¡Ay, Dios mío, qué torta! Resulta que ahora el diputado Gilberto Campos del PLP anda con un proyecto de ley que pretende subirle el precio a las penas de cárcel para quien le quite la vida a un funcionario importante. Jueces, fiscales, alcaldes... ¡todo el mundo parece estar en la mira! Uno pensaría que con todos los problemas que tenemos, esto sería prioritario, pero bueno, ahí va la vaina.
El tema es que el expediente 25.290, como si fuera un número de cédula, busca modificar el Código Penal, específicamente el artículo 112 que habla del homicidio calificado. Actualmente, la pena va de 20 a 35 años. Campos quiere meter un inciso nuevo, como agregándole ingredientes a la gallo pinto, para castigar con lo mismo a quien mate a jueces, fiscales y otros personajes de poder. Según la explicación del proyecto, quieren dejar claro que atacar a quienes administran justicia, o al erario público, es una bronca muy seria.
Además de los jueces y fiscales, el proyecto incluye a un montón de cargos públicos: contralores, defensores de los habitantes, alcaldes, síndicos, concejales, intendentes… ¡parece la lista de invitados a una boda grande! Parece que nadie se salva, diay, con tanto puesto de responsabilidad. Lo curioso es que el detonante de todo esto fue el caso lamentable del subjefe del OIJ en Guápiles, Geiner Zamora, que asesinaron hace unos meses. Un sicario, dicen, que le dio duro. Eso puso a todos alerta, porque hasta los que andan trabajando para combatir el crimen pueden recibir un plomazo.
Pero no es solo eso, chunche. También hubo ataques a funcionarios de la oficina de atención a víctimas en Limón, y encima, amenazan a fiscales y jueces para que hagan unas u otras cosas. Una cosa es clara: la criminalidad en el país no está precisamente para brincar el zacate. Dicen que esto es para darle un susto a los delincuentes y mandarles el mensaje de que no se meten con la gente que trabaja por nosotros. Ya veremos si funciona, porque a veces estas leyes son como papelito de regalo.
Ahora bien, entre tanta preocupación por la seguridad, resulta que el diputado Campos también propuso otra cosita: ¡eliminar el marchamo! Sí, usted me escucha bien. Quieren quitarle el dolor de cabeza a la gente con ese impuesto anual que nos sacan los dientes. En lugar del marchamo, propondrían un pago único de 50.000 colones para los carros particulares y de 25.000 para los buses. ¡Qué barbaridad!, algunos dirán. Pero otros estarán frotándose las manos pensando en el ahorro.
Claro, detrás de toda esta propuesta hay un brete económico, diay. Hay que ver cómo se va a financiar todo esto. Porque si eliminan el marchamo, ¿de dónde sale la plata para mantener las carreteras y los servicios públicos? Tendrán que buscar otras vías, seguramente aumentando algún otro impuesto. ¡Qué sal! Siempre hay que pagar por algo, aunque sea indirectamente. Y mientras tanto, la oposición probablemente esté preparando un churro porque dicen que es populismo barato y que no soluciona los problemas de fondo.
Las reacciones no se hicieron esperar, obviamente. Algunos aplaudieron la iniciativa del diputado, diciendo que es hora de aliviar la carga económica de la gente. Otros, más escépticos, advierten que podría tener consecuencias negativas para las finanzas públicas y que es solo una medida cortoplacista. Como siempre, la polémica está servida. Ahora el proyecto irá pasando por las comisiones correspondientes de la Asamblea Legislativa, donde seguramente sufrirá algunas modificaciones antes de llegar a votación final. Ya saben cómo es la vaina…
En fin, todo este rollo nos deja pensando: ¿Es realmente eficaz aumentar las penas de cárcel para disuadir a los delincuentes, o deberíamos enfocarnos en abordar las causas profundas de la inseguridad? ¿Y respecto al marchamo, es justo eliminarlo, aunque eso signifique poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país? ¡Dígame usted, compa, qué piensa al respecto! Deje su opinión abajo, que queremos saber qué opina el pueblo sobre estos temas que nos afectan a todos.
El tema es que el expediente 25.290, como si fuera un número de cédula, busca modificar el Código Penal, específicamente el artículo 112 que habla del homicidio calificado. Actualmente, la pena va de 20 a 35 años. Campos quiere meter un inciso nuevo, como agregándole ingredientes a la gallo pinto, para castigar con lo mismo a quien mate a jueces, fiscales y otros personajes de poder. Según la explicación del proyecto, quieren dejar claro que atacar a quienes administran justicia, o al erario público, es una bronca muy seria.
Además de los jueces y fiscales, el proyecto incluye a un montón de cargos públicos: contralores, defensores de los habitantes, alcaldes, síndicos, concejales, intendentes… ¡parece la lista de invitados a una boda grande! Parece que nadie se salva, diay, con tanto puesto de responsabilidad. Lo curioso es que el detonante de todo esto fue el caso lamentable del subjefe del OIJ en Guápiles, Geiner Zamora, que asesinaron hace unos meses. Un sicario, dicen, que le dio duro. Eso puso a todos alerta, porque hasta los que andan trabajando para combatir el crimen pueden recibir un plomazo.
Pero no es solo eso, chunche. También hubo ataques a funcionarios de la oficina de atención a víctimas en Limón, y encima, amenazan a fiscales y jueces para que hagan unas u otras cosas. Una cosa es clara: la criminalidad en el país no está precisamente para brincar el zacate. Dicen que esto es para darle un susto a los delincuentes y mandarles el mensaje de que no se meten con la gente que trabaja por nosotros. Ya veremos si funciona, porque a veces estas leyes son como papelito de regalo.
Ahora bien, entre tanta preocupación por la seguridad, resulta que el diputado Campos también propuso otra cosita: ¡eliminar el marchamo! Sí, usted me escucha bien. Quieren quitarle el dolor de cabeza a la gente con ese impuesto anual que nos sacan los dientes. En lugar del marchamo, propondrían un pago único de 50.000 colones para los carros particulares y de 25.000 para los buses. ¡Qué barbaridad!, algunos dirán. Pero otros estarán frotándose las manos pensando en el ahorro.
Claro, detrás de toda esta propuesta hay un brete económico, diay. Hay que ver cómo se va a financiar todo esto. Porque si eliminan el marchamo, ¿de dónde sale la plata para mantener las carreteras y los servicios públicos? Tendrán que buscar otras vías, seguramente aumentando algún otro impuesto. ¡Qué sal! Siempre hay que pagar por algo, aunque sea indirectamente. Y mientras tanto, la oposición probablemente esté preparando un churro porque dicen que es populismo barato y que no soluciona los problemas de fondo.
Las reacciones no se hicieron esperar, obviamente. Algunos aplaudieron la iniciativa del diputado, diciendo que es hora de aliviar la carga económica de la gente. Otros, más escépticos, advierten que podría tener consecuencias negativas para las finanzas públicas y que es solo una medida cortoplacista. Como siempre, la polémica está servida. Ahora el proyecto irá pasando por las comisiones correspondientes de la Asamblea Legislativa, donde seguramente sufrirá algunas modificaciones antes de llegar a votación final. Ya saben cómo es la vaina…
En fin, todo este rollo nos deja pensando: ¿Es realmente eficaz aumentar las penas de cárcel para disuadir a los delincuentes, o deberíamos enfocarnos en abordar las causas profundas de la inseguridad? ¿Y respecto al marchamo, es justo eliminarlo, aunque eso signifique poner en riesgo la sostenibilidad financiera del país? ¡Dígame usted, compa, qué piensa al respecto! Deje su opinión abajo, que queremos saber qué opina el pueblo sobre estos temas que nos afectan a todos.
