¡Ay, Dios mío! Aquí nos vamos metiendo en un brete serio, máis encima con temas de seguridad aérea. Resulta que la polémica alrededor de la auditoría de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI) a nuestro país no se acaba, sino que se pone aún más picante. Un documento interno, firmadito por el mismísimo director general de Aviación Civil, Marcos Castillo, salió a la luz, y parece que Castillo, bueno, digamos que quizás no contó toda la verdad a los diputados.
Como recordarán, hace unas semanas, varios medios reportamos que Costa Rica había sacado una nota bastante floja, alrededor de 61,58 puntos, producto de evaluaciones en siete áreas clave – Departamento Legal, Organización, Licencias, Operaciones, Aeronavegabilidad, Servicio de Navegación Aérea y Supervisión de Aeródromos. Castillo, para defenderse, calificó la información como “errónea, falsa, no válida ni oficial”, diciendo que todo era obra de gente con malas intenciones tratando de perjudicar la imagen del país. ¡Qué peladez!
Pero ahora viene lo jugoso. Justo un día después de sus declaraciones ante la prensa, Castillo mandó un correo al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) reconociendo que el Auditor Líder le había informado resultados preliminares de 63,59. La diferencia, claro, es que este cálculo incluye un octavo rubro. Lo que pasa es que en el resto de las categorías, los números son los mismos que los que se publicaron inicialmente. ¿Se dan cuenta la bronca?
Lo más preocupante es que Castillo no mencionó esto durante su presentación a los diputados, quienes, incluídos la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Carolina Delgado, le preguntaron directamente sobre la veracidad de la información. Él insistió en que la prensa estaba equivocada, señalándola incluso de forma malintencionada. ¡Tremenda audacia!, pareciera que preferían que se tragáramos la pastilla entera.
Y ahí radica el problema: la falta de transparencia. Según el documento que tenemos, la OACI ya no va a aceptar más evidencia sobre cómo estamos administrando el espacio aéreo. Además, aunque afirman que no hay una “Preocupación Significativa de Seguridad” (PSC), las calificaciones preliminares indican que todavía hay mucho por mejorar. Esto no es un juego de niños, aquí hablamos de la seguridad de miles de pasajeros y de la reputación internacional de Costa Rica.
El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraín Zeledón, tampoco ayudó mucho, limitándose a decir en un comunicado que la auditoría “aún está en proceso”. ¡Qué respuesta más vaga!, se esperaba un poco más de claridad y compromiso con la verdad. Parece que todos prefieren quedarse calladitos esperando que la tempestad pase, mientras tanto, el daño está hecho y la confianza del público se erosiona.
El Observador intentó contactar a Castillo para darle la oportunidad de aclarar las inconsistencias, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Esto alimenta aún más la sospecha de que hay algo que estar escondiendo. Imaginen, te metes en este lío y luego te haces el loco… ¡Qué despiche!, así no funciona, don Marcos.
Así que, con todo esto, me pregunto: ¿Cómo creen que debería reaccionar el gobierno ante esta situación? ¿Deberían pedir una investigación interna exhaustiva y rendir cuentas públicamente, o simplemente esperar a que termine la auditoría de la OACI y rezar para que todo salga bien? ¡Díganme qué piensan, porque esto pinta para un buen debate!
Como recordarán, hace unas semanas, varios medios reportamos que Costa Rica había sacado una nota bastante floja, alrededor de 61,58 puntos, producto de evaluaciones en siete áreas clave – Departamento Legal, Organización, Licencias, Operaciones, Aeronavegabilidad, Servicio de Navegación Aérea y Supervisión de Aeródromos. Castillo, para defenderse, calificó la información como “errónea, falsa, no válida ni oficial”, diciendo que todo era obra de gente con malas intenciones tratando de perjudicar la imagen del país. ¡Qué peladez!
Pero ahora viene lo jugoso. Justo un día después de sus declaraciones ante la prensa, Castillo mandó un correo al Consejo Técnico de Aviación Civil (CETAC) reconociendo que el Auditor Líder le había informado resultados preliminares de 63,59. La diferencia, claro, es que este cálculo incluye un octavo rubro. Lo que pasa es que en el resto de las categorías, los números son los mismos que los que se publicaron inicialmente. ¿Se dan cuenta la bronca?
Lo más preocupante es que Castillo no mencionó esto durante su presentación a los diputados, quienes, incluídos la presidenta de la Comisión de Infraestructura, Carolina Delgado, le preguntaron directamente sobre la veracidad de la información. Él insistió en que la prensa estaba equivocada, señalándola incluso de forma malintencionada. ¡Tremenda audacia!, pareciera que preferían que se tragáramos la pastilla entera.
Y ahí radica el problema: la falta de transparencia. Según el documento que tenemos, la OACI ya no va a aceptar más evidencia sobre cómo estamos administrando el espacio aéreo. Además, aunque afirman que no hay una “Preocupación Significativa de Seguridad” (PSC), las calificaciones preliminares indican que todavía hay mucho por mejorar. Esto no es un juego de niños, aquí hablamos de la seguridad de miles de pasajeros y de la reputación internacional de Costa Rica.
El ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Efraín Zeledón, tampoco ayudó mucho, limitándose a decir en un comunicado que la auditoría “aún está en proceso”. ¡Qué respuesta más vaga!, se esperaba un poco más de claridad y compromiso con la verdad. Parece que todos prefieren quedarse calladitos esperando que la tempestad pase, mientras tanto, el daño está hecho y la confianza del público se erosiona.
El Observador intentó contactar a Castillo para darle la oportunidad de aclarar las inconsistencias, pero hasta el momento no hemos tenido respuesta. Esto alimenta aún más la sospecha de que hay algo que estar escondiendo. Imaginen, te metes en este lío y luego te haces el loco… ¡Qué despiche!, así no funciona, don Marcos.
Así que, con todo esto, me pregunto: ¿Cómo creen que debería reaccionar el gobierno ante esta situación? ¿Deberían pedir una investigación interna exhaustiva y rendir cuentas públicamente, o simplemente esperar a que termine la auditoría de la OACI y rezar para que todo salga bien? ¡Díganme qué piensan, porque esto pinta para un buen debate!
