Maes, hay que hablar de la novela que se está armando con Federico Cruz, alias "Choreco". Si esto fuera una serie de Netflix, ya iríamos por la segunda temporada y el guion estaría cada vez más enredado. La vara es que el amigo personal y exasesor del presidente Chaves ahora está hasta el cuello, investigado formalmente por legitimación de capitales. Y el centro de todo este despiche es una casa en un condominio en La Unión de Cartago y un depósito de $32,000 que, supuestamente, salieron del famoso contrato del BCIE por orden directa del mismísimo presidente.
Diay, vamos por partes para no perdernos. Según la Fiscalía y el testimonio de Cristian Bulgarelli (el "testigo de la corona"), la historia es así: el presidente Chaves, en una conversación en el patio de su casa, le habría exigido a Bulgarelli que le diera plata a Choreco del contrato del BCIE. Plata que, seamos claros, era para un brete de comunicación que estaba en el ojo del huracán. El monto no fue cualquiera: $32 mil exactos. ¿El propósito? Según Choreco le dijo a Bulgarelli, era para la prima de una casa en el condominio Barlovento. La Fiscalía ahora está conectando los puntos y por eso le imputa a Choreco el delito de legitimación, que es básicamente intentar hacer que la plata de origen dudoso parezca limpia.
Lo más increíble es el intento de justificar la transacción. Bulgarelli cuenta que Choreco no quería que su nombre apareciera por ningún lado, porque sabía perfectamente que no había hecho ningún brete para ganarse esa suma. La "solución" que se inventaron fue meter a Bulgarelli en el contrato de alquiler con opción a compra, como si él también estuviera interesado en el chunche. Al final, Bulgarelli se negó a firmar y solo quedó Choreco como inquilino-comprador. El plan para disfrazar la vara se les fue al traste, porque ahora ese mismo contrato es una de las pruebas clave que tiene la Fiscalía. Es como jalarse una torta y dejar el queque embarrado por toda la escena del crimen.
Y como si la trama no fuera lo suficientemente densa, el final es casi tragicómico. Después de todo el enredo para conseguir la plata y firmar el contrato, resulta que Choreco fue desalojado de la casa en agosto del año pasado por no pagar el alquiler. O sea, al final quedó salado: sin la casa y con una investigación penal que lo tiene dando declaraciones en la Fiscalía. Por supuesto, ahora su abogado dice que todo es una mentira de Bulgarelli y que el delito "no tiene ningún sentido". La típica jugada de desacreditar al testigo cuando las pruebas empiezan a apretar. Choreco, por su parte, aplicó la de guardar silencio por recomendación legal, que es su derecho, pero que para la opinión pública nunca se ve bien.
Aquí lo que queda es una sensación amarga, mae. Más allá del resultado legal de este caso, la vara pinta un cuadro preocupante sobre cómo se mueven las cosas en el círculo más cercano al poder. Se habla de favores, de exigencias, de plata que va y viene sin justificación clara, y de intentos burdos por ocultar las transacciones. Esto ya no es un simple error político, es una acusación penal seria que involucra directamente al presidente y a uno de sus hombres de más confianza. La pregunta que yo les dejo es: ¿Creen que esto es un caso aislado de "malas juntas" o es un reflejo de una forma de operar que hemos normalizado en la política tica? ¿Hasta qué punto la lealtad a los amigos justifica poner en riesgo la integridad de un gobierno?
Diay, vamos por partes para no perdernos. Según la Fiscalía y el testimonio de Cristian Bulgarelli (el "testigo de la corona"), la historia es así: el presidente Chaves, en una conversación en el patio de su casa, le habría exigido a Bulgarelli que le diera plata a Choreco del contrato del BCIE. Plata que, seamos claros, era para un brete de comunicación que estaba en el ojo del huracán. El monto no fue cualquiera: $32 mil exactos. ¿El propósito? Según Choreco le dijo a Bulgarelli, era para la prima de una casa en el condominio Barlovento. La Fiscalía ahora está conectando los puntos y por eso le imputa a Choreco el delito de legitimación, que es básicamente intentar hacer que la plata de origen dudoso parezca limpia.
Lo más increíble es el intento de justificar la transacción. Bulgarelli cuenta que Choreco no quería que su nombre apareciera por ningún lado, porque sabía perfectamente que no había hecho ningún brete para ganarse esa suma. La "solución" que se inventaron fue meter a Bulgarelli en el contrato de alquiler con opción a compra, como si él también estuviera interesado en el chunche. Al final, Bulgarelli se negó a firmar y solo quedó Choreco como inquilino-comprador. El plan para disfrazar la vara se les fue al traste, porque ahora ese mismo contrato es una de las pruebas clave que tiene la Fiscalía. Es como jalarse una torta y dejar el queque embarrado por toda la escena del crimen.
Y como si la trama no fuera lo suficientemente densa, el final es casi tragicómico. Después de todo el enredo para conseguir la plata y firmar el contrato, resulta que Choreco fue desalojado de la casa en agosto del año pasado por no pagar el alquiler. O sea, al final quedó salado: sin la casa y con una investigación penal que lo tiene dando declaraciones en la Fiscalía. Por supuesto, ahora su abogado dice que todo es una mentira de Bulgarelli y que el delito "no tiene ningún sentido". La típica jugada de desacreditar al testigo cuando las pruebas empiezan a apretar. Choreco, por su parte, aplicó la de guardar silencio por recomendación legal, que es su derecho, pero que para la opinión pública nunca se ve bien.
Aquí lo que queda es una sensación amarga, mae. Más allá del resultado legal de este caso, la vara pinta un cuadro preocupante sobre cómo se mueven las cosas en el círculo más cercano al poder. Se habla de favores, de exigencias, de plata que va y viene sin justificación clara, y de intentos burdos por ocultar las transacciones. Esto ya no es un simple error político, es una acusación penal seria que involucra directamente al presidente y a uno de sus hombres de más confianza. La pregunta que yo les dejo es: ¿Creen que esto es un caso aislado de "malas juntas" o es un reflejo de una forma de operar que hemos normalizado en la política tica? ¿Hasta qué punto la lealtad a los amigos justifica poner en riesgo la integridad de un gobierno?
