¡Ay, Dios mío! Esto se puso bien caliente. Randall Zúñiga, el jefe del OIJ, anda metido en otro brete, y esta vez la cosa parece más seria que nunca. Resulta que llegó una nueva denuncia penal contra él, sumándose a la que ya estaba dando vueltas desde la semana pasada. Imagínate el chayote que está pasando por ahí, entre tanto funcionario tratando de ver qué va a pasar.
Según fuentes cercanas a la Fiscalía Adjunta de Género de Cartago, el nuevo caso aterrizó el lunes pasado en los juzgados, justo cuando todos estaban digiriendo la información de la primera denuncia, presentada en Corredores. Parece que la cosa no paraba por ahí y que Zúñiga tenía más que uno encima de la mesa. El expediente lleva el número 25-001138-1893-PE y, aunque la Fiscalía no quiere soltar prenda todavía, se rumorea que involucra presuntos delitos de violación y contagio de enfermedad contra una mujer. ¡Qué sal!
Para ponerle pausa a tanta especulación, recordemos rápido el caso anterior. La primera denuncia, registrada bajo el expediente 25-000359-1883-PE, también lo acusa de presunta violación a una persona mayor de edad en enero de este año. Zúñiga, como buen político, ha negado categóricamente las acusaciones y se ha declarado “a las órdenes del sistema judicial”, insistiendo en que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero vamos, mae, negar no es convencer a muchos, ¿verdad?
Ahora, esto plantea unas preguntas gordas sobre cómo funciona el OIJ y si realmente puede seguir operando con normalidad con su cabeza visible envuelto en semejante polémica. Piénsenlo: el encargado de investigar crímenes está siendo acusado de cometer uno él mismo. ¡Un clásico ejemplo de irse al traste! Además, abre un debate importante sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas de nuestro país, especialmente aquellas encargadas de hacer cumplir la ley.
La Unidad de Género de Cartago es la que ahora tiene el balón en su cancha para analizar la denuncia y decidir si se abre o no una investigación penal formal. Van a tener que rifarse para determinar qué pasó y si hay pruebas suficientes para sostener la acusación. De paso, sería bueno que le pusieran lupa al protocolo de actuación del OIJ en estos casos para evitar que se repitan situaciones así. ¡Que tengan cuidado, que esto huele a bronca!
Muchos se preguntan si estas denuncias son parte de alguna estrategia política, considerando que estamos a unos meses del cambio de mando en el Poder Ejecutivo. No quiero andar sembrando teorías conspirativas, pero con la cantidad de movidas que hay últimamente, uno ya no sabe qué creer. Que no nos vengan con mosquitos, necesitamos respuestas claras y concisas sobre este asunto.
Lo cierto es que la credibilidad del OIJ está en juego y el futuro de Randall Zúñiga es incierto. Independientemente del resultado final, este caso sirve como un duro recordatorio de que nadie, ni siquiera las figuras públicas con más poder, están por encima de la ley. La justicia debe actuar imparcialmente y garantizar que todos sean tratados por igual, sin importar sus cargos o influencias. ¡Eso es lo que queremos, gente!
Y hablando en serio, compañeros del foro, ¿creen que la Fiscalía actuará con suficiente rapidez e independencia para esclarecer este caso? ¿Se necesita reconsiderar la forma en que se manejan las denuncias contra funcionarios públicos de alto rango? ¡Vamos a debatir!
Según fuentes cercanas a la Fiscalía Adjunta de Género de Cartago, el nuevo caso aterrizó el lunes pasado en los juzgados, justo cuando todos estaban digiriendo la información de la primera denuncia, presentada en Corredores. Parece que la cosa no paraba por ahí y que Zúñiga tenía más que uno encima de la mesa. El expediente lleva el número 25-001138-1893-PE y, aunque la Fiscalía no quiere soltar prenda todavía, se rumorea que involucra presuntos delitos de violación y contagio de enfermedad contra una mujer. ¡Qué sal!
Para ponerle pausa a tanta especulación, recordemos rápido el caso anterior. La primera denuncia, registrada bajo el expediente 25-000359-1883-PE, también lo acusa de presunta violación a una persona mayor de edad en enero de este año. Zúñiga, como buen político, ha negado categóricamente las acusaciones y se ha declarado “a las órdenes del sistema judicial”, insistiendo en que nadie es culpable hasta que se demuestre lo contrario. Pero vamos, mae, negar no es convencer a muchos, ¿verdad?
Ahora, esto plantea unas preguntas gordas sobre cómo funciona el OIJ y si realmente puede seguir operando con normalidad con su cabeza visible envuelto en semejante polémica. Piénsenlo: el encargado de investigar crímenes está siendo acusado de cometer uno él mismo. ¡Un clásico ejemplo de irse al traste! Además, abre un debate importante sobre la necesidad de transparencia y rendición de cuentas en las instituciones públicas de nuestro país, especialmente aquellas encargadas de hacer cumplir la ley.
La Unidad de Género de Cartago es la que ahora tiene el balón en su cancha para analizar la denuncia y decidir si se abre o no una investigación penal formal. Van a tener que rifarse para determinar qué pasó y si hay pruebas suficientes para sostener la acusación. De paso, sería bueno que le pusieran lupa al protocolo de actuación del OIJ en estos casos para evitar que se repitan situaciones así. ¡Que tengan cuidado, que esto huele a bronca!
Muchos se preguntan si estas denuncias son parte de alguna estrategia política, considerando que estamos a unos meses del cambio de mando en el Poder Ejecutivo. No quiero andar sembrando teorías conspirativas, pero con la cantidad de movidas que hay últimamente, uno ya no sabe qué creer. Que no nos vengan con mosquitos, necesitamos respuestas claras y concisas sobre este asunto.
Lo cierto es que la credibilidad del OIJ está en juego y el futuro de Randall Zúñiga es incierto. Independientemente del resultado final, este caso sirve como un duro recordatorio de que nadie, ni siquiera las figuras públicas con más poder, están por encima de la ley. La justicia debe actuar imparcialmente y garantizar que todos sean tratados por igual, sin importar sus cargos o influencias. ¡Eso es lo que queremos, gente!
Y hablando en serio, compañeros del foro, ¿creen que la Fiscalía actuará con suficiente rapidez e independencia para esclarecer este caso? ¿Se necesita reconsiderar la forma en que se manejan las denuncias contra funcionarios públicos de alto rango? ¡Vamos a debatir!
