Maes, pónganse cómodos porque esta vara está buena. ¿Se acuerdan de ese cuento de nunca acabar con las 80 hectáreas de bosque purísima vida en la costa de Nosara? Esos terrenos que valen un platal, como $800 millones, y que todo el mundo sabía que eran del Estado pero que, por arte de magia, estaban siendo administrados por una asociación privada. Diay, parece que la fiesta se les acabó. La Sala Constitucional, por fin, se puso seria y le acaba de dar un jalón de orejas épico a la Municipalidad de Nicoya, dándoles 18 meses para que recuperen lo que es de todos los ticos. ¡Ya era hora!
Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y uno entiende la magnitud del problema. Esto no es un simple descuido. La Muni de Nicoya sabía desde el 2015, ¡hace diez años!, que esas tierras eran públicas. Una década, maes. Y durante todo ese tiempo, ¿qué hicieron? Pues, aparentemente, hacerse los locos. La excusa oficial era una supuesta "falta de estudios", un pretexto que el Tribunal Constitucional desarmó en dos toques. Es que hay que tener cara. Mientras a familias humildes las desalojan sin compasión, aquí teníamos un tesoro nacional en manos privadas con la bendición pasiva de las autoridades. Sinceramente, la Muni se jaló una torta monumental. ¡Qué despiche administrativo!
Afortunadamente, a veces la justicia, aunque tarde, llega. Y el fallo de la Sala IV, ¡qué carga de fallo! No es solo por recuperar un terreno, es por el precedente que sienta. El abogado que llevó el caso, Marvin Rodríguez, lo explicó muy bien, pero traduciéndolo a buen tico: esto es un recordatorio de que los bienes públicos no son piñata para que se los repartan cuatro vivos. Es un mensaje directo a todas las municipalidades costeras del país: su brete es proteger lo que es de la gente, no hacerse de la vista gorda. Esta sentencia es una cachete para la ciudadanía y una cachetada para los que creían que podían seguir jugando de listos con los recursos de todos.
Y para que vean que la cosa va en serio, la orden judicial viene con dientes. Los magistrados advirtieron que si los jerarcas de la Alcaldía de Nicoya, con don Carlos Armando Martínez a la cabeza, no cumplen con la orden en el plazo de año y medio, podrían enfrentar consecuencias serias, incluyendo multas y hasta cárcel. Se acabó el tiempo de las comisiones especiales que no llegaban a nada y de los acuerdos de concejo municipal que se quedaban en el papel. Ahora es simple: o hacen el brete que han debido hacer desde hace años, o se van a meter en un problema legal gigantesco. Tic, tac, el reloj ya está corriendo para la Muni.
Al final del día, esta noticia es un respiro y una prueba de que la presión ciudadana y las acciones legales funcionan. Es una victoria para Nosara y para toda Costa Rica. Pero la pregunta del millón queda en el aire, y aquí es donde quiero leerlos a ustedes. Con este ultimátum tan claro y las amenazas de cárcel sobre la mesa, ¿creen que la Municipalidad de Nicoya ahora sí se va a poner las pilas y recuperará los terrenos sin más excusas? ¿O intentarán alguna otra jugada para seguir pateando la bola? ¡Cuenten qué piensan en los comentarios, maes!
Pero aquí es donde la cosa se pone color de hormiga y uno entiende la magnitud del problema. Esto no es un simple descuido. La Muni de Nicoya sabía desde el 2015, ¡hace diez años!, que esas tierras eran públicas. Una década, maes. Y durante todo ese tiempo, ¿qué hicieron? Pues, aparentemente, hacerse los locos. La excusa oficial era una supuesta "falta de estudios", un pretexto que el Tribunal Constitucional desarmó en dos toques. Es que hay que tener cara. Mientras a familias humildes las desalojan sin compasión, aquí teníamos un tesoro nacional en manos privadas con la bendición pasiva de las autoridades. Sinceramente, la Muni se jaló una torta monumental. ¡Qué despiche administrativo!
Afortunadamente, a veces la justicia, aunque tarde, llega. Y el fallo de la Sala IV, ¡qué carga de fallo! No es solo por recuperar un terreno, es por el precedente que sienta. El abogado que llevó el caso, Marvin Rodríguez, lo explicó muy bien, pero traduciéndolo a buen tico: esto es un recordatorio de que los bienes públicos no son piñata para que se los repartan cuatro vivos. Es un mensaje directo a todas las municipalidades costeras del país: su brete es proteger lo que es de la gente, no hacerse de la vista gorda. Esta sentencia es una cachete para la ciudadanía y una cachetada para los que creían que podían seguir jugando de listos con los recursos de todos.
Y para que vean que la cosa va en serio, la orden judicial viene con dientes. Los magistrados advirtieron que si los jerarcas de la Alcaldía de Nicoya, con don Carlos Armando Martínez a la cabeza, no cumplen con la orden en el plazo de año y medio, podrían enfrentar consecuencias serias, incluyendo multas y hasta cárcel. Se acabó el tiempo de las comisiones especiales que no llegaban a nada y de los acuerdos de concejo municipal que se quedaban en el papel. Ahora es simple: o hacen el brete que han debido hacer desde hace años, o se van a meter en un problema legal gigantesco. Tic, tac, el reloj ya está corriendo para la Muni.
Al final del día, esta noticia es un respiro y una prueba de que la presión ciudadana y las acciones legales funcionan. Es una victoria para Nosara y para toda Costa Rica. Pero la pregunta del millón queda en el aire, y aquí es donde quiero leerlos a ustedes. Con este ultimátum tan claro y las amenazas de cárcel sobre la mesa, ¿creen que la Municipalidad de Nicoya ahora sí se va a poner las pilas y recuperará los terrenos sin más excusas? ¿O intentarán alguna otra jugada para seguir pateando la bola? ¡Cuenten qué piensan en los comentarios, maes!
