¡Ay, Dios mío, qué torta! Parece que la jugada va tomando tintes rarísimos con el tema del magistrado Fernando Castillo. La Comisión de Nombres, después de darle mil vueltas, decidió mandar bola al Plenario para que decidan si lo dejan seguir en la Sala Constitucional por ocho añitos más. Un verdadero despiche la cosa, considerando que ni siquiera pudieron entrevistarlo.
La movida empezó porque Castillo, al igual que otros magistrados, vio que le estaba llegando el momento de pedir la relección. Pero aquí viene el detalle: justo cuando iban a sentarse a charlar con él, el tipo aparece con una incapacidad médica. Ya sabemos cómo van estas cosas, diay. Se programó una nueva cita para el 29 de octubre, pero la incapacidad se extendió hasta el 10 de noviembre, imposibilitando la entrevista. Un brete para la comisión, que ahora tiene que lidiar con esto.
La presidenta de la Comisión de Nombramientos, diputada Alejandra Larios, fue clarísima: “Cumplimos con todo el proceso, les pedimos los papeles, agendamos la entrevista… Pero con esta incapacidad, no podemos avanzar. Ni nosotros podemos entrevistar al señor magistrado, ni cumplir con los plazos legales.” En resumen, se fueron al traste las aspiraciones de obtener un informe de recomendación, así que le pasaron la papa caliente al Plenario.
Ahora, para que Castillo no siga ostentando el puesto, se necesitan 38 votos en contra en el Plenario. ¡Imagínate! Si logran sacarlo, sería un golpe duro para el magistrado y, posiblemente, para sus patrocinadores políticos. Pero si logran los votos necesarios para mantenerlo, estaría prácticamente asegurado en la Sala Constitucional hasta 2033, acumulando un total de 24 años en el cargo. ¡Una verdadera carga!
Y claro, no podía faltar la opinión de la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros. Ella no se anduvo con rodeos: “Me preocupa mucho que no hayamos podido hablar con él. No es la primera vez que Castillo se salta el procedimiento.” Rememoró el caso de 2017, cuando la revisión también se pospuso por la muerte del exdiputado Juan Marín, permitiéndole continuar automáticamente. ¡Qué vara tan peculiar!
Cisneros también puso encima de la mesa las posibles influencias políticas de Castillo. Según ella, el magistrado tiene “fuertes ligámenes con Liberación Nacional,” recordando que trabajó como asesor tanto para el jefe de fracción del PLN como para el Ministerio de la Presidencia durante la administración de José María Figueres. Un dato no menor, chunche, porque levanta sospechas sobre su imparcialidad.
Por supuesto, todos los ojos están puestos en la próxima reunión de la bancada oficialista, donde decidirán cómo votarán. Dicen que aún no tienen claro si buscarán destituirlo o dejarlo seguir en su puesto. El ambiente está cargado, mae, y la tensión se siente en el aire. Esto pinta para un debate interesante en el Plenario, con acusaciones cruzadas y mucha política barata, como siempre.
En fin, este asunto de la reelección de Castillo es una verdadera telenovela nacional. Una combinación de salud, política y procedimientos burocráticos que deja al público preguntándose: ¿Es posible que un magistrado pueda evitar una entrevista crucial para su futuro simplemente con una incapacidad médica? ¿Realmente estamos haciendo lo suficiente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras instituciones judiciales? ¡Dime tú, qué piensas al respecto?
La movida empezó porque Castillo, al igual que otros magistrados, vio que le estaba llegando el momento de pedir la relección. Pero aquí viene el detalle: justo cuando iban a sentarse a charlar con él, el tipo aparece con una incapacidad médica. Ya sabemos cómo van estas cosas, diay. Se programó una nueva cita para el 29 de octubre, pero la incapacidad se extendió hasta el 10 de noviembre, imposibilitando la entrevista. Un brete para la comisión, que ahora tiene que lidiar con esto.
La presidenta de la Comisión de Nombramientos, diputada Alejandra Larios, fue clarísima: “Cumplimos con todo el proceso, les pedimos los papeles, agendamos la entrevista… Pero con esta incapacidad, no podemos avanzar. Ni nosotros podemos entrevistar al señor magistrado, ni cumplir con los plazos legales.” En resumen, se fueron al traste las aspiraciones de obtener un informe de recomendación, así que le pasaron la papa caliente al Plenario.
Ahora, para que Castillo no siga ostentando el puesto, se necesitan 38 votos en contra en el Plenario. ¡Imagínate! Si logran sacarlo, sería un golpe duro para el magistrado y, posiblemente, para sus patrocinadores políticos. Pero si logran los votos necesarios para mantenerlo, estaría prácticamente asegurado en la Sala Constitucional hasta 2033, acumulando un total de 24 años en el cargo. ¡Una verdadera carga!
Y claro, no podía faltar la opinión de la jefa de la bancada oficialista, Pilar Cisneros. Ella no se anduvo con rodeos: “Me preocupa mucho que no hayamos podido hablar con él. No es la primera vez que Castillo se salta el procedimiento.” Rememoró el caso de 2017, cuando la revisión también se pospuso por la muerte del exdiputado Juan Marín, permitiéndole continuar automáticamente. ¡Qué vara tan peculiar!
Cisneros también puso encima de la mesa las posibles influencias políticas de Castillo. Según ella, el magistrado tiene “fuertes ligámenes con Liberación Nacional,” recordando que trabajó como asesor tanto para el jefe de fracción del PLN como para el Ministerio de la Presidencia durante la administración de José María Figueres. Un dato no menor, chunche, porque levanta sospechas sobre su imparcialidad.
Por supuesto, todos los ojos están puestos en la próxima reunión de la bancada oficialista, donde decidirán cómo votarán. Dicen que aún no tienen claro si buscarán destituirlo o dejarlo seguir en su puesto. El ambiente está cargado, mae, y la tensión se siente en el aire. Esto pinta para un debate interesante en el Plenario, con acusaciones cruzadas y mucha política barata, como siempre.
En fin, este asunto de la reelección de Castillo es una verdadera telenovela nacional. Una combinación de salud, política y procedimientos burocráticos que deja al público preguntándose: ¿Es posible que un magistrado pueda evitar una entrevista crucial para su futuro simplemente con una incapacidad médica? ¿Realmente estamos haciendo lo suficiente para garantizar la transparencia y la rendición de cuentas en nuestras instituciones judiciales? ¡Dime tú, qué piensas al respecto?
