¡Ay, Dios mío! La bronca se armó gorda en el Ministerio de Educación Pública (MEP), y parece que nadie quiere asumir la responsabilidad. Más de nueve mil docentes, ¡nueve mil!, recibieron un correo con la cara larga diciéndoles que no podían cambiar de escuela, y hasta ahora, ni chirrían los dientes por parte de la cartera educativa. Un mes ya pasó desde que mandaron esos mails, y seguimos en la misma – pegao’s como mosquitos en… bueno, ya saben.
Todo comenzó el 12 de noviembre, cuando este medio, como buen perro fiel, le mordió el hombro al MEP preguntándole qué onda con estos reclamos. Queríamos saber por qué estaban negando los traslados sin dar una razón clara, ¿se imaginan? Pero la respuesta fue… nada. Se quedó todo ahí, suspendido en el aire como una pelota de fútbol en la fumigadora. Volvimos a insistir el 3 de diciembre, y nos dijeron que iban a coordinar con los jefes. ¡Coordina, coordina! Mientras tanto, los profes andan más inquietos que gallo en corral ajeno.
Y la cosa no pinta bien, mae. Parece que el MEP está usando un discurso legalístico para justificar la tardanza en resolver estas apelaciones. Dicen que el tema no va por la ley de peticiones, sino por otra más larga, la Ley General de la Administración Pública. Esto significa, en cristiano, que podrían tardar hasta dos meses en dar una respuesta. ¡Dos meses! Imaginen la incertidumbre para miles de familias que dependen de esos traslados para mejorar su calidad de vida.
Uno de los casos que nos llegó, y que es pura pena, es el de una profesora de primaria que vive en Guápiles pero trabaja en San José. Ella me cuenta que le negaron el traslado a pesar de que sabía que había vacantes en su tierra natal. “Marqué todas las escuelas que el mismo MEP publicó como disponibles”, dice ella, con la voz quebrada. Pero no, le dijeron que no había cupo. ¡Qué vara!
Pero espera que esto se pone peor. Resulta que a esta profesora, además de vivir lejos del trabajo, le dieron una patada de mula con su salud. Tiene diabetes, hipertensión y le operaron la columna hace poco. ¡Una combinación explosiva! Y el MEP, con toda la calma del mundo, le niega el traslado por excepciones. ¿Se dan cuenta de la poca sensibilidad? Me da unas ganas de…
Otra docente, de preescolar y residente en Esparza de Puntarenas, se enfrenta a una situación similar. Su hijo, quien padece autismo grado tres, requiere atención constante y terapias especializadas que no existen en su comunidad actual. Presentó todos los documentos necesarios, incluyendo el diagnóstico médico, pero la respuesta fue la misma: rechazo. Argumentaron que la condición de su hijo “no se considera una enfermedad grave”. ¡No tengan fe! Con eso me quitan las ganas de comer gallito.
Y no son casos aislados, amigos. Hay compañeras con hijas en sillas de ruedas, con discapacidades severas… y también les han dicho que no califican para un traslado por enfermedad. Parece que en el MEP miden la gravedad de las enfermedades con una regla de tres inventada. Una risa nerviosa se me escapa pensando en tanta injusticia. Y mientras tanto, los traslados por excepción, que deberían ser precisamente para esas situaciones especiales, se convierten en un brete imposible de sortear.
La verdad, me queda la duda: ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta novela del Ministerio de Educación? ¿Es posible que la burocracia y la falta de voluntad política estén poniendo en riesgo el bienestar de miles de docentes y sus familias? ¡Compas, díganme qué piensan ustedes! ¿Cómo creen que podemos solucionar este problema?
Todo comenzó el 12 de noviembre, cuando este medio, como buen perro fiel, le mordió el hombro al MEP preguntándole qué onda con estos reclamos. Queríamos saber por qué estaban negando los traslados sin dar una razón clara, ¿se imaginan? Pero la respuesta fue… nada. Se quedó todo ahí, suspendido en el aire como una pelota de fútbol en la fumigadora. Volvimos a insistir el 3 de diciembre, y nos dijeron que iban a coordinar con los jefes. ¡Coordina, coordina! Mientras tanto, los profes andan más inquietos que gallo en corral ajeno.
Y la cosa no pinta bien, mae. Parece que el MEP está usando un discurso legalístico para justificar la tardanza en resolver estas apelaciones. Dicen que el tema no va por la ley de peticiones, sino por otra más larga, la Ley General de la Administración Pública. Esto significa, en cristiano, que podrían tardar hasta dos meses en dar una respuesta. ¡Dos meses! Imaginen la incertidumbre para miles de familias que dependen de esos traslados para mejorar su calidad de vida.
Uno de los casos que nos llegó, y que es pura pena, es el de una profesora de primaria que vive en Guápiles pero trabaja en San José. Ella me cuenta que le negaron el traslado a pesar de que sabía que había vacantes en su tierra natal. “Marqué todas las escuelas que el mismo MEP publicó como disponibles”, dice ella, con la voz quebrada. Pero no, le dijeron que no había cupo. ¡Qué vara!
Pero espera que esto se pone peor. Resulta que a esta profesora, además de vivir lejos del trabajo, le dieron una patada de mula con su salud. Tiene diabetes, hipertensión y le operaron la columna hace poco. ¡Una combinación explosiva! Y el MEP, con toda la calma del mundo, le niega el traslado por excepciones. ¿Se dan cuenta de la poca sensibilidad? Me da unas ganas de…
Otra docente, de preescolar y residente en Esparza de Puntarenas, se enfrenta a una situación similar. Su hijo, quien padece autismo grado tres, requiere atención constante y terapias especializadas que no existen en su comunidad actual. Presentó todos los documentos necesarios, incluyendo el diagnóstico médico, pero la respuesta fue la misma: rechazo. Argumentaron que la condición de su hijo “no se considera una enfermedad grave”. ¡No tengan fe! Con eso me quitan las ganas de comer gallito.
Y no son casos aislados, amigos. Hay compañeras con hijas en sillas de ruedas, con discapacidades severas… y también les han dicho que no califican para un traslado por enfermedad. Parece que en el MEP miden la gravedad de las enfermedades con una regla de tres inventada. Una risa nerviosa se me escapa pensando en tanta injusticia. Y mientras tanto, los traslados por excepción, que deberían ser precisamente para esas situaciones especiales, se convierten en un brete imposible de sortear.
La verdad, me queda la duda: ¿hasta cuándo vamos a aguantar esta novela del Ministerio de Educación? ¿Es posible que la burocracia y la falta de voluntad política estén poniendo en riesgo el bienestar de miles de docentes y sus familias? ¡Compas, díganme qué piensan ustedes! ¿Cómo creen que podemos solucionar este problema?
