¡Pero mija, qué vaina! Resulta que el Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda le dijo al Instituto Nacional de Seguros (INS) que le toque hacer lo que le mandó la Superintendencia General de Seguros (Sugese). Estamos hablando de unos ¢21.479 millones que el INS había metido en un ajuste contable, ¡pero parece que lo hicieron mal!
Todo este brete empezó hace buen rato, allá por mayo. La Sugese les dijo al INS que ese ajuste no estaba registrado bien en los papeles del 2024, aunque sí lo pusieron en los documentos finales que le pasaron en febrero del año siguiente. Y ahí empezaron los problemas, porque el INS no quería ceder y trató de meterle mano con unas medidas cautelares, buscando echarse atrás de lo que la Sugese les pidió.
La jugada era que el ajuste tenía que ver con una bajada en cómo calculaban los riesgos del trabajo. Esto pasó porque la junta directiva del INS cambió algunas cositas en los beneficios que daba, pero la Sugese determinó que esa aprobación tardó demasiado. Según ellos, la junta aprobó esos cambios apenas en enero del 2025, entonces el ajuste tenía que haberse hecho ese mismo año, no echándole cuenta al cierre del 2024. ¡Imagínate el lío!
El INS intentó evitar esto presentando una especie de ‘parchazo’ ante el Tribunal, esperando que les dieran la razón para no tener que revertir el asiento contable. Pero no funcionó. El Tribunal les cayó con todo, diciéndoles que si permitieran que el INS se esquive de esta manera, estaría debilitándose la labor de supervisión de la Sugese. ¡Claro que tenían razón! Imagínate si cualquiera pudiera ignorar las reglas…
Tomás Soley, el súper de seguros, no se anduvo con rodeos: enfatizó que las cuentas de las compañías de seguros tienen que mostrar la realidad de lo que pasa en el negocio, para que todos – inversionistas, clientes, jefes – puedan tomar decisiones sabias. Dijo que esta resolución es ejemplo de cómo aplican las reglas de supervisión al pie de la letra. ¡Bien ahí, don Tomás!
Ahora, el INS tiene que ponerse las pilas y rehacer todo. Tienen 10 días hábiles para volver a poner las cosas como estaban originalmente, es decir, quitar ese ajuste de ¢21.479 millones y registrarlo correctamente para el 2025. Además, deberán actualizar todos los informes financieros afectados y avisarle al público en un plazo de cinco días hábiles. ¡Un compromiso importante!
Esta movida busca asegurar que el mercado asegurador funcione bien y que los ticos estén protegidos, ya que es fundamental que la información financiera sea clara y verdadera. Es importante recordar que el INS es una institución clave para la economía nacional, por eso hay que cuidarla y exigirles transparencia total en sus operaciones. Que no se les vaya ni una, porque ahí tenemos a miles de familias dependiendo de sus servicios.
Con todo este panorama, me pregunto... ¿No deberíamos estar revisando más a fondo cómo manejan las cuentas en estas instituciones públicas? ¿Creen que necesitamos más controles y auditorías independientes para evitar estas situaciones y garantizar que nuestros impuestos se usen de manera responsable?
Todo este brete empezó hace buen rato, allá por mayo. La Sugese les dijo al INS que ese ajuste no estaba registrado bien en los papeles del 2024, aunque sí lo pusieron en los documentos finales que le pasaron en febrero del año siguiente. Y ahí empezaron los problemas, porque el INS no quería ceder y trató de meterle mano con unas medidas cautelares, buscando echarse atrás de lo que la Sugese les pidió.
La jugada era que el ajuste tenía que ver con una bajada en cómo calculaban los riesgos del trabajo. Esto pasó porque la junta directiva del INS cambió algunas cositas en los beneficios que daba, pero la Sugese determinó que esa aprobación tardó demasiado. Según ellos, la junta aprobó esos cambios apenas en enero del 2025, entonces el ajuste tenía que haberse hecho ese mismo año, no echándole cuenta al cierre del 2024. ¡Imagínate el lío!
El INS intentó evitar esto presentando una especie de ‘parchazo’ ante el Tribunal, esperando que les dieran la razón para no tener que revertir el asiento contable. Pero no funcionó. El Tribunal les cayó con todo, diciéndoles que si permitieran que el INS se esquive de esta manera, estaría debilitándose la labor de supervisión de la Sugese. ¡Claro que tenían razón! Imagínate si cualquiera pudiera ignorar las reglas…
Tomás Soley, el súper de seguros, no se anduvo con rodeos: enfatizó que las cuentas de las compañías de seguros tienen que mostrar la realidad de lo que pasa en el negocio, para que todos – inversionistas, clientes, jefes – puedan tomar decisiones sabias. Dijo que esta resolución es ejemplo de cómo aplican las reglas de supervisión al pie de la letra. ¡Bien ahí, don Tomás!
Ahora, el INS tiene que ponerse las pilas y rehacer todo. Tienen 10 días hábiles para volver a poner las cosas como estaban originalmente, es decir, quitar ese ajuste de ¢21.479 millones y registrarlo correctamente para el 2025. Además, deberán actualizar todos los informes financieros afectados y avisarle al público en un plazo de cinco días hábiles. ¡Un compromiso importante!
Esta movida busca asegurar que el mercado asegurador funcione bien y que los ticos estén protegidos, ya que es fundamental que la información financiera sea clara y verdadera. Es importante recordar que el INS es una institución clave para la economía nacional, por eso hay que cuidarla y exigirles transparencia total en sus operaciones. Que no se les vaya ni una, porque ahí tenemos a miles de familias dependiendo de sus servicios.
Con todo este panorama, me pregunto... ¿No deberíamos estar revisando más a fondo cómo manejan las cuentas en estas instituciones públicas? ¿Creen que necesitamos más controles y auditorías independientes para evitar estas situaciones y garantizar que nuestros impuestos se usen de manera responsable?
