¡Ay, Dios mío, qué panorama nos pinta esto! La Fiscalía Penal Juvenil sacudió la gallina ayer con un reporte escalofriante sobre cómo el crimen organizado le está metiendo mano a nuestros niños y niñas. Ya no es cosa de ‘mae travieso’, sino de bandas organizadas reclutando menores para hacer trabajos sucios y dejarles las manos manchadas de sangre. Esto se puso feísimo, literal.
Parece que ya no basta con echarle la culpa a los videojuegos ni a la influencia de internet. La realidad es bien dura: estas estructuras criminales ven en la vulnerabilidad económica y emocional de los adolescentes una oportunidad dorada. Les ofrecen unas pocas monedas, una falsa sensación de pertenencia y protección, pa’ luego dejarlos botando si les toca meterse en problemas con la poli. ¿Dónde quedó la contención familiar, diay?
Los números hablan por sí solos: durante el 2024, se registraron 67 causas judiciales donde aparecieron menores de edad involucrados en crímenes de homicidio. ¡Y eso es solo la punta del iceberg! Lo peor es que 16 de esos casos tienen conexión directa con organizaciones criminales, lo que significa que estamos hablando de un problema sistémico, no de casos aislados. Eso representa casi el ocho por ciento de todos los homicidios que ocurrieron en el país ese año... ¡una barbaridad!
La fiscal adjunta penal juvenil, Gabriela Alfaro, nos dejó claro que estos jóvenes, muchos entre los doce y dieciocho años, terminan siendo carne de cañón dentro de estas bandas. Les asignan tareas peligrosas, como asesinatos, y los dejan solos a su suerte. Una vez que los agarran, la protección desaparece más rápido que chamaco en concierto de Gilberto Santa Rosa, literalmente. En el programa Voces MP, ella misma lo expresó así: 'Las estructuras detectan debilidades emocionales y económicas. Ofrecen pequeñas sumas o una sensación de protección que desaparece cuando son detenidos o mueren'.
Si revisamos los datos del Ministerio de Justicia y Paz, la cifra de menores privados de libertad va en aumento preocupante. Pasamos de 205 en 2023 a 232 en 2024, y ahora, ¡ya tenemos 248 al corte de septiembre de este año! Literalmente, la situación está echándose a perder. Estos pibes y pibas están cambiando los libros por armas, y terminando atrapados en un brete del que parece imposible salir.
San José encabeza la lista de provincias con mayor incidencia en estos casos, con 19 causas seguidas de cerca por Puntarenas, Alajuela, Turrialba y Limón. En distritos como Pavas, Desamparados, Barranca y el centro de Limón, se han identificado focos de reclutamiento activo, y hasta dicen que las estructuras criminales andan moviéndose entre Pococí y Turrialba para evadir a la policía… ¡qué manera de complicarle las cosas a la autoridad!
Pero no todo está perdido, aunque la verdad es que la situación es grave. La Fiscalía insiste en que la prevención es la clave, y no me extraña. Reforzar la contención familiar, mejorar la calidad de la educación y crear espacios seguros para los jóvenes son medidas urgentes. También hacen bien en impartir charlas y capacitaciones en colegios e impulsar la creación de agentes replicadores comunitarios que puedan transmitir información sobre los riesgos y deberes ante la ley. Estos programas pueden marcar la diferencia, chunches.
Sin embargo, con tantos factores en juego, uno se queda pensando: ¿Cómo podemos, como sociedad, romper este círculo vicioso de pobreza, falta de oportunidades y violencia que empuja a nuestros jóvenes hacia el camino del crimen? ¿Qué acciones concretas podemos tomar desde nuestras propias comunidades para proteger a nuestros muchachos y muchachas de caer en estas garras? Déjenme sus ideas en los comentarios, necesito saber qué piensa usted.
Parece que ya no basta con echarle la culpa a los videojuegos ni a la influencia de internet. La realidad es bien dura: estas estructuras criminales ven en la vulnerabilidad económica y emocional de los adolescentes una oportunidad dorada. Les ofrecen unas pocas monedas, una falsa sensación de pertenencia y protección, pa’ luego dejarlos botando si les toca meterse en problemas con la poli. ¿Dónde quedó la contención familiar, diay?
Los números hablan por sí solos: durante el 2024, se registraron 67 causas judiciales donde aparecieron menores de edad involucrados en crímenes de homicidio. ¡Y eso es solo la punta del iceberg! Lo peor es que 16 de esos casos tienen conexión directa con organizaciones criminales, lo que significa que estamos hablando de un problema sistémico, no de casos aislados. Eso representa casi el ocho por ciento de todos los homicidios que ocurrieron en el país ese año... ¡una barbaridad!
La fiscal adjunta penal juvenil, Gabriela Alfaro, nos dejó claro que estos jóvenes, muchos entre los doce y dieciocho años, terminan siendo carne de cañón dentro de estas bandas. Les asignan tareas peligrosas, como asesinatos, y los dejan solos a su suerte. Una vez que los agarran, la protección desaparece más rápido que chamaco en concierto de Gilberto Santa Rosa, literalmente. En el programa Voces MP, ella misma lo expresó así: 'Las estructuras detectan debilidades emocionales y económicas. Ofrecen pequeñas sumas o una sensación de protección que desaparece cuando son detenidos o mueren'.
Si revisamos los datos del Ministerio de Justicia y Paz, la cifra de menores privados de libertad va en aumento preocupante. Pasamos de 205 en 2023 a 232 en 2024, y ahora, ¡ya tenemos 248 al corte de septiembre de este año! Literalmente, la situación está echándose a perder. Estos pibes y pibas están cambiando los libros por armas, y terminando atrapados en un brete del que parece imposible salir.
San José encabeza la lista de provincias con mayor incidencia en estos casos, con 19 causas seguidas de cerca por Puntarenas, Alajuela, Turrialba y Limón. En distritos como Pavas, Desamparados, Barranca y el centro de Limón, se han identificado focos de reclutamiento activo, y hasta dicen que las estructuras criminales andan moviéndose entre Pococí y Turrialba para evadir a la policía… ¡qué manera de complicarle las cosas a la autoridad!
Pero no todo está perdido, aunque la verdad es que la situación es grave. La Fiscalía insiste en que la prevención es la clave, y no me extraña. Reforzar la contención familiar, mejorar la calidad de la educación y crear espacios seguros para los jóvenes son medidas urgentes. También hacen bien en impartir charlas y capacitaciones en colegios e impulsar la creación de agentes replicadores comunitarios que puedan transmitir información sobre los riesgos y deberes ante la ley. Estos programas pueden marcar la diferencia, chunches.
Sin embargo, con tantos factores en juego, uno se queda pensando: ¿Cómo podemos, como sociedad, romper este círculo vicioso de pobreza, falta de oportunidades y violencia que empuja a nuestros jóvenes hacia el camino del crimen? ¿Qué acciones concretas podemos tomar desde nuestras propias comunidades para proteger a nuestros muchachos y muchachas de caer en estas garras? Déjenme sus ideas en los comentarios, necesito saber qué piensa usted.
