¡Ay, Dios mío! Quién lo diría, el Banco de Costa Rica (BCR) otra vez metido en un brete. Pasadas las 10 de la mañana, la Fiscalía Anticorrupción soltó la bomba: operativos sorpresa en 16 puntos relacionados con la Sociedad Administradora de Fondos de Inversión (SAFI) del BCR. Un lío que ya lleva tiempo cocinándose, pero parece que ahora le dieron candela.
Todo esto viene de un expediente llamado “BCR-SAFI” (21-000209-1218-PE), donde están bajo la lupa las decisiones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión y demás figuras clave de la SAFI. Al parecer, nueve proyectos comprados tienen ojitos abiertos, porque se sospecha que hubo cositas turbias. Y ojo, no hablamos de juguetitos, sino de posibles delitos graves contemplados en la ley contra la corrupción.
Las acusaciones más fuertes giran alrededor de sobreprecios irregulares. Imagínate, pagar más o menos de lo que realmente vale algo… ¡qué torta! La ley establece penas de entre tres y diez años de cárcel para quienes se lucran así. Pero hay más: también investigan si alguien con poder influyó para favorecer ciertos resultados, perjudicando las arcas públicas. Eso sí trae consecuencias, con condenas que van de dos a ocho años.
Para hacerle ruido al asunto, Sugeval, la institución que regula los mercados financieros, también anda involucrada. Parece que ellos también están tramitando procesos disciplinarios y regulatorios contra los implicados. Dicen que han estado colaborando con la Fiscalía, aportando información sobre la compra de propiedades por parte de la SAFI. Todos dando vueltas como pececillos en un estanque revuelto.
Y claro, el BCR tuvo que salir a defenderse. Lanzaron un comunicado diciendo que todo esto es un “secuestro de información” y que la Junta Directiva ya había denunciado irregularidades en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en agosto del año pasado. Aseguran que están “a la orden de las autoridades”, facilitando toda la información que pidan. Pero, ay, huele raro... demasiado conveniente, ¿no creen?
Lo del Parque Empresarial del Pacífico, precisamente, fue uno de los detonantes de todo este escándalo. Una inversión millonaria que hasta ahora no ha dado frutos. De hecho, muchos recuerdan que la compra generó controversia desde el principio, con dudas sobre si era realmente rentable para el BCR. Ahora, con estos allanamientos, parece que la polémica se intensificará aún más. Se rumorea que incluso algunas denuncias anónimas desde 2021 fueron el primer aviso de que algo andaba mal.
Entre los lugares allanados estuvieron las oficinas centrales de BCR-SAFI y el departamento de Auditoría. La Fiscalía busca documentos y archivos electrónicos que puedan aportar pruebas a la investigación. Hablan de contratos, permisos de construcción, inversiones hechas dentro y fuera del país... en fin, todo lo que pueda esclarecer qué pasó realmente con la gestión de la SAFI. Es un trabajo duro, pero esperemos que lleguen al fondo del problema.
Con tantas revelaciones y contradicciones en juego, no podemos evitar preguntarnos: ¿Será que finalmente veremos a los responsables de estas supuestas irregularidades enfrentar la justicia? ¿O este caso terminará como tantos otros, archivado sin respuestas claras? ¿Ustedes qué piensan, compas? ¿Confían en que esta investigación llegará a buen término o estamos frente a otro fiasco?
Todo esto viene de un expediente llamado “BCR-SAFI” (21-000209-1218-PE), donde están bajo la lupa las decisiones de la Junta Directiva, el Comité de Inversión y demás figuras clave de la SAFI. Al parecer, nueve proyectos comprados tienen ojitos abiertos, porque se sospecha que hubo cositas turbias. Y ojo, no hablamos de juguetitos, sino de posibles delitos graves contemplados en la ley contra la corrupción.
Las acusaciones más fuertes giran alrededor de sobreprecios irregulares. Imagínate, pagar más o menos de lo que realmente vale algo… ¡qué torta! La ley establece penas de entre tres y diez años de cárcel para quienes se lucran así. Pero hay más: también investigan si alguien con poder influyó para favorecer ciertos resultados, perjudicando las arcas públicas. Eso sí trae consecuencias, con condenas que van de dos a ocho años.
Para hacerle ruido al asunto, Sugeval, la institución que regula los mercados financieros, también anda involucrada. Parece que ellos también están tramitando procesos disciplinarios y regulatorios contra los implicados. Dicen que han estado colaborando con la Fiscalía, aportando información sobre la compra de propiedades por parte de la SAFI. Todos dando vueltas como pececillos en un estanque revuelto.
Y claro, el BCR tuvo que salir a defenderse. Lanzaron un comunicado diciendo que todo esto es un “secuestro de información” y que la Junta Directiva ya había denunciado irregularidades en la compra del Parque Empresarial del Pacífico (PEP) en agosto del año pasado. Aseguran que están “a la orden de las autoridades”, facilitando toda la información que pidan. Pero, ay, huele raro... demasiado conveniente, ¿no creen?
Lo del Parque Empresarial del Pacífico, precisamente, fue uno de los detonantes de todo este escándalo. Una inversión millonaria que hasta ahora no ha dado frutos. De hecho, muchos recuerdan que la compra generó controversia desde el principio, con dudas sobre si era realmente rentable para el BCR. Ahora, con estos allanamientos, parece que la polémica se intensificará aún más. Se rumorea que incluso algunas denuncias anónimas desde 2021 fueron el primer aviso de que algo andaba mal.
Entre los lugares allanados estuvieron las oficinas centrales de BCR-SAFI y el departamento de Auditoría. La Fiscalía busca documentos y archivos electrónicos que puedan aportar pruebas a la investigación. Hablan de contratos, permisos de construcción, inversiones hechas dentro y fuera del país... en fin, todo lo que pueda esclarecer qué pasó realmente con la gestión de la SAFI. Es un trabajo duro, pero esperemos que lleguen al fondo del problema.
Con tantas revelaciones y contradicciones en juego, no podemos evitar preguntarnos: ¿Será que finalmente veremos a los responsables de estas supuestas irregularidades enfrentar la justicia? ¿O este caso terminará como tantos otros, archivado sin respuestas claras? ¿Ustedes qué piensan, compas? ¿Confían en que esta investigación llegará a buen término o estamos frente a otro fiasco?
