¡Ay, Dios mío! Parece que estamos viviendo en otra película, pero no, esto pasa aquí mismo, en nuestro querido Costa Rica. Una jueza, una exvicepresidenta y una investigadora feminista pusieron encima de la mesa temas que llevamos años tragándonos como si fueran puré de tomate: la manera en que el sistema judicial nos trata a nosotras, las mujeres, cuando se trata del crimen organizado. No es que estemos diciendo que no hay delito, claro que sí, pero la onda es que parece que nadie quiere ver más allá del narcotráfico y los billetes fajados.
En un conversatorio que dio para pensar, Rosaura Chinchilla, la jueza, sacó a relucir que seguimos viendo la delincuencia organizada solo a través del lente del tráfico de drogas o del lavado de dinero. ¡Qué despiche! Porque eso reduce a muchas mujeres a simples imputadas, cuando en realidad estamos metidas hasta el cuello en estas situaciones, ya sea como víctimas directas, colaterales, o incluso usadas como peones en estos juegos peligrosos. Y encima, faltan datos, muchísimos datos, para entender toda esta maraña.
Silvia Meza, la investigadora feminista, puso el dedo en la llaga: “La ausencia de datos borra a las mujeres de la discusión pública y jurídica. La violencia estructural y simbólica sigue fuera del radar institucional”. ¡Qué carga! Ni les cuento, porque así es difícil hacer cambios reales y proteger a quienes realmente necesitan ayuda. Necesitamos números, necesitamos estudios, necesitamos saber qué está pasando para poder actuar a tiempo.
Y ahí entra otro punto clave que tocó Chinchilla: el territorio. En Costa Rica somos muy diversos, ¿eh? Tenemos desde Limón hasta Puntarenas, pasando por San José y zonas rurales super alejadas. Pero el sistema de justicia parece tratar a todas las mujeres por igual, ¡como si vivieran en el mismo barrio! Olvidándose de que la realidad de una mujer en Limón es totalmente diferente a la de una en Bagaces. Esto, mis queridos lectores, es una forma de discriminación disfrazada de igualdad.
Ana Helena Chacón, la exvicepresidenta, sumó que en muchas zonas costeras y periferias urbanas, donde el Estado ha dado media vuelta, es donde las estructuras criminales o los grupos religiosos neopentecostales han encontrado terreno fértil. Ofrecen ayuda social básica, cosas que el gobierno debería estar haciendo, y así van ganando la confianza de la gente. Es un círculo vicioso que hay que romper rápido, porque la cosa pinta fea.
No podemos olvidarnos de la violencia que también vive nuestro país. Balas perdidas que le dan a niños y niñas, femicidios que a veces no logramos tipificar correctamente, y mujeres que mueren como daño colateral o como un mensaje entre bandas. ¡Qué torta! Todo esto demuestra que tenemos un problema serio y que necesitamos soluciones urgentes y efectivas.
Además, la jueza Chinchilla mencionó que el crimen organizado no se limita a lo que vemos en los titulares. Hay corrupción, despojo de tierras, delitos electorales, explotación de comunidades indígenas… ¡Una lista larga y preocupante! Y lo peor es que muchos de estos delitos ni siquiera entran en la categoría de “crimen organizado” según nuestro sistema legal. ¡Menospreciar esos crímenes significa seguir dando vía libre a la impunidad!
Bueno, compañeros, llegamos al final de este relato amargo pero necesario. ¿Creen que el sistema judicial costarricense está preparado para enfrentar la complejidad del crimen organizado y proteger a las mujeres que resultan afectadas? ¿Será que es hora de cambiar radicalmente nuestra forma de abordar este problema o seguiremos pataleando como un gato callejero?
En un conversatorio que dio para pensar, Rosaura Chinchilla, la jueza, sacó a relucir que seguimos viendo la delincuencia organizada solo a través del lente del tráfico de drogas o del lavado de dinero. ¡Qué despiche! Porque eso reduce a muchas mujeres a simples imputadas, cuando en realidad estamos metidas hasta el cuello en estas situaciones, ya sea como víctimas directas, colaterales, o incluso usadas como peones en estos juegos peligrosos. Y encima, faltan datos, muchísimos datos, para entender toda esta maraña.
Silvia Meza, la investigadora feminista, puso el dedo en la llaga: “La ausencia de datos borra a las mujeres de la discusión pública y jurídica. La violencia estructural y simbólica sigue fuera del radar institucional”. ¡Qué carga! Ni les cuento, porque así es difícil hacer cambios reales y proteger a quienes realmente necesitan ayuda. Necesitamos números, necesitamos estudios, necesitamos saber qué está pasando para poder actuar a tiempo.
Y ahí entra otro punto clave que tocó Chinchilla: el territorio. En Costa Rica somos muy diversos, ¿eh? Tenemos desde Limón hasta Puntarenas, pasando por San José y zonas rurales super alejadas. Pero el sistema de justicia parece tratar a todas las mujeres por igual, ¡como si vivieran en el mismo barrio! Olvidándose de que la realidad de una mujer en Limón es totalmente diferente a la de una en Bagaces. Esto, mis queridos lectores, es una forma de discriminación disfrazada de igualdad.
Ana Helena Chacón, la exvicepresidenta, sumó que en muchas zonas costeras y periferias urbanas, donde el Estado ha dado media vuelta, es donde las estructuras criminales o los grupos religiosos neopentecostales han encontrado terreno fértil. Ofrecen ayuda social básica, cosas que el gobierno debería estar haciendo, y así van ganando la confianza de la gente. Es un círculo vicioso que hay que romper rápido, porque la cosa pinta fea.
No podemos olvidarnos de la violencia que también vive nuestro país. Balas perdidas que le dan a niños y niñas, femicidios que a veces no logramos tipificar correctamente, y mujeres que mueren como daño colateral o como un mensaje entre bandas. ¡Qué torta! Todo esto demuestra que tenemos un problema serio y que necesitamos soluciones urgentes y efectivas.
Además, la jueza Chinchilla mencionó que el crimen organizado no se limita a lo que vemos en los titulares. Hay corrupción, despojo de tierras, delitos electorales, explotación de comunidades indígenas… ¡Una lista larga y preocupante! Y lo peor es que muchos de estos delitos ni siquiera entran en la categoría de “crimen organizado” según nuestro sistema legal. ¡Menospreciar esos crímenes significa seguir dando vía libre a la impunidad!
Bueno, compañeros, llegamos al final de este relato amargo pero necesario. ¿Creen que el sistema judicial costarricense está preparado para enfrentar la complejidad del crimen organizado y proteger a las mujeres que resultan afectadas? ¿Será que es hora de cambiar radicalmente nuestra forma de abordar este problema o seguiremos pataleando como un gato callejero?
