¡Ay, Dios mío! Aquí vamos otra vez con temas que te tocan la fibra sensible. La Asamblea Legislativa le dio luz verde al expediente 23.729, una reforma bien pesada a nuestro artículo 36 de la Constitución. Vamos a tratar de ponerle pausa al café porque esto necesita explicación, ¿ok?
En pocas palabras, este proyecto busca cambiar la forma en que funciona la justicia cuando se trata de familiares involucrados en crímenes contra niños y niñas o situaciones de violencia doméstica. Hasta ahora, la ley nos permitía, digamos, pasarle la biblia a un sospechoso si era familiar cercano de la víctima. Un derecho a no declarar contra sus propios… pues ya sabe. Pero esto, muchos dicen, ha hecho que culpes quedaran impunes, y eso, obviamente, no mola nada.
Todo empezó allá por abril del año pasado cuando la diputada Carolina Delgado, del PLN, metió el dedo en la llaga y propuso esta modificación. Imaginen la movida, llevar una reforma constitucional, ¡no es pan comido! Requiere varias votaciones en diferentes legislaturas, así que esto apenas está empezando. La idea central es simple: obligar a las personas a testificar cuando se trate de un familiar que haya cometido actos violentos o sexuales contra menores. ¡Pura verdad!
El artículo 36, como les decía, siempre ha sido polémico. Dice textualmente que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares cercanos –cónyuges, padres, hijos, hermanos, primos hasta cierto punto–. La propuesta ahora añade una excepción crucial: cuando la víctima es un niño o niña en casos de abuso sexual o violencia intrafamiliar. Quiás va a quedar así, modificado: “En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Se exceptúa de lo anterior cuando se trate de un familiar de una persona menor de edad que sea víctima de delitos sexuales o violencia intrafamiliar.”
Ahora viene la parte técnica: para que esto avance, tienen que formarse comisiones especiales integradas por diputados. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, ya avisó que el próximo miércoles 21 de enero van a elegir quiénes estarán en esta comisión, que tendrá que analizar a fondo todos los detalles y darle una recomendación al Plenario. Así que tranquilos, todavía hay tiempo para debatir y aportar ideas, aunque algunos ya andan diciendo que esto es un bronco brete y que la cosa se puede ir al traste.
No es ningún secreto que el Gobierno anda buscando sacar adelante varios proyectos importantes en estas semanas, así que esta reforma seguramente es una de las prioridades. Ya le pasaron propuestas a los jefes de fracción para ver qué pueden impulsar. Algunos críticos argumentan que esta medida podría vulnerar el principio de presunción de inocencia y generar falsos testimonios, mientras que otros aseguran que es una necesidad urgente para proteger a los más indefensos. ¡Ay, la política! Siempre hay opiniones encontradas.
Y claro, como todo cambio importante, esto ha generado un debate intenso entre abogados, organizaciones sociales y políticos. Algunos señalan que la reforma podría ser demasiado amplia e incluso afectar a familias donde no existe realmente ninguna amenaza para el menor. Otros, por el contrario, consideran que es un paso fundamental para romper el silencio y garantizar que los responsables rindan cuentas. Las dos caras de la moneda, ¿verdad, maes?
Esta reforma, sin duda, es un tema candente que amerita toda nuestra atención. Lo que me lleva a preguntarles a ustedes, queridos lectores del Foro: ¿creen que esta reforma es necesaria para fortalecer la protección de nuestros niños y niñas, o podría tener consecuencias negativas imprevistas? ¿Deberíamos buscar otras alternativas para combatir la violencia intrafamiliar y el abuso infantil, o esta es la solución correcta? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan sobre este asunto tan delicado. ¡Que opinen, diay!
En pocas palabras, este proyecto busca cambiar la forma en que funciona la justicia cuando se trata de familiares involucrados en crímenes contra niños y niñas o situaciones de violencia doméstica. Hasta ahora, la ley nos permitía, digamos, pasarle la biblia a un sospechoso si era familiar cercano de la víctima. Un derecho a no declarar contra sus propios… pues ya sabe. Pero esto, muchos dicen, ha hecho que culpes quedaran impunes, y eso, obviamente, no mola nada.
Todo empezó allá por abril del año pasado cuando la diputada Carolina Delgado, del PLN, metió el dedo en la llaga y propuso esta modificación. Imaginen la movida, llevar una reforma constitucional, ¡no es pan comido! Requiere varias votaciones en diferentes legislaturas, así que esto apenas está empezando. La idea central es simple: obligar a las personas a testificar cuando se trate de un familiar que haya cometido actos violentos o sexuales contra menores. ¡Pura verdad!
El artículo 36, como les decía, siempre ha sido polémico. Dice textualmente que nadie está obligado a declarar contra sí mismo ni contra sus familiares cercanos –cónyuges, padres, hijos, hermanos, primos hasta cierto punto–. La propuesta ahora añade una excepción crucial: cuando la víctima es un niño o niña en casos de abuso sexual o violencia intrafamiliar. Quiás va a quedar así, modificado: “En materia penal nadie está obligado a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, ascendientes, descendientes o parientes colaterales hasta el tercer grado inclusive de consanguinidad o afinidad. Se exceptúa de lo anterior cuando se trate de un familiar de una persona menor de edad que sea víctima de delitos sexuales o violencia intrafamiliar.”
Ahora viene la parte técnica: para que esto avance, tienen que formarse comisiones especiales integradas por diputados. El presidente legislativo, Rodrigo Arias, ya avisó que el próximo miércoles 21 de enero van a elegir quiénes estarán en esta comisión, que tendrá que analizar a fondo todos los detalles y darle una recomendación al Plenario. Así que tranquilos, todavía hay tiempo para debatir y aportar ideas, aunque algunos ya andan diciendo que esto es un bronco brete y que la cosa se puede ir al traste.
No es ningún secreto que el Gobierno anda buscando sacar adelante varios proyectos importantes en estas semanas, así que esta reforma seguramente es una de las prioridades. Ya le pasaron propuestas a los jefes de fracción para ver qué pueden impulsar. Algunos críticos argumentan que esta medida podría vulnerar el principio de presunción de inocencia y generar falsos testimonios, mientras que otros aseguran que es una necesidad urgente para proteger a los más indefensos. ¡Ay, la política! Siempre hay opiniones encontradas.
Y claro, como todo cambio importante, esto ha generado un debate intenso entre abogados, organizaciones sociales y políticos. Algunos señalan que la reforma podría ser demasiado amplia e incluso afectar a familias donde no existe realmente ninguna amenaza para el menor. Otros, por el contrario, consideran que es un paso fundamental para romper el silencio y garantizar que los responsables rindan cuentas. Las dos caras de la moneda, ¿verdad, maes?
Esta reforma, sin duda, es un tema candente que amerita toda nuestra atención. Lo que me lleva a preguntarles a ustedes, queridos lectores del Foro: ¿creen que esta reforma es necesaria para fortalecer la protección de nuestros niños y niñas, o podría tener consecuencias negativas imprevistas? ¿Deberíamos buscar otras alternativas para combatir la violencia intrafamiliar y el abuso infantil, o esta es la solución correcta? Déjenme sus comentarios, quiero saber qué piensan sobre este asunto tan delicado. ¡Que opinen, diay!
