¡Ay, Dios mío! Esto sí que es movida. El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ha estado recorriendo casas en Batán de Matina, Limón, desde temprano buscando a un muchacho, un menor, que presuntamente le pegó unos balazos a un agente de la Fuerza Pública la semana pasada. Tres allanamientos en total, ¡qué brete!
Según fuentes cercanas al caso, todo empezó el viernes pasado, pasaditas las dos y media de la tarde. El oficial Hugo César Umaña Salazar, que andaba haciendo sus labores como notificador, se topó con estos tipos que iban en moto. De repente, uno de ellos, sin previo aviso, saca un arma de nueve milímetros y le empieza a disparar. Le dieron en el costado y en la pierna, imagínate el susto. Por suerte, los compañeros reaccionaron rápido y lo mandaron pa’l hospital.
La Cruz Roja actuó a tiempo y, aparentemente, el señor está fuera de peligro ahora. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la noticia, tranquilizando un poco a la gente. Pero claro, la pregunta que queda flotando es: ¿cómo llegamos a esto? Un menor armándose así, ¿qué está pasando realmente en nuestras comunidades? No es ningún secreto que Matina ha tenido sus problemas de seguridad y violencia últimamente, pero esto… esto sí que te deja pensando.
El OIJ anda peinando B-Line y Barrio Imas, revisando cada rincón buscando pruebas que les ayuden a esclarecer el caso. Están recogiendo huellas, analizando videos de seguridad... toda la onda para ver si pueden ponerle cara a este muchacho. Dicen que han encontrado algunos objetos interesantes, aunque aún no dan muchos detalles para no entorpecer la investigación, diay.
Ahora bien, aquí viene el meollo del asunto. Tenemos un menor involucrado en un delito grave, con consecuencias potencialmente fatales. Algunos dirán que hay que meterlo a la cárcel, que pague por lo que hizo. Pero otros, y yo estoy dentro de esos, piensan que quizás este muchacho necesita ayuda, orientación, un espacio donde pueda entender lo que pasó y cómo cambiar. ¿Será posible rehabilitarlo, darle otra oportunidad?
La Ley Penal Juvenil es bastante permisiva, como saben. Busca proteger a estos jóvenes y darles la posibilidad de resarcirse. Pero, ¿hasta dónde llega esa protección? ¿Cómo equilibramos la necesidad de proteger a la sociedad con el derecho a la rehabilitación del menor? Esta vara está complicada, créeme. La opinión pública está dividida, claro está.
Muchos recuerdan el caso de aquel otro joven que cometió un acto similar hace unos años. Al final, recibió asesoría psicológica y talleres de reinserción social. Supuestamente, salió adelante y hoy lleva una vida normal. Pero otros casos no tienen ese final feliz. Uno piensa en la víctima, en el oficial que casi pierde la vida, y se da cuenta de que la justicia debe ser implacable.
En fin, qué vaya con Dios la investigación y que se haga justicia. Pero, honestamente, me pregunto: ¿Deberíamos enfocarnos más en la prevención del delito juvenil en zonas vulnerables como Matina, invirtiendo en programas sociales y educativos, o aplicar sanciones más severas a los menores infractores para disuadir a otros de cometer actos similares?
Según fuentes cercanas al caso, todo empezó el viernes pasado, pasaditas las dos y media de la tarde. El oficial Hugo César Umaña Salazar, que andaba haciendo sus labores como notificador, se topó con estos tipos que iban en moto. De repente, uno de ellos, sin previo aviso, saca un arma de nueve milímetros y le empieza a disparar. Le dieron en el costado y en la pierna, imagínate el susto. Por suerte, los compañeros reaccionaron rápido y lo mandaron pa’l hospital.
La Cruz Roja actuó a tiempo y, aparentemente, el señor está fuera de peligro ahora. El Ministerio de Seguridad Pública confirmó la noticia, tranquilizando un poco a la gente. Pero claro, la pregunta que queda flotando es: ¿cómo llegamos a esto? Un menor armándose así, ¿qué está pasando realmente en nuestras comunidades? No es ningún secreto que Matina ha tenido sus problemas de seguridad y violencia últimamente, pero esto… esto sí que te deja pensando.
El OIJ anda peinando B-Line y Barrio Imas, revisando cada rincón buscando pruebas que les ayuden a esclarecer el caso. Están recogiendo huellas, analizando videos de seguridad... toda la onda para ver si pueden ponerle cara a este muchacho. Dicen que han encontrado algunos objetos interesantes, aunque aún no dan muchos detalles para no entorpecer la investigación, diay.
Ahora bien, aquí viene el meollo del asunto. Tenemos un menor involucrado en un delito grave, con consecuencias potencialmente fatales. Algunos dirán que hay que meterlo a la cárcel, que pague por lo que hizo. Pero otros, y yo estoy dentro de esos, piensan que quizás este muchacho necesita ayuda, orientación, un espacio donde pueda entender lo que pasó y cómo cambiar. ¿Será posible rehabilitarlo, darle otra oportunidad?
La Ley Penal Juvenil es bastante permisiva, como saben. Busca proteger a estos jóvenes y darles la posibilidad de resarcirse. Pero, ¿hasta dónde llega esa protección? ¿Cómo equilibramos la necesidad de proteger a la sociedad con el derecho a la rehabilitación del menor? Esta vara está complicada, créeme. La opinión pública está dividida, claro está.
Muchos recuerdan el caso de aquel otro joven que cometió un acto similar hace unos años. Al final, recibió asesoría psicológica y talleres de reinserción social. Supuestamente, salió adelante y hoy lleva una vida normal. Pero otros casos no tienen ese final feliz. Uno piensa en la víctima, en el oficial que casi pierde la vida, y se da cuenta de que la justicia debe ser implacable.
En fin, qué vaya con Dios la investigación y que se haga justicia. Pero, honestamente, me pregunto: ¿Deberíamos enfocarnos más en la prevención del delito juvenil en zonas vulnerables como Matina, invirtiendo en programas sociales y educativos, o aplicar sanciones más severas a los menores infractores para disuadir a otros de cometer actos similares?
