio niega rotundamente todas estas acusaciones. Aseguran que todo el proceso se hizo con transparencia y dentro de la ley. Afirman que son una empresa costarricense con gran trayectoria y que siempre cumplen con las normas. Suena lindo, pero uno siempre tiene que tomar esas cosas con pinzas, maese. Ya sabemos cómo son algunas empresas... esperando encontrar una vaca loca.
En fin, este caso pinta para ser largo y complicado. Esperemos que la Fiscalía haga bien su trabajo y descubra toda la verdad detrás de este asunto de las tobilleras. ¿Será que estamos frente a una estafa a gran escala o simplemente se trata de errores administrativos? ¿Creen ustedes que la justicia realmente llegará hasta los culpables de este posible despilfarro de recursos públicos?
