¡Ay, Dios mío, qué torta! Parece que los inversionistas del Fondo de Inversión Inmobiliario No Diversificado (FIIND) del Banco de Costa Rica (BCR) van a tener que sacar cuentas claras. La Sociedad Administradora de Fondos de Inversión del BCR SAFI los ha convocado porque, digámoslo claro, alguien se mandó un churro bien grande allá por el 2020 con su dinero. Altos mandamitos del banco metieron la pata hasta el cuello en una compra que dejó al fondo en la sopa.
Y ahora, el próximo jueves, tenemos entendido que van a presentarle a los inversionistas un plan para intentar arreglar este brete, un plan que, convenientemente, debió haber salido de la propia SAFI. La cosa es que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) tuvo que meterse en el ojo de la aguja y ordenar al BCR y a su filial que diseñaran e implementaran este plan de normalización. Esto viene rodando desde octubre del 2024, pero parece que hubo gente empeñada en darle largas al asunto, tratando de evadir la orden a través de albures administrativos y judiciales. ¡Pero bueno!, no pudieron, diay, y ahora toca cumplir.
¿Y de qué se trata exactamente? Pues resulta que Sugeval les pidió mover unos 70 millones de billetes verdes – provenientes directamente del BCR y de la SAFI – al FIIND. La intención es, básicamente, reponer esos mismos 70 palos que se gastaron en comprar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Puntarenas. Un parque empresarial, vamos, que parece que no cumplía con todos los papeles, y eso levantó muchas sospechas.
Vamos por partes, el orden del día para la reunión es el siguiente: primero, comprobar si hay el número suficiente de inversionistas presentes (el quórum, para los que sepan), luego leer la agenda, informarle a todos cuántas participaciones están disponibles y, lo importante, conocer e informar sobre la resolución de Sugeval del 29 de octubre de 2024. Después presentarán el plan de normalización que idearon en la SAFI, dirán cuándo va a entrar en vigor, y habrá tiempo para preguntas y respuestas, y para organizar todo el papeleo. ¡Un rollo!, pero menester.
La raíz del problema, como dice mi abuela, está en ese viaje alcohólico que hizo el BCR en 2020. Decidieron adquirir el PEP por 70 millones, pensando que era una ganga. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el valor real del parque empresarial rondaba los 34,7 millones. Ahora, se están investigando supuestos delitos de sobreprecio a favor del vendedor, una empresa ligada al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas, quien, por cierto, anda con cuidado estos días.
Ni Sugeval ni el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tienen dudas: el daño ya está hecho. Por eso, este traslado de fondos es crucial para proteger el patrimonio de los inversionistas. Se busca reparar el daño causado y evitar que la situación se vaya al traste, aunque esto signifique tener que enfrentar procesos judiciales largos y engorrosos. Ya la Fiscalía ha estado moviéndose, allanando hasta 16 lugares en el país en busca de pruebas que demuestren si hubo corrupción y favoritismo en la compra del PEP y de otras propiedades.”
Y eso no es todo, ¡qué carga! La investigación se amplió para incluir otras ocho propiedades adquiridas por el BCR a precios inflados, todas ellas conectadas al mismo vendedor, el exdiputado Vargas. Se presume que hubo delitos de sobreprecio e incluso influencia indebida en la administración pública. Estamos hablando de un expediente (21-000209-1218-PE) que podría destapar una red de corrupción muy compleja, involucrando a miembros de la Junta Directiva, el Comité de Inversión y otras figuras clave del BCR. ¡Menuda vaina!
En fin, la pelota está en el tejado del BCR y de sus administradores. Tenemos que ver cómo se desarrolla este plan de normalización y, sobre todo, si logran recuperar el dinero perdido por los inversionistas. Pero me pregunto, ¿cree usted que realmente se llegará al fondo de este caso y se castigará a los responsables, o será otro escándalo que se enterrará bajo alfombras y acuerdos extraoficiales?
Y ahora, el próximo jueves, tenemos entendido que van a presentarle a los inversionistas un plan para intentar arreglar este brete, un plan que, convenientemente, debió haber salido de la propia SAFI. La cosa es que la Superintendencia General de Valores (Sugeval) tuvo que meterse en el ojo de la aguja y ordenar al BCR y a su filial que diseñaran e implementaran este plan de normalización. Esto viene rodando desde octubre del 2024, pero parece que hubo gente empeñada en darle largas al asunto, tratando de evadir la orden a través de albures administrativos y judiciales. ¡Pero bueno!, no pudieron, diay, y ahora toca cumplir.
¿Y de qué se trata exactamente? Pues resulta que Sugeval les pidió mover unos 70 millones de billetes verdes – provenientes directamente del BCR y de la SAFI – al FIIND. La intención es, básicamente, reponer esos mismos 70 palos que se gastaron en comprar el Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en Puntarenas. Un parque empresarial, vamos, que parece que no cumplía con todos los papeles, y eso levantó muchas sospechas.
Vamos por partes, el orden del día para la reunión es el siguiente: primero, comprobar si hay el número suficiente de inversionistas presentes (el quórum, para los que sepan), luego leer la agenda, informarle a todos cuántas participaciones están disponibles y, lo importante, conocer e informar sobre la resolución de Sugeval del 29 de octubre de 2024. Después presentarán el plan de normalización que idearon en la SAFI, dirán cuándo va a entrar en vigor, y habrá tiempo para preguntas y respuestas, y para organizar todo el papeleo. ¡Un rollo!, pero menester.
La raíz del problema, como dice mi abuela, está en ese viaje alcohólico que hizo el BCR en 2020. Decidieron adquirir el PEP por 70 millones, pensando que era una ganga. Sin embargo, investigaciones posteriores revelaron que el valor real del parque empresarial rondaba los 34,7 millones. Ahora, se están investigando supuestos delitos de sobreprecio a favor del vendedor, una empresa ligada al exdiputado socialcristiano Humberto Vargas, quien, por cierto, anda con cuidado estos días.
Ni Sugeval ni el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero (Conassif) tienen dudas: el daño ya está hecho. Por eso, este traslado de fondos es crucial para proteger el patrimonio de los inversionistas. Se busca reparar el daño causado y evitar que la situación se vaya al traste, aunque esto signifique tener que enfrentar procesos judiciales largos y engorrosos. Ya la Fiscalía ha estado moviéndose, allanando hasta 16 lugares en el país en busca de pruebas que demuestren si hubo corrupción y favoritismo en la compra del PEP y de otras propiedades.”
Y eso no es todo, ¡qué carga! La investigación se amplió para incluir otras ocho propiedades adquiridas por el BCR a precios inflados, todas ellas conectadas al mismo vendedor, el exdiputado Vargas. Se presume que hubo delitos de sobreprecio e incluso influencia indebida en la administración pública. Estamos hablando de un expediente (21-000209-1218-PE) que podría destapar una red de corrupción muy compleja, involucrando a miembros de la Junta Directiva, el Comité de Inversión y otras figuras clave del BCR. ¡Menuda vaina!
En fin, la pelota está en el tejado del BCR y de sus administradores. Tenemos que ver cómo se desarrolla este plan de normalización y, sobre todo, si logran recuperar el dinero perdido por los inversionistas. Pero me pregunto, ¿cree usted que realmente se llegará al fondo de este caso y se castigará a los responsables, o será otro escándalo que se enterrará bajo alfombras y acuerdos extraoficiales?
