¡Ay, Dios mío! Resulta que la movida del gobierno para rifarle las frecuencias de radio y televisión se ha topado con un buen lío legal. Veinte nueves recursos de apelación han llegado a la Contraloría General, echándole frío al plan de Don Rodri para llenar las arcas públicas. Parece que este brete se va a poner complicado, ¿eh?
Como les cuento, la idea era simple: ponerle precio a esas frecuencias que, según dicen, llevábamos alquilando a unos mangues. Según la Ministra Paula Bogantes, estamos regalando terrenos en Beverly Hills por pagar unas sumas irrisorias. Una frecuencia de tele cuesta 120 mil colones al año y una radio FM apenas seis mil. ¡Una ganga para los dueños de emisoras, una pérdida para el erario público, según ellos!
Ahora bien, esos 29 recursos de objeción le ponen freno a todo. Tres atacan el concurso de televisión, ocho la de radio AM y dieciocho la de FM. Esto significa que la Contraloría tiene hasta finales de octubre para revisar todo este papeleo y decidir si deja seguir la subasta o la manda a dormir. ¡Y ahí es donde empieza la verdadera chinchorro!
Para darle más sabor a la cosa, las frecuencias que están en juego cubren casi todo el espectro radioeléctrico. Desde 525 kHz para radio AM hasta 108 MHz para FM y desde 174 MHz hasta 608 MHz para televisión. ¡Un terreno jugoso! La SUTEL ya había puesto precios base, algunos bastante elevados, especialmente para la cobertura nacional. Hablamos de varios millones de dólares para algunas frecuencias de televisión.
El método de adjudicación, por cierto, es un poco complicado: primero se reciben las ofertas en sobres cerrados y luego hay una subasta abierta para ver quién ofrece más. Suena justo, pero siempre hay quienes creen que pueden meter mano, ¿verdad? Algunos analistas sugieren que estos recursos podrían ser parte de una estrategia para inflar los precios y beneficiar a ciertos grupos económicos. ¡Pero eso es solo especulación, mae!
Lo interesante es que esto refleja una tensión entre el deseo del gobierno de aumentar los ingresos fiscales y la necesidad de asegurar una competencia justa en el sector de las telecomunicaciones. ¿Será posible encontrar un punto medio? ¿Podrá el gobierno convencer a la Contraloría de que su plan es legal y beneficioso para el país? Esta vara pinta complicada, vamos a tener que estar ojo avizor.
Y hablando de dinero, me pregunto qué pasará con las empresas que ya estaban preparando sus ofertas. Algunas invertieron tiempo y recursos considerables en analizar las frecuencias y preparar sus propuestas. Si la subasta se congela, ¿tendrán derecho a algún tipo de compensación? ¿Será que todo este proceso termine generando demandas judiciales que costarán aún más al erario?
En fin, parece que esta historia todavía tiene mucho que decir. El caso de las frecuencias está demostrando que, en Costa Rica, hasta el negocio más simple puede convertirse en un verdadero laberinto burocrático. Ahora me pregunto, ¿creen ustedes que el gobierno debería insistir con la subasta a pesar de todos estos obstáculos legales, o sería mejor replantear toda la estrategia para evitar más problemas? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
Como les cuento, la idea era simple: ponerle precio a esas frecuencias que, según dicen, llevábamos alquilando a unos mangues. Según la Ministra Paula Bogantes, estamos regalando terrenos en Beverly Hills por pagar unas sumas irrisorias. Una frecuencia de tele cuesta 120 mil colones al año y una radio FM apenas seis mil. ¡Una ganga para los dueños de emisoras, una pérdida para el erario público, según ellos!
Ahora bien, esos 29 recursos de objeción le ponen freno a todo. Tres atacan el concurso de televisión, ocho la de radio AM y dieciocho la de FM. Esto significa que la Contraloría tiene hasta finales de octubre para revisar todo este papeleo y decidir si deja seguir la subasta o la manda a dormir. ¡Y ahí es donde empieza la verdadera chinchorro!
Para darle más sabor a la cosa, las frecuencias que están en juego cubren casi todo el espectro radioeléctrico. Desde 525 kHz para radio AM hasta 108 MHz para FM y desde 174 MHz hasta 608 MHz para televisión. ¡Un terreno jugoso! La SUTEL ya había puesto precios base, algunos bastante elevados, especialmente para la cobertura nacional. Hablamos de varios millones de dólares para algunas frecuencias de televisión.
El método de adjudicación, por cierto, es un poco complicado: primero se reciben las ofertas en sobres cerrados y luego hay una subasta abierta para ver quién ofrece más. Suena justo, pero siempre hay quienes creen que pueden meter mano, ¿verdad? Algunos analistas sugieren que estos recursos podrían ser parte de una estrategia para inflar los precios y beneficiar a ciertos grupos económicos. ¡Pero eso es solo especulación, mae!
Lo interesante es que esto refleja una tensión entre el deseo del gobierno de aumentar los ingresos fiscales y la necesidad de asegurar una competencia justa en el sector de las telecomunicaciones. ¿Será posible encontrar un punto medio? ¿Podrá el gobierno convencer a la Contraloría de que su plan es legal y beneficioso para el país? Esta vara pinta complicada, vamos a tener que estar ojo avizor.
Y hablando de dinero, me pregunto qué pasará con las empresas que ya estaban preparando sus ofertas. Algunas invertieron tiempo y recursos considerables en analizar las frecuencias y preparar sus propuestas. Si la subasta se congela, ¿tendrán derecho a algún tipo de compensación? ¿Será que todo este proceso termine generando demandas judiciales que costarán aún más al erario?
En fin, parece que esta historia todavía tiene mucho que decir. El caso de las frecuencias está demostrando que, en Costa Rica, hasta el negocio más simple puede convertirse en un verdadero laberinto burocrático. Ahora me pregunto, ¿creen ustedes que el gobierno debería insistir con la subasta a pesar de todos estos obstáculos legales, o sería mejor replantear toda la estrategia para evitar más problemas? ¡Déjenme sus opiniones en los comentarios!
