¡Aguanten bien esto, parce! Resulta que un mae llamado García, representando a unos privados de libertad y sus familias, quiso meterle un quite al TSE pidiendo que les dieran tele y radio pa' poder seguir los debates entre los candidatos. ¡Un brete el que intentó armar!
La movida era así: García argumentaba que estando encerrados, esos señores no tienen acceso a la información básica de lo que pasa en el país. Decía que eso violaba sus derechos políticos y que necesitaba ver los debates para estar al tanto de qué dicen los aspirantes a la Presidencia. Un punto medio, si me preguntan.
El recurso de amparo llegó al TSE, buscando obligarlos a instalar antenas y poner televisores en los centros penitenciarios, especialmente en los módulos de alta contención. Imagínate, la repercusión mediática que habría tenido si hubieran dado luz verde a la idea. ¡Se hubiera hablado de esto hasta en la China!
Pero los magistrados del TSE, después de analizarlo concienzudamente, le dijeron a García “¡No puede ser!”. En la resolución número 6526-E1-2025, del 6 de octubre de 2025, lo tumbaron pal suelo, argumentando que el señor García no estaba debidamente facultado para representar a los privados de libertad. Dijeron que no había demostrado ser abogado, ni siquiera pro bono, de nadie que estuviera adentro.
Esto significa que la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, aparentemente, quedó bastante fregada con este revés legal. El TSE básicamente dijo que García se la jaló una torta al intentar presentar este recurso sin tener respaldo legal sólido. ¡Qué pena ajena!
Ahora, claro, hay quienes dirán que el TSE se pasó de conservador, que debería garantizar el derecho a la información incluso para aquellos que están cumpliendo condenas. Pero otros argumentarán que mantener el orden y la seguridad dentro de las cárceles es prioritario, y que permitir el acceso irrestricto a medios de comunicación podría generar problemas mayores. Una vara doble, como siempre.
Algunos analistas políticos sugieren que este caso refleja un debate más amplio sobre la inclusión y los derechos de los grupos vulnerables en Costa Rica. Se plantea la cuestión de hasta dónde llega el Estado para asegurar la igualdad de oportunidades, incluso para aquellos que han cometido delitos. Sin duda, un tema espinoso que nos obliga a reflexionar sobre nuestra sociedad.
Entonces, díganme, compañeros del Foro: ¿creen ustedes que los privados de libertad deberían tener el mismo acceso a la información que el resto de los ciudadanos, o creen que existen razones válidas para restringir ese derecho? ¿Y cuál sería la forma más justa y segura de garantizar que puedan formarse una opinión informada sobre los temas nacionales?
La movida era así: García argumentaba que estando encerrados, esos señores no tienen acceso a la información básica de lo que pasa en el país. Decía que eso violaba sus derechos políticos y que necesitaba ver los debates para estar al tanto de qué dicen los aspirantes a la Presidencia. Un punto medio, si me preguntan.
El recurso de amparo llegó al TSE, buscando obligarlos a instalar antenas y poner televisores en los centros penitenciarios, especialmente en los módulos de alta contención. Imagínate, la repercusión mediática que habría tenido si hubieran dado luz verde a la idea. ¡Se hubiera hablado de esto hasta en la China!
Pero los magistrados del TSE, después de analizarlo concienzudamente, le dijeron a García “¡No puede ser!”. En la resolución número 6526-E1-2025, del 6 de octubre de 2025, lo tumbaron pal suelo, argumentando que el señor García no estaba debidamente facultado para representar a los privados de libertad. Dijeron que no había demostrado ser abogado, ni siquiera pro bono, de nadie que estuviera adentro.
Esto significa que la Asociación Ayudando a los Privados de Libertad y sus Familias, aparentemente, quedó bastante fregada con este revés legal. El TSE básicamente dijo que García se la jaló una torta al intentar presentar este recurso sin tener respaldo legal sólido. ¡Qué pena ajena!
Ahora, claro, hay quienes dirán que el TSE se pasó de conservador, que debería garantizar el derecho a la información incluso para aquellos que están cumpliendo condenas. Pero otros argumentarán que mantener el orden y la seguridad dentro de las cárceles es prioritario, y que permitir el acceso irrestricto a medios de comunicación podría generar problemas mayores. Una vara doble, como siempre.
Algunos analistas políticos sugieren que este caso refleja un debate más amplio sobre la inclusión y los derechos de los grupos vulnerables en Costa Rica. Se plantea la cuestión de hasta dónde llega el Estado para asegurar la igualdad de oportunidades, incluso para aquellos que han cometido delitos. Sin duda, un tema espinoso que nos obliga a reflexionar sobre nuestra sociedad.
Entonces, díganme, compañeros del Foro: ¿creen ustedes que los privados de libertad deberían tener el mismo acceso a la información que el resto de los ciudadanos, o creen que existen razones válidas para restringir ese derecho? ¿Y cuál sería la forma más justa y segura de garantizar que puedan formarse una opinión informada sobre los temas nacionales?
