¡Ay, Dios mío! La cosa está feísima, mi gente. Resulta que el Poder Judicial, nuestro escudo contra el delito, anda justo de personal, con una falta alarmante de más de mil trescientas plazas en los juzgados penales. Sí, así como lo escuchan, ¡más de mil! Y esto, obviamente, nos afecta a todos los costarricenses porque la justicia tarda más en llegar, y eso, díganlo como es, da pie para que los delincuentes se sientan cómodos.
Según fuentes internas, la bronca viene de raíz. Las políticas del Ministerio de Hacienda han apretado la pinza, dificultando la creación de nuevas posiciones laborales dentro del sistema judicial. Aunque la institución se esfuerza por agilizar los procesos y ser más eficiente con los recursos que tiene, la realidad es dura: con menos manos trabajando, el papeleo se acumula y los juicios se alargan. Parece mentira, pero mientras más intentamos apagar el fuego, más prende.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre, hizo hincapié en esto durante su presentación ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios. Explicó que el presupuesto para el 2026 ascenderá a ¢532 mil millones, pero con un aumento ridículo de apenas el 0.2% respecto al año anterior. ¡Una miseria!, señores. Agregó que este plan, aunque “austero”, es vital para mantener la tranquilidad social, pero con estas limitaciones, cumplir con ese propósito se vuelve casi imposible.
Y no solo el Poder Judicial está en problemas. El Fiscal General, Carlo Díaz, lanzó la alarma sobre el déficit estructural de 134 fiscales, subrayando que, lamentablemente, “cada nueve días ocurre un femicidio en el país”. ¡Qué sal! Una cifra escalofriante que nos demuestra la urgencia de fortalecer la investigación criminal y brindar apoyo a las víctimas. Es evidente que la falta de recursos humanos impacta directamente en nuestra seguridad ciudadana.
Incluso Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), criticó duramente al Ministerio de Hacienda por no liberar las plazas aprobadas mediante mociones en años anteriores. Con toda la razón del mundo, el hombre exclamó: “Cada colón que se le quita al OIJ es un espaldarazo para el crimen organizado”. ¡Palabras que debemos tomar muy en serio!, porque si seguimos recortando presupuestos, vamos a estar cavando nuestra propia tumba.
En medio de este panorama complicado, diputados de varios partidos políticos hicieron sentir su voz, exigiendo que el gobierno garantice los recursos ya asignados. Pilar Cisneros, representante oficialista, sugirió que el Poder Judicial debía enfocarse en mejorar su eficiencia y ejecución de fondos. Aunque entiendo la intención de buscar soluciones, creo que echarle la culpa a la institución cuando está atada de manos por la falta de presupuesto es como culpar a un caballo por no correr rápido con una herradura floja.
La verdad, la situación es preocupante. Este faltante de personal no solo retrasa la administración de justicia, sino que también pone en riesgo la seguridad de los funcionarios judiciales, los usuarios y, en última instancia, la confianza de la población en el sistema legal. El Poder Judicial necesita urgentemente un respiro económico, unas inyecciones de aire fresco que le permitan contratar personal capacitado, invertir en tecnología y mejorar sus instalaciones.
Ahora, dígame usted: ¿Cree que el gobierno realmente está dispuesto a destrabar esta situación y darle al Poder Judicial los recursos que necesita, o seguiremos viendo cómo la justicia se va al traste por culpa de la falta de voluntad política? Comparta su opinión en el foro, ¡queremos saber qué piensa!
Según fuentes internas, la bronca viene de raíz. Las políticas del Ministerio de Hacienda han apretado la pinza, dificultando la creación de nuevas posiciones laborales dentro del sistema judicial. Aunque la institución se esfuerza por agilizar los procesos y ser más eficiente con los recursos que tiene, la realidad es dura: con menos manos trabajando, el papeleo se acumula y los juicios se alargan. Parece mentira, pero mientras más intentamos apagar el fuego, más prende.
El presidente de la Corte Suprema de Justicia, don Orlando Aguirre, hizo hincapié en esto durante su presentación ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios. Explicó que el presupuesto para el 2026 ascenderá a ¢532 mil millones, pero con un aumento ridículo de apenas el 0.2% respecto al año anterior. ¡Una miseria!, señores. Agregó que este plan, aunque “austero”, es vital para mantener la tranquilidad social, pero con estas limitaciones, cumplir con ese propósito se vuelve casi imposible.
Y no solo el Poder Judicial está en problemas. El Fiscal General, Carlo Díaz, lanzó la alarma sobre el déficit estructural de 134 fiscales, subrayando que, lamentablemente, “cada nueve días ocurre un femicidio en el país”. ¡Qué sal! Una cifra escalofriante que nos demuestra la urgencia de fortalecer la investigación criminal y brindar apoyo a las víctimas. Es evidente que la falta de recursos humanos impacta directamente en nuestra seguridad ciudadana.
Incluso Randall Zúñiga, director del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), criticó duramente al Ministerio de Hacienda por no liberar las plazas aprobadas mediante mociones en años anteriores. Con toda la razón del mundo, el hombre exclamó: “Cada colón que se le quita al OIJ es un espaldarazo para el crimen organizado”. ¡Palabras que debemos tomar muy en serio!, porque si seguimos recortando presupuestos, vamos a estar cavando nuestra propia tumba.
En medio de este panorama complicado, diputados de varios partidos políticos hicieron sentir su voz, exigiendo que el gobierno garantice los recursos ya asignados. Pilar Cisneros, representante oficialista, sugirió que el Poder Judicial debía enfocarse en mejorar su eficiencia y ejecución de fondos. Aunque entiendo la intención de buscar soluciones, creo que echarle la culpa a la institución cuando está atada de manos por la falta de presupuesto es como culpar a un caballo por no correr rápido con una herradura floja.
La verdad, la situación es preocupante. Este faltante de personal no solo retrasa la administración de justicia, sino que también pone en riesgo la seguridad de los funcionarios judiciales, los usuarios y, en última instancia, la confianza de la población en el sistema legal. El Poder Judicial necesita urgentemente un respiro económico, unas inyecciones de aire fresco que le permitan contratar personal capacitado, invertir en tecnología y mejorar sus instalaciones.
Ahora, dígame usted: ¿Cree que el gobierno realmente está dispuesto a destrabar esta situación y darle al Poder Judicial los recursos que necesita, o seguiremos viendo cómo la justicia se va al traste por culpa de la falta de voluntad política? Comparta su opinión en el foro, ¡queremos saber qué piensa!
