¡Aguas, mae! La Sala Constitucional le bajó el telón a los diputados en el tema de los allanamientos las 24 horas, los siete días de la semana. Resulta que declararon que el resello que le hicieron al proyecto era una jugada turbia y señalaron varios errores en el proceso. ¡Un arrabal, vamos!
Para quien ande medio perdido, recuerden que después de que el Presidente vetó el proyecto argumentando que podía vulnerar derechos fundamentales, los diputados decidieron darle otra oportunidad, intentando saltarse algunos pasos reglamentarios. Creían que podían meterle mano al veto sin seguir el protocolo, ¡pero la Sala les dijo 'no nomás'! El expediente 24.495 ahora vuelve al Congreso con una serie de señalamientos que, pa' ponerlos claros, no son precisamente elogios.
Según los magistrados, el resello –esa movida de echar pa’ atrás un veto– solo aplica si hay “razones de conveniencia y oportunidad” o si el Poder Ejecutivo quiere cambiar cosas. Pero en este caso, el Congreso lo hizo porque consideraba que el veto era inconstitucional, ¡y ahí se equivocaron de chiripa! La Sala les recordó, con toda la razón, que si no están de acuerdo con el veto, tienen que llevar el asunto de nuevo a ellos para que decidan si realmente hay motivos constitucionales para hacerlo o no.
Lo que pasó fue que la Comisión de Jurídicos –la que siempre anda metida en bretes raros– le puso sus manitos al proyecto, haciéndole modificaciones, y luego se mandó todo al Plenario para una votación exprés. ¡Una torta!, señalan los magistrados. Además, se dieron cuenta de que ni siquiera siguieron el orden correcto dentro del reglamento del Congreso; deberían haberlo tratado en el Capítulo de Régimen Interno, no en medio de los debates.
Y no se quedaron ahí, ¡claro que no! La Sala también señaló un “vicio invalidante del procedimiento parlamentario”. Imagínate, mae, todo el proceso tachado por errores de forma. Parece que algunos diputados estaban más pensando en aprobar rápido el proyecto que en respetar las reglas del juego. Es como jugar birria y que te descubran haciendo trampa, ¡se acabó el jueguito!
Ahora, el expediente regresa al Congreso con la tarea de arreglar esos líos. La diputada Monserrat Ruiz, quien propuso la iniciativa, dice que no se preocupen, que esto no significa que el proyecto se va al bote. Ella está segura de que, con algunas correcciones, todavía pueden convertirlo en ley. Dice que va a hablar con la presidenta de la Asamblea, Vanessa Castro, para agilizar el tema, aunque estas últimas semanas ya se van, ¡qué date!
Ruiz asegura que respetan la decisión de la Sala, pero insiste en que quieren avanzar lo más pronto posible. Claro, porque muchos creen que estos allanamientos sin horario son necesarios para combatir la delincuencia organizada. Otros, en cambio, ven una amenaza a las libertades individuales. Vamos, la típica lucha entre seguridad y derechos... pero parece que los diputados tendrán que sudar la camiseta para convencer a la Sala de que lo hacen bien, esta vez.
La verdad es que este rollo nos deja pensando: ¿Hasta dónde puede llegar el Congreso para aprobar leyes que consideran necesarias, y qué tan importante es respetar escrupulosamente los procedimientos legales? ¿Creen ustedes que permitir allanamientos a cualquier hora del día es un sacrificio necesario para mejorar la seguridad pública, o representa una violación excesiva de nuestros derechos?
Para quien ande medio perdido, recuerden que después de que el Presidente vetó el proyecto argumentando que podía vulnerar derechos fundamentales, los diputados decidieron darle otra oportunidad, intentando saltarse algunos pasos reglamentarios. Creían que podían meterle mano al veto sin seguir el protocolo, ¡pero la Sala les dijo 'no nomás'! El expediente 24.495 ahora vuelve al Congreso con una serie de señalamientos que, pa' ponerlos claros, no son precisamente elogios.
Según los magistrados, el resello –esa movida de echar pa’ atrás un veto– solo aplica si hay “razones de conveniencia y oportunidad” o si el Poder Ejecutivo quiere cambiar cosas. Pero en este caso, el Congreso lo hizo porque consideraba que el veto era inconstitucional, ¡y ahí se equivocaron de chiripa! La Sala les recordó, con toda la razón, que si no están de acuerdo con el veto, tienen que llevar el asunto de nuevo a ellos para que decidan si realmente hay motivos constitucionales para hacerlo o no.
Lo que pasó fue que la Comisión de Jurídicos –la que siempre anda metida en bretes raros– le puso sus manitos al proyecto, haciéndole modificaciones, y luego se mandó todo al Plenario para una votación exprés. ¡Una torta!, señalan los magistrados. Además, se dieron cuenta de que ni siquiera siguieron el orden correcto dentro del reglamento del Congreso; deberían haberlo tratado en el Capítulo de Régimen Interno, no en medio de los debates.
Y no se quedaron ahí, ¡claro que no! La Sala también señaló un “vicio invalidante del procedimiento parlamentario”. Imagínate, mae, todo el proceso tachado por errores de forma. Parece que algunos diputados estaban más pensando en aprobar rápido el proyecto que en respetar las reglas del juego. Es como jugar birria y que te descubran haciendo trampa, ¡se acabó el jueguito!
Ahora, el expediente regresa al Congreso con la tarea de arreglar esos líos. La diputada Monserrat Ruiz, quien propuso la iniciativa, dice que no se preocupen, que esto no significa que el proyecto se va al bote. Ella está segura de que, con algunas correcciones, todavía pueden convertirlo en ley. Dice que va a hablar con la presidenta de la Asamblea, Vanessa Castro, para agilizar el tema, aunque estas últimas semanas ya se van, ¡qué date!
Ruiz asegura que respetan la decisión de la Sala, pero insiste en que quieren avanzar lo más pronto posible. Claro, porque muchos creen que estos allanamientos sin horario son necesarios para combatir la delincuencia organizada. Otros, en cambio, ven una amenaza a las libertades individuales. Vamos, la típica lucha entre seguridad y derechos... pero parece que los diputados tendrán que sudar la camiseta para convencer a la Sala de que lo hacen bien, esta vez.
La verdad es que este rollo nos deja pensando: ¿Hasta dónde puede llegar el Congreso para aprobar leyes que consideran necesarias, y qué tan importante es respetar escrupulosamente los procedimientos legales? ¿Creen ustedes que permitir allanamientos a cualquier hora del día es un sacrificio necesario para mejorar la seguridad pública, o representa una violación excesiva de nuestros derechos?
