¡Ay, Dios mío, qué bronca! La Sala Cuatro de la Corte Costitucional le dio un golpe certero a la esperanza de resolver rápido el caso del agricultor Roy Fallas, ese mae que dijeron le dieron unos golpes feos durante la manifestación en Plaza de la Cultura. Resulta que declararon 'sin lugar' un recurso de hábeas corpus que, pa’ empezar, nadie entendía muy bien quién lo había metido.
La movida comenzó cuando, hace unas semanas, un grupo de agricultores, hartos de las políticas del gobierno de Don Rodri, decidieron marchar de San José hasta Zapote para hacer sentir su voz. En medio de la marcha, dicen que efectivos de la policía se fajaron a golpes con algunos manifestantes, incluyendo a don Roy. Él denunció haber recibido un trato duro, un estrangulamiento que, según él, casi le costó la vida. Esto, obviamente, encendió todas las alarmas y generó un revuelo nacional considerable – ¡una verdadera tortilla!
Pero acá viene lo curioso. El recurso de hábeas corpus que se presentó en nombre de Fallas no lo hizo él ni su abogado, Gerardo Huertas, sino una persona que ni siquiera salió a decir quién era. Según el abogado, esto complica las cosas porque ese tipo de recurso requiere pruebas sólidas, videos desde distintos ángulos... ¡todo el paquete! Además, Huertas enfatizó que ellos prefieren seguir el camino legal regular a través de la Fiscalía y los tribunales, donde ya tienen un expediente abierto y una gestión de acumulación de pruebas en marcha. Un brete, vamos.
Para refrescarles la memoria, la Fiscalía ya unificó la investigación del supuesto abuso de poder policial con el caso de la presunta resistencia a la autoridad por parte del agricultor. Eso significa que todo estará bajo la lupa de la justicia ordinaria, donde Fallas ahora figura como víctima. Al final, parece que este movimiento permite que le echenle un vistazo más profundo al caso, revisar todos los videos disponibles y evitar que el asunto se maneje a toda carrera en el tribunal de flagrancia, que a veces mete patadas en el barro, diay.
Ahora, el Tribunal Penal de Flagrancia decidió juntar todo en un solo proceso, buscando así investigar a fondo tanto el posible abuso de los policías como la acusación de resistencia contra Fallas. Ya saben, un caso va atado al otro, y eso da la oportunidad de presentar todos los videos y testimonios relevantes. Este enfoque, según el abogado, le dará mayor transparencia al proceso y evitará decisiones precipitadas basadas en información incompleta. ¡Esperemos que así sea!
Muchos se preguntan si este rechazo de la Sala Constitucional pone fin a las esperanzas de que se haga justicia rápidamente. Algunos opinan que es una señal de que el sistema judicial está lento y que los derechos de los ciudadanos no están siendo protegidos adecuamente. Otros argumentan que la Sala actuó correctamente al evaluar la evidencia disponible y que no hay base para afirmar que se violaron derechos fundamentales, especialmente teniendo en cuenta que el recurso no estaba bien fundamentado. Esa persona que puso el recurso, ¡qué onda! Parecía un churrito, sinceramente.
Y hablando de procesos judiciales, recordemos que durante la marcha hubo otros incidentes, como un pequeño zafarrancho. Se abrieron investigaciones por ambas partes: contra los policías por el presunto abuso y contra los manifestantes por alterar el orden público. El caso ha generado mucha controversia y ha puesto en relieve la tensión existente entre el gobierno y ciertos sectores de la población. Ahora, con la unificación de causas, todo estará más claro, aunque el tiempo dirá si se llegará a una conclusión justa y equitativa.
En fin, con este panorama, nos queda preguntarnos: ¿Será que la justicia costarricense realmente garantiza la protección de los derechos de los manifestantes frente a posibles abusos policiales, o este caso sienta un precedente preocupante para futuras protestas? ¿Creen que el proceso unificado será suficiente para esclarecer los hechos y llegar a un veredicto justo para todas las partes involucradas?
La movida comenzó cuando, hace unas semanas, un grupo de agricultores, hartos de las políticas del gobierno de Don Rodri, decidieron marchar de San José hasta Zapote para hacer sentir su voz. En medio de la marcha, dicen que efectivos de la policía se fajaron a golpes con algunos manifestantes, incluyendo a don Roy. Él denunció haber recibido un trato duro, un estrangulamiento que, según él, casi le costó la vida. Esto, obviamente, encendió todas las alarmas y generó un revuelo nacional considerable – ¡una verdadera tortilla!
Pero acá viene lo curioso. El recurso de hábeas corpus que se presentó en nombre de Fallas no lo hizo él ni su abogado, Gerardo Huertas, sino una persona que ni siquiera salió a decir quién era. Según el abogado, esto complica las cosas porque ese tipo de recurso requiere pruebas sólidas, videos desde distintos ángulos... ¡todo el paquete! Además, Huertas enfatizó que ellos prefieren seguir el camino legal regular a través de la Fiscalía y los tribunales, donde ya tienen un expediente abierto y una gestión de acumulación de pruebas en marcha. Un brete, vamos.
Para refrescarles la memoria, la Fiscalía ya unificó la investigación del supuesto abuso de poder policial con el caso de la presunta resistencia a la autoridad por parte del agricultor. Eso significa que todo estará bajo la lupa de la justicia ordinaria, donde Fallas ahora figura como víctima. Al final, parece que este movimiento permite que le echenle un vistazo más profundo al caso, revisar todos los videos disponibles y evitar que el asunto se maneje a toda carrera en el tribunal de flagrancia, que a veces mete patadas en el barro, diay.
Ahora, el Tribunal Penal de Flagrancia decidió juntar todo en un solo proceso, buscando así investigar a fondo tanto el posible abuso de los policías como la acusación de resistencia contra Fallas. Ya saben, un caso va atado al otro, y eso da la oportunidad de presentar todos los videos y testimonios relevantes. Este enfoque, según el abogado, le dará mayor transparencia al proceso y evitará decisiones precipitadas basadas en información incompleta. ¡Esperemos que así sea!
Muchos se preguntan si este rechazo de la Sala Constitucional pone fin a las esperanzas de que se haga justicia rápidamente. Algunos opinan que es una señal de que el sistema judicial está lento y que los derechos de los ciudadanos no están siendo protegidos adecuamente. Otros argumentan que la Sala actuó correctamente al evaluar la evidencia disponible y que no hay base para afirmar que se violaron derechos fundamentales, especialmente teniendo en cuenta que el recurso no estaba bien fundamentado. Esa persona que puso el recurso, ¡qué onda! Parecía un churrito, sinceramente.
Y hablando de procesos judiciales, recordemos que durante la marcha hubo otros incidentes, como un pequeño zafarrancho. Se abrieron investigaciones por ambas partes: contra los policías por el presunto abuso y contra los manifestantes por alterar el orden público. El caso ha generado mucha controversia y ha puesto en relieve la tensión existente entre el gobierno y ciertos sectores de la población. Ahora, con la unificación de causas, todo estará más claro, aunque el tiempo dirá si se llegará a una conclusión justa y equitativa.
En fin, con este panorama, nos queda preguntarnos: ¿Será que la justicia costarricense realmente garantiza la protección de los derechos de los manifestantes frente a posibles abusos policiales, o este caso sienta un precedente preocupante para futuras protestas? ¿Creen que el proceso unificado será suficiente para esclarecer los hechos y llegar a un veredicto justo para todas las partes involucradas?
