¡Ay, Dios mío! Esto sí que es un brete, raza. Resulta que un montón de colegios privados en Costa Rica andan debiéndole una suma considerable a Jupema, ¡más de cinco mil seiscientos millones de colones! Sí, así mismo la escucharon, un dinerito que debería ir directo a los bolsillos de los trabajadores jubilados y pensionados del magisterio. Pero parece que la cosa anda revuelta y la Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional está sacando pecho.
La situación, según explican desde Diario Extra, es que 192 centros educativos privados a nivel nacional tienen esas deudas acumuladas. Se trata de cotizaciones obrero-patronales que deberían haber pagado a sus empleados, pero que, por algún motivo, quedaron pendientes. Y ahí es donde empieza el drama, porque Jupema dice que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene la obligación de estar pendiente de esto, mientras que el MEP se lava las manos diciendo que no es su problema.
Yoselin Sánchez, la directora de la Dirección de Educación Privada (DEP) del MEP, salió a declarar que su “margen de acción es limitado”. Según ella, el MEP solamente se encarga de la supervisión educativa y de colaborar con otras instituciones, pero no de cobrarle a los colegios si no cumplen con sus obligaciones. Utilizando la letra de la ley, argumenta que la Ley Nº 10078 y su artículo 127 le dan esa potestad exclusivamente a Jupema, o sea, que el MEP se quiere escudar en tecnicismos legales para evitar meterse en líos.
Carlos Arias, el presidente ejecutivo de Jupema, no se quedó callado y respondió con contundencia. Él asegura que el ministro de Educación está bien enterado de la situación y que incluso hubo reuniones donde se hicieron compromisos. Arias se muestra sorprendido por la actitud del MEP, señalando que tienen la responsabilidad de seguir de cerca el cumplimiento de las cargas sociales por parte de los centros privados. ¡Qué sal dado! Parece que entre unas instituciones y otras no hay acuerdo.
Según explica Arias, la reforma a la Ley de Jupema les dio más facultades de supervisión, pero también resaltó que la responsabilidad final de verificar que los colegios estén al día con sus pagos recae en el MEP. Él enfatizó que Jupema actuaría de inmediato si tuviera esa competencia directa, pero como no la tiene, se limita a coordinarse con el MEP dentro del marco legal existente. Ahí sí que se ve que hay un choque de trenes, una lucha de egos entre dos instituciones públicas.
Entre tanto papeleo y justificaciones burocráticas, hay 2.457 trabajadores afectados, gente que depende de esos pagos para tener una jubilación digna. Imagínense la preocupación que deben tener estos señores, pensando que quizás no van a poder disfrutar de sus últimos años con tranquilidad. El MEP, aunque reconoce que esto puede afectar los derechos laborales de las personas y comprometer la sostenibilidad del sistema de pensiones, parece que prefiere mantener la calma y seguir su curso, esperando que el problema se solucione solo.
Ahora, la DEP del MEP dice que mantienen una coordinación activa con Jupema, solicitando información y difundiendo campañas informativas. Pero eso suena más a pintar paredes que a solucionar el problema de fondo. Al final del día, parece que la pelota sigue estando en la cancha del MEP, que tiene la obligación legal de hacer cumplir las normas y proteger los derechos de los trabajadores. Dejar esto a la deriva es un grave descuido y un posible atentado contra el bienestar de miles de familias costarricenses. ¡Qué torta!
Esta maraña de excusas y responsabilidades diluidas me hace preguntarme: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las instituciones públicas se escuden en tecnicismos legales para evadir sus obligaciones? ¿Ustedes creen que el MEP debería asumir una mayor responsabilidad en el cobro de estas deudas o Jupema debería tener más poder para intervenir directamente en los colegios privados?
La situación, según explican desde Diario Extra, es que 192 centros educativos privados a nivel nacional tienen esas deudas acumuladas. Se trata de cotizaciones obrero-patronales que deberían haber pagado a sus empleados, pero que, por algún motivo, quedaron pendientes. Y ahí es donde empieza el drama, porque Jupema dice que el Ministerio de Educación Pública (MEP) tiene la obligación de estar pendiente de esto, mientras que el MEP se lava las manos diciendo que no es su problema.
Yoselin Sánchez, la directora de la Dirección de Educación Privada (DEP) del MEP, salió a declarar que su “margen de acción es limitado”. Según ella, el MEP solamente se encarga de la supervisión educativa y de colaborar con otras instituciones, pero no de cobrarle a los colegios si no cumplen con sus obligaciones. Utilizando la letra de la ley, argumenta que la Ley Nº 10078 y su artículo 127 le dan esa potestad exclusivamente a Jupema, o sea, que el MEP se quiere escudar en tecnicismos legales para evitar meterse en líos.
Carlos Arias, el presidente ejecutivo de Jupema, no se quedó callado y respondió con contundencia. Él asegura que el ministro de Educación está bien enterado de la situación y que incluso hubo reuniones donde se hicieron compromisos. Arias se muestra sorprendido por la actitud del MEP, señalando que tienen la responsabilidad de seguir de cerca el cumplimiento de las cargas sociales por parte de los centros privados. ¡Qué sal dado! Parece que entre unas instituciones y otras no hay acuerdo.
Según explica Arias, la reforma a la Ley de Jupema les dio más facultades de supervisión, pero también resaltó que la responsabilidad final de verificar que los colegios estén al día con sus pagos recae en el MEP. Él enfatizó que Jupema actuaría de inmediato si tuviera esa competencia directa, pero como no la tiene, se limita a coordinarse con el MEP dentro del marco legal existente. Ahí sí que se ve que hay un choque de trenes, una lucha de egos entre dos instituciones públicas.
Entre tanto papeleo y justificaciones burocráticas, hay 2.457 trabajadores afectados, gente que depende de esos pagos para tener una jubilación digna. Imagínense la preocupación que deben tener estos señores, pensando que quizás no van a poder disfrutar de sus últimos años con tranquilidad. El MEP, aunque reconoce que esto puede afectar los derechos laborales de las personas y comprometer la sostenibilidad del sistema de pensiones, parece que prefiere mantener la calma y seguir su curso, esperando que el problema se solucione solo.
Ahora, la DEP del MEP dice que mantienen una coordinación activa con Jupema, solicitando información y difundiendo campañas informativas. Pero eso suena más a pintar paredes que a solucionar el problema de fondo. Al final del día, parece que la pelota sigue estando en la cancha del MEP, que tiene la obligación legal de hacer cumplir las normas y proteger los derechos de los trabajadores. Dejar esto a la deriva es un grave descuido y un posible atentado contra el bienestar de miles de familias costarricenses. ¡Qué torta!
Esta maraña de excusas y responsabilidades diluidas me hace preguntarme: ¿Hasta cuándo vamos a permitir que las instituciones públicas se escuden en tecnicismos legales para evadir sus obligaciones? ¿Ustedes creen que el MEP debería asumir una mayor responsabilidad en el cobro de estas deudas o Jupema debería tener más poder para intervenir directamente en los colegios privados?
