¡Ay, Dios mío, qué torta! Resulta que el Ministerio Público podría estar a punto de irse al traste por culpa de unos problemas económicos que nadie vio venir. El magistrado Fernando Cruz soltó la bomba en medio de las críticas a las nuevas leyes laborales, poniendo en evidencia un brete que le pega duro al sistema judicial costarricense.
La vaina es así: parece que no hay varas suficientes para cubrir las sustituciones, ni por vacaciones ni por incapacidades. Cruz, que anda tirando la bola con la verdad, contó que se enteró de la situación y que eso pone en riesgo a todo el sistema, porque, como bien sabemos, todo está conectado. Imaginen la bronca: un fiscal se va de viaje, nadie lo reemplaza, y la pila de casos se acumula, ¡qué sal!
Y no es solamente una molestia, amigos. Según los propios fiscales con los que habló Cruz, este problema genera más rezagos e ineficiencia. "¿Qué significa que yo me vaya de vacaciones y nadie me sustituya? Es una atrocidad," reclamó el magistrado, y tiene toda la razón. Uno se jala una torta al regresar, con el escritorio lleno de papeleos esperando. Esto afecta desde las pequeñas demandas hasta los casos criminales más complejos; el sistema corre el riesgo de andar a paso de tortuga.
Pero la cosa no termina ahí, mae. Cruz también recordó que el año pasado varios empleados del Poder Judicial sufrieron retrasos en los pagos de sus salarios, otra vez por falta de lana en el presupuesto. Parece que la gestión financiera del país necesita urgentemente un buen chunche para ponerlo en orden, porque esto de andar corto de billetes está afectando a todos, incluso a quienes defienden nuestros derechos.
Ante esta situación crítica, se acordó reunir al Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia y a la Dirección de Planificación del Poder Judicial para ver cómo sacarle vuelta a esta papa caliente. Esperemos que encuentren una solución rápida y efectiva, porque el tiempo apremia y la ciudadanía no puede esperar indefinidamente por justicia. Este es un asunto que merece atención urgente, porque sin un Ministerio Público funcionando correctamente, el resto del sistema se tambalea.
Como si fuera poco, el magistrado Cruz no se anduvo con rodeos y criticó duramente la Ley de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. "Básicamente, la ley de empleo público barrió con la carrera judicial", sentenció. Recordó el caso del fallecido juez Sergio Quesada y el análisis posterior sobre las condiciones laborales de los funcionarios judiciales, resaltando el estrés y las cargas de trabajo que enfrentan día a día. Ahora, con estas nuevas leyes encima, la situación se agrava aún más.
Las consecuencias podrían ser graves, diay. Se habla de que algunos despachos podrían quedarse sin coordinador, la situación es particularmente complicada en fiscalías unipersonales como Cóbano, Tarrazú y Puerto Jiménez, donde la falta de personal es palpable. El cumplimiento de las metas de rezago se verá afectado, habrá desatención de juicios ya programados y la policía sufrirá demoras en atender denuncias. En fin, ¡qué nivel de problemas!
Después de escuchar todas estas declaraciones, uno no puede evitar preguntarse: ¿Estamos dispuestos a sacrificar la eficiencia y la calidad de nuestra administración de justicia en aras de un ajuste presupuestario? ¿Será que la ciudadanía debería exigir mayor transparencia y responsabilidad a los encargados de gestionar los recursos públicos? ¿Hasta dónde podemos llegar antes de que el sistema judicial se vaya al traste por completo?
La vaina es así: parece que no hay varas suficientes para cubrir las sustituciones, ni por vacaciones ni por incapacidades. Cruz, que anda tirando la bola con la verdad, contó que se enteró de la situación y que eso pone en riesgo a todo el sistema, porque, como bien sabemos, todo está conectado. Imaginen la bronca: un fiscal se va de viaje, nadie lo reemplaza, y la pila de casos se acumula, ¡qué sal!
Y no es solamente una molestia, amigos. Según los propios fiscales con los que habló Cruz, este problema genera más rezagos e ineficiencia. "¿Qué significa que yo me vaya de vacaciones y nadie me sustituya? Es una atrocidad," reclamó el magistrado, y tiene toda la razón. Uno se jala una torta al regresar, con el escritorio lleno de papeleos esperando. Esto afecta desde las pequeñas demandas hasta los casos criminales más complejos; el sistema corre el riesgo de andar a paso de tortuga.
Pero la cosa no termina ahí, mae. Cruz también recordó que el año pasado varios empleados del Poder Judicial sufrieron retrasos en los pagos de sus salarios, otra vez por falta de lana en el presupuesto. Parece que la gestión financiera del país necesita urgentemente un buen chunche para ponerlo en orden, porque esto de andar corto de billetes está afectando a todos, incluso a quienes defienden nuestros derechos.
Ante esta situación crítica, se acordó reunir al Consejo Superior de la Corte Suprema de Justicia y a la Dirección de Planificación del Poder Judicial para ver cómo sacarle vuelta a esta papa caliente. Esperemos que encuentren una solución rápida y efectiva, porque el tiempo apremia y la ciudadanía no puede esperar indefinidamente por justicia. Este es un asunto que merece atención urgente, porque sin un Ministerio Público funcionando correctamente, el resto del sistema se tambalea.
Como si fuera poco, el magistrado Cruz no se anduvo con rodeos y criticó duramente la Ley de Empleo Público y la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. "Básicamente, la ley de empleo público barrió con la carrera judicial", sentenció. Recordó el caso del fallecido juez Sergio Quesada y el análisis posterior sobre las condiciones laborales de los funcionarios judiciales, resaltando el estrés y las cargas de trabajo que enfrentan día a día. Ahora, con estas nuevas leyes encima, la situación se agrava aún más.
Las consecuencias podrían ser graves, diay. Se habla de que algunos despachos podrían quedarse sin coordinador, la situación es particularmente complicada en fiscalías unipersonales como Cóbano, Tarrazú y Puerto Jiménez, donde la falta de personal es palpable. El cumplimiento de las metas de rezago se verá afectado, habrá desatención de juicios ya programados y la policía sufrirá demoras en atender denuncias. En fin, ¡qué nivel de problemas!
Después de escuchar todas estas declaraciones, uno no puede evitar preguntarse: ¿Estamos dispuestos a sacrificar la eficiencia y la calidad de nuestra administración de justicia en aras de un ajuste presupuestario? ¿Será que la ciudadanía debería exigir mayor transparencia y responsabilidad a los encargados de gestionar los recursos públicos? ¿Hasta dónde podemos llegar antes de que el sistema judicial se vaya al traste por completo?
