¡Ay, Dios mío! La cosa está que arde, amigos del Foro. Parece que la subasta de frecuencias impulsada por el Gobierno y la Sutel ha dejado a varias emisoras radiofónicas con la boca abierta y el alma en pena. Entre ellas, Radio Casino, que anda echándole humo a todo el asunto, acusando directamente al Gobierno de querer amordazar la libertad de expresión en el país. Diay, qué brete se armó.
La raíz del problema, según explican desde Radio Casino, radica en que las condiciones impuestas por la Sutel hacen prácticamente imposible la participación de pequeñas y medianas emisoras. No es simplemente cuestionar la metodología de la subasta, sino que argumentan que esto forma parte de un plan más amplio para controlar la información que llega a los hogares costarricenses. Y vaya que tenemos mucha dependencia de la radio aquí, ¿verdad?
“Con estas acciones por parte del Gobierno y con la subasta de frecuencias, lo que se pretende es limitarnos: precisamente nuestra libertad y nuestro derecho a comunicar a través de las ondas radiales y televisivas”, declararon representantes de Radio Casino en un comunicado oficial, visiblemente alterados. Añadieron que no se trata solamente de bajar el volumen a una emisora, sino de silenciar la voz de la gente, de impedir que puedan expresar sus opiniones libremente. Un ataque directo a la democracia, dicen ellos.
Pero la bronca no quedó ahí, porque también aprovecharon la oportunidad para soltarle unas cuantas a Don Rodri, el Presidente Chaves. Según fuentes internas de la emisora, hay un resentimiento profundo debido a las declaraciones previas del mandatario, en las que calificó a algunos medios de comunicación como “prensa canalla”. Esto, aseguran, demuestra una actitud autoritaria y un deseo de venganza personal, más allá de cualquier justificación técnica. ¡Qué vara!
“Desafortunadamente, el presidente de este Gobierno, Rodrigo Chaves Robles, queriendo a través de un capricho y a través de un revanchismo contra dos canales de televisión a los cuales tituló como prensa canalla…”, continuaron, evidenciando un claro hartazgo. Argumentan que este tipo de actitudes, en lugar de debilitar a esos medios, los fortalecen, ya que son los únicos capaces de enfrentar los costos exorbitantes de las nuevas licencias. ¡Qué carga!
Este panorama preocupa a muchos analistas políticos, quienes advierten sobre el riesgo de una concentración excesiva del poder mediático en manos de unos pocos grupos económicos. Si solo unos cuantos pueden acceder a las frecuencias, ¿quién garantizará la diversidad de voces y perspectivas en el debate público? La pluralidad es fundamental para una sociedad democrática, y parece que estamos perdiendo terreno en ese aspecto. Ya hemos visto cómo la polarización ha afectado otras áreas del país; ¿será que la opinión pública sufrirá un golpe similar?
Mientras tanto, otros actores del sector, como el dueño de Radio Sinfonela, han expresado preocupaciones similares, aunque desde una perspectiva diferente. Él ha manifestado que ha pasado “días muy difíciles buscando una solución” ante la incertidumbre generada por la subasta. Existe una sensación generalizada de angustia entre los operadores de radios comunitarias y pequeñas emisoras, temiendo perder su licencia y desaparecer de la programación nacional. ¡Qué despiche!
Esta controversia plantea interrogantes fundamentales sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad y la responsabilidad del Estado en garantizar la libertad de expresión. ¿Debería el Gobierno regular el acceso a las frecuencias para evitar la concentración del poder mediático, incluso si eso implica limitar la competencia? ¿O debería permitirse que el mercado determine quién obtiene las licencias, asumiendo el riesgo de una menor diversidad de voces? ¿Ustedes creen que el gobierno está justificadamente intentando modernizar el sistema de radiodifusión, o realmente está reprimiendo la libertad de expresión?
La raíz del problema, según explican desde Radio Casino, radica en que las condiciones impuestas por la Sutel hacen prácticamente imposible la participación de pequeñas y medianas emisoras. No es simplemente cuestionar la metodología de la subasta, sino que argumentan que esto forma parte de un plan más amplio para controlar la información que llega a los hogares costarricenses. Y vaya que tenemos mucha dependencia de la radio aquí, ¿verdad?
“Con estas acciones por parte del Gobierno y con la subasta de frecuencias, lo que se pretende es limitarnos: precisamente nuestra libertad y nuestro derecho a comunicar a través de las ondas radiales y televisivas”, declararon representantes de Radio Casino en un comunicado oficial, visiblemente alterados. Añadieron que no se trata solamente de bajar el volumen a una emisora, sino de silenciar la voz de la gente, de impedir que puedan expresar sus opiniones libremente. Un ataque directo a la democracia, dicen ellos.
Pero la bronca no quedó ahí, porque también aprovecharon la oportunidad para soltarle unas cuantas a Don Rodri, el Presidente Chaves. Según fuentes internas de la emisora, hay un resentimiento profundo debido a las declaraciones previas del mandatario, en las que calificó a algunos medios de comunicación como “prensa canalla”. Esto, aseguran, demuestra una actitud autoritaria y un deseo de venganza personal, más allá de cualquier justificación técnica. ¡Qué vara!
“Desafortunadamente, el presidente de este Gobierno, Rodrigo Chaves Robles, queriendo a través de un capricho y a través de un revanchismo contra dos canales de televisión a los cuales tituló como prensa canalla…”, continuaron, evidenciando un claro hartazgo. Argumentan que este tipo de actitudes, en lugar de debilitar a esos medios, los fortalecen, ya que son los únicos capaces de enfrentar los costos exorbitantes de las nuevas licencias. ¡Qué carga!
Este panorama preocupa a muchos analistas políticos, quienes advierten sobre el riesgo de una concentración excesiva del poder mediático en manos de unos pocos grupos económicos. Si solo unos cuantos pueden acceder a las frecuencias, ¿quién garantizará la diversidad de voces y perspectivas en el debate público? La pluralidad es fundamental para una sociedad democrática, y parece que estamos perdiendo terreno en ese aspecto. Ya hemos visto cómo la polarización ha afectado otras áreas del país; ¿será que la opinión pública sufrirá un golpe similar?
Mientras tanto, otros actores del sector, como el dueño de Radio Sinfonela, han expresado preocupaciones similares, aunque desde una perspectiva diferente. Él ha manifestado que ha pasado “días muy difíciles buscando una solución” ante la incertidumbre generada por la subasta. Existe una sensación generalizada de angustia entre los operadores de radios comunitarias y pequeñas emisoras, temiendo perder su licencia y desaparecer de la programación nacional. ¡Qué despiche!
Esta controversia plantea interrogantes fundamentales sobre el papel de los medios de comunicación en la sociedad y la responsabilidad del Estado en garantizar la libertad de expresión. ¿Debería el Gobierno regular el acceso a las frecuencias para evitar la concentración del poder mediático, incluso si eso implica limitar la competencia? ¿O debería permitirse que el mercado determine quién obtiene las licencias, asumiendo el riesgo de una menor diversidad de voces? ¿Ustedes creen que el gobierno está justificadamente intentando modernizar el sistema de radiodifusión, o realmente está reprimiendo la libertad de expresión?
